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La desclasificación de los archivos de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para permitirle a las víctimas acceder a ellos, sigue siendo una prioridad para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Entre las medidas más importantes que ha tomado esta instancia judicial para lograrlo está la orden al Archivo General de la Nación de hacer un diagnóstico sobre esa caja de pandora de información de inteligencia que ha estado durante años en completo secreto.
El pasado 27 de diciembre, el Archivo le presentó a la JEP esa radiografía. En la entrega participaron los magistrados Alejandro Ramelli y Óscar Parra, el director del Archivo General, Francisco Flórez Bolívar, y el ministro de Cultura, Juan David Correa. Aunque no se conocen los detalles puntuales del diagnóstico, la jurisdicción especial emitió un comunicado con las claves del documento. Por ejemplo, el Archivo puntualizó que el fondo documental del DAS está localizado en dos depósitos: uno en el centro de Bogotá y otro en Funza (Cundinamarca).
A su vez, el Archivo le explicó a la JEP que “existen 57.544 unidades de conservación con documentación, las cuales equivalen a 14.364 metros lineales de documentación (11.343 metros en Funza y 3.021 metros en Bogotá), así como 47.829 medios magnéticos y digitales (44.610 en Bogotá y 3.219 en Funza, que incluyen servidores, discos, disquetes, casetes, computadores, cintas, entre otros)”, se lee en el comunicado. Con el diagnóstico en mano, el Archivo General le planteó a la JEP varias recomendaciones.
Entre ellas, la de crear un mecanismo de desclasificación de los archivos a partir de un proceso de organización documental que no genere dilaciones en el tiempo que puedan ir en contra de las expectativas y derechos de las víctimas que quieran acceder a esta información. Lo que el Archivo propuso es que ese proceso de organizar esas montañas de documentos debe ser ágil, pero metódica, para lo que recomendaron crear una estrategia para digitalizar la información y sea de acceso y navegación sencilla.
El magistrado Parra explicó que este diagnóstico “es un paso importante para permitir el acceso a estos archivos, lo cual es clave para luchar contra la impunidad en algunas graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado”. Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, “resaltó la importancia que tiene para la Jurisdicción el manejo idóneo de este archivo de acuerdo con los intereses de las víctimas del conflicto y de la memoria histórica del país”, se lee en el comunicado.
El pasado jueves 26 de diciembre, este diario contó que el presidente Gustavo Petro ha demostrado un interés particular en el desaparecido DAS, no solo por haber sido víctima de persecuciones de exagentes de inteligencia, sino también porque fue blanco de y escuchas ilegales. Este interés se refleja en nombramientos estratégicos en entidades que heredaron funciones del DAS y en su impulso para desclasificar los archivos de inteligencia.
El Archivo General enfrenta retos legales, técnicos y financieros para organizar y acceder documentos y medios tecnológicos bajo su custodia. Aunque el proceso avanza con diagnósticos iniciales, la falta de recursos y las complejidades técnicas dificultan la desclasificación. La apuesta del gobierno busca poner a las víctimas en el centro del debate, avanzar en los compromisos del Acuerdo de Paz y desmitificar los contenidos de los archivos del DAS, con miras a fortalecer la memoria histórica y prevenir la repetición de la violencia.
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