Una red integrada por abogados y funcionarios públicos sería la responsable de una sistemática estafa en la venta de algunos predios en Bogotá, denunció una de las presuntas víctimas que adquirió un lote en Fontibón sujeto a un proceso de restitución que no aparecía reseñado en la Oficina de Registro.
Mauricio Andrés Delgado Ramírez, oficial (r) de la fuerza publica, asegura haber sido víctima de estafa, luego de haber adquirido un terreno ubicado en la Calle 30B No. 94A-43, que era objeto de un proceso judicial que, sin embargo no era verificable para quien estuviera interesado en la compra, toda vez que los instrumentos públicos empleados para ello no contenían esa información.
Y es que para el oficial (r), aparentemente, el haberse hecho a un certificado de tradición y libertad del inmueble, que a los ojos de la Ley garantiza que este se encuentra libre de deudas y al margen de procesos judiciales, terminó siendo una inocua diligencia, toda vez que la información allí consagrada nada advertía al respecto de la demanda que estaba en curso frente al lote.
Sin saber a qué intríngulis jurídico se estaba enfrentando, junto a su hermano, se decidió a comprar el predio que, según la Oficina de Registro, no estaba sujeto a ninguna de las citadas restricciones. Cuál sería su sorpresa, dice, cuando 11 meses después fue notificado de un fallo de restitución del inmueble que acababa de adquirir, en favor de un demandante al que ni siquiera conocía.
Así las cosas, recuerda, el Juzgado 54 Civil Municipal de Bogotá reconocía los derechos exigidos por Pablo Elías Acosta Hernández en contra de Afranio Riveros Ortiz, el supuestos poseedor del terreno que el oficial(r) ya ocupaba por la compra que de él dice haber hecho a Alfonso Gacharná, tal y como lo señala un certificado de tradición y libertad del mismo predio, fechado del pasado lunes, primero de agosto.
Aunque la restitución no pudo hacerse efectiva, luego de que el inspector policial a cargo de la diligencia comprobara que era el oficial (r) Delgado quien ejerciera la posesión del lote y no el demandado, el fallo sigue vigente y su cumplimiento no ha podido ser detenido, lo que ha llevado a la presunta víctima acudir a distintas instancias jurídicas, a fin de proteger sus intereses.
Una vez acudió a la Fiscalía para denunciar la estafa y fraude procesal del que dice haber sido víctima, afirma, comenzó a investigar y a advertir que el demandante está vinculado a varios procesos judiciales de la misma naturaleza, lo que para él demuestra que el suyo es apenas un caso dentro de una estafa sistemática que se viene cometiendo en contra de los bogotanos.
Aparentemente, afirma, es una banda denominada 'los tierreros', de la que hacen parte varios abogados y funcionarios públicos que se dedican a quedarse con el dinero de incautos que no logran percatarse de la actualidad jurídica de los predios, debido a que el instrumento ideado legalmente para verificar esa información no contiene estos datos. Delgado Ramírez indicó que también está a la espera de un fallo de tutela, debido al silencio del juez civil frente a su proceso, y señaló que también espera el resultado de investigaciones por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Por El Espectador
