Este jueves en la Corte Constitucional se realizará un corte de cuentas al Estado colombiano sobre la manera cómo se ha atendido el fenómeno del desplazamiento forzado en el país. Se trata de un seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 que declaró un estado de cosas inconstitucionales en la materia y que, desde el 2009, dado la complejidad del caso, tiene una Sala de Seguimiento que vigila temas claves como ayuda humanitaria de emergencia, atención en salud, protección a comunidades afrodescendientes e indígenas, entre otros.
La audiencia la citó la Sala Plena al indicar que las emergencias por este fenómeno alcanzaron su punto más crítico entre los años 2000 y 2002, período en el que, cada año, en promedio se desplazaron más de 670.000 personas. “El promedio anual durante 2009 y 2014 se mantuvo en 480.000 víctimas de desplazamiento, cifras que presentaron un importante descenso durante 2015 y 2017, período en el cual el promedio de expulsión anual se sitúa en 154.000 personas”, señaló la Corte.
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El auto que convoca la diligencia, revelado por El Espectador en días pasados, señala que si bien el desplazamiento ya no tiene la misma magnitud que hace 14 años, los riesgos se han transformado en las regiones. Así, la Corte indica que entre el 2015 y el 2018 el desplazamiento forzado disminuyó, “pero los desplazamientos masivos registran un aumento constante”.
En este caso, desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, la Sala no ha tomado ninguna decisión de fondo, sino que se ha pedido información para que el gobierno de turno explique sobre cómo se articulará la implementación del Acuerdo con la política actual para atender el desplazamiento.
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La diligencia comenzará escuchando a representantes de la población desplazada de El Catatumbo, región que reporta 23 desplazamientos masivos entre enero y agosto de este año; de Medellín que registra cinco desplazamientos intraurbanos en 2017; otro por el Litoral del San Juan (Chocó) que ha sufrido restricciones a la movilidad y desplazamientos hacia Buenaventura; y uno más por Tumaco dado que la Corte en 2017 ordenó medidas urgentes para la protección de las comunidades afro e indígenas.
Además, se escucharán a las autoridades de esos municipios y a representantes de las comunidades afrodescendientes del pacífico nariñense y de los pueblos indígenas Awá y Eperara-Siapidaara. Luego, expondrán sus visiones la ministra del Interior, y voceros de la Procuraduría, de la Defensoría, de la Fiscalía, de la Unidad de Víctimas, de la Unidad de Restitución de Tierras, de la Mesa Nacional de Víctimas, entre otros.
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