“Después de tanto dolor, la jueza me absolvió”: exsecretaria de la JEP

Martha Lucía Zamora dice que se enfrentó a un mundo hostil, "a la soledad, la cancelación de mis vínculos académicos y hasta al castigo de una reconocida entidad financiera que canceló mis cuentas". / Jose Vargas

Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

Después de casi cuatro años de que la Fiscalía presidida -en 2018- por Néstor Humberto Martínez le imputara la comisión de varios delitos, usted acaba de ser absuelta por un juez. ¿Cuándo empezó su lío judicial y por cuáles hechos?

Todo comenzó el viernes 7 de septiembre de 2018, cuando asistía a un seminario en Paipa (Boyacá) en compañía de magistrados y otros funcionarios de la JEP para analizar los avances y retos de la Jurisdicción, a cinco meses de su inicio. Días antes, el magistrado Rodolfo Arango había enviado, a los correos de los participantes, dos casos hipotéticos para ser estudiados previamente y para presentar su análisis en la plenaria del seminario. Era un ejercicio de reflexión. El denominado “caso uno” trataba sobre un exmiembro de las Farc que -en desarrollo de ese ejercicio- habría sido condenado por delitos relacionados con el conflicto armado, se encontraría en libertad condicionada y se habría evadido del espacio territorial. Era similar a un examen de universidad para prepararlo y presentar las posibles soluciones durante el seminario. Para hablar sobre la resolución de este caso, repito, hipotético, hicimos varias reuniones antes del seminario con un grupo de trabajo. También nos cruzamos mensajes y llamadas. En una de estas me referí a la supuesta evasión de Iván Márquez, de alias el Paisa e, incluso, de Romaña. Vuelvo a aclarar que era parte de un ejercicio como los académicos que no correspondía a algo que estuviera pasando en realidad.

Pero “Márquez”, “el Paisa” y “Romaña” sí se escaparon y se declararon nuevamente en rebelión abandonando el Acuerdo de Paz...

Sí, pero en el momento del seminario solo había inquietudes en la opinión pública, no hechos acaecidos. Recuerdo que la primera aparición de Márquez y otros, como nuevo grupo armado, sucedió un año después, en 2019, cuando se divulgó un video de esas personas armadas: sobre la existencia de ese video, la Fiscalía ¡también me echó la culpa! Como parte de mis funciones en la Secretaría Ejecutiva de la JEP, el día anterior al viaje a Paipa, indagué, por teléfono, la lista de nombres y contactos de todos los comparecientes ante la Jurisdicción que habían suscrito el acta de compromiso. Fue en este contexto que le acabo de dar que se produjo mi conversación con la abogada July Milena Henríquez, en quien se había delegado la coordinación de varios trabajos. La Fiscalía convirtió mi charla con ella, que era de carácter estrictamente profesional, en base de la investigación en mi contra.

Y, ¿la Fiscalía por qué conocía el contenido de lo que ustedes hablaron?

Porque le había interceptado el celular a ella, advierto que de manera ilegal, pues el fiscal del caso ordenó esa interceptación sin la autorización de un juez de control de garantías, como lo exige la ley. El argumento para ordenar las escuchas era insólito: investigar la supuesta falsedad en la firma de unos formularios de permiso de salida del país de unos excombatientes. Imagínese usted: ¿para qué le iba a servir al investigador escuchar conversaciones cuando lo que pretendía determinar era si una firma era o no original? En fin, así se inició el calvario para mí y para los dos abogados que solo ahora, casi cuatro años después, concluye con absolución total declarada por la jueza, quien también declaró la ilegalidad de las presuntas pruebas que presentó la Fiscalía en mi contra, entre otras la interceptación de la conversación que acabo de narrarle.

Entonces, la persona interceptada por la Fiscalía era la abogada Henríquez, no usted.

Sí, así fue. Se había iniciado un proceso en contra de los dos abogados contratistas, debido a que mi antecesor en la Secretaría Ejecutiva, Néstor Raúl Correa, había manifestado que no había estado de acuerdo con la entrega de los permisos de salida de los excombatientes. Fue después cuando apareció mi nombre: el fiscal del caso, Majer Abushihab, funcionario de absoluta confianza del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y quien había ordenado la interceptación de los celulares de los abogados, supo de mi llamada a July en que hablábamos sobre el tema del seminario. Aquí vale la pena decir que la jueza encontró, además de ilícita la interceptación telefónica en que se escuchaba mi voz, que el contenido de esa conversación correspondía al ejercicio legal de mis funciones. En conclusión, por la errada decisión del fiscal Abushihab, fui acusada de cometer los delitos de asesoramiento y otras actuaciones ilegales, y el de perturbación de acto oficial. Además de que la jueza me absolvió, el propio fiscal, que ya era otro diferente al que me acusó, también solicitó mi absolución y el procurador delegado pidió lo mismo.

¿Se puede concluir que desde la apertura del caso en su contra hasta las actuaciones de ese proceso ordenadas por el fiscal Abushihab todo fue absurdo?

Son muchas las actuaciones de la Fiscalía que demuestran su abuso y el trato indigno que me dio. Con decirle que la analista que escuchó mi llamada a la abogada emitió una alerta sobre un presunto alias: el de Jefecita pues así se refería a mí July Henríquez. Los investigadores indagaron en páginas oficiales de la JEP y así concluyeron que alias la Jefecita, la supuesta mayor cabecilla de la banda criminal, ¡era yo! El fiscal general dio una rueda de prensa con toda la pompa del caso, para decir que la entidad tenía evidencias de que funcionarios inescrupulosos de la JEP estaban “cocinando falsedades y fraudes” para entorpecer el trabajo de la Jurisdicción de Paz. Y Abushihab, en una audiencia ante la jueza de conocimiento, añadió, a la acusación inicial, una supuesta prueba sobreviniente, que era el video que mencioné antes, del rearme de la disidencia de las Farc en que aparecen Márquez y Santrich; llevó copias de noticias de medios de comunicación de todo el mundo. Con base en ese video, y las copias de las publicaciones, sostuvo que el rearme de las Farc era consecuencia de la llamada que yo le había hecho a la abogada Henríquez.

Todo luce hoy como un montaje. ¿Cómo no se legalizaron las interceptaciones telefónicas sabiendo que por ese motivo se podía caer todo el caso? ¿El fiscal del caso, Abushihab, estaba tan confiado en que era influyente que no cuidaba, ni siquiera, las apariencias?

No lo hizo porque los jueces de garantías son estrictos siempre, y con mayor razón cuando se afecta la privacidad de las personas. El fiscal Abushihab, desconociendo la ley, ofició directamente a la empresa de telefonía celular para indagar por los nombres de los titulares de los números que ya había obtenido de manera subrepticia, por fuera de los canales legales del proceso. Luego, cuando me comuniqué con la abogada July Henríquez, ordenaron interceptar mi teléfono durante seis meses. Nada de lo que escucharon los investigadores, en ese tiempo, resultó de interés de la Fiscalía. Paradójicamente, lo único que sirvió para abrir otra investigación, que no ha conducido a nada, fue el contenido de unas llamadas de personajes anónimos que intentaban extorsionarme y amenazarme. Me decían, a altas horas de la noche o de la madrugada, que sabían que me iban a capturar muy pronto y que conocían por qué el fiscal general quiso vincularme al proceso: que si les pagaba, me revelarían el secreto. Lo más asombroso es que esas llamadas salían del conmutador de la propia Fiscalía, según aparecía en la pantalla de mi teléfono.

¿Eso fue investigado?

Como le dije, nunca avanzaron las investigaciones. Ahí no pasó nada.

¿Corresponde a esa misma época el acto abusivo de Abushihab cuando ordenó un allanamiento a la JEP?

Sí, ocurrió ese mismo año: 2018. La presidenta de la JEP, Patricia Linares, denunció el grave acto de injerencia que implicaba que la policía judicial llegara a hacer efectiva una orden para copiar toda la información del denominado Caso 001 de la Sala de Reconocimiento de Verdad. Ese episodio fue tan delicado que, ante el fuerte reclamo de la presidenta, Martínez Neira tuvo que desautorizar públicamente a su delegado, el fiscal Abushihab, y revocar la orden. La JEP recibió en ese momento el respaldo nacional y de muchos organismos internacionales.

Debido a su implicación en el proceso, usted tuvo que renunciar a su cargo en la JEP. ¿Cuáles otros efectos sufrió usted o su carrera por los señalamientos judiciales en su contra?

A partir del interrogatorio perdí todo lo construido, por años, en cargos de importancia para, de tajo, quedar ante los ojos de las víctimas, los reincorporados y los funcionarios de la JEP como alguien que había faltado gravemente a su confianza. Después vino una avalancha de sucesos negativos: recibí un correo proveniente de la Embajada de Estados Unidos en que se me informaba que la visa para el ingreso a ese país me había sido cancelada, y también a mi hija, hecho que en nuestro medio es una condena social anticipada para quienes han transgredido, de forma grave, la normatividad penal especialmente en temas de narcotráfico, lavado de activos o terrorismo. Esa sanción se estrenó conmigo como funcionaria de la JEP por ser sospechosa de ser una presunta auxiliadora de las Farc. Además una víctima reclamó públicamente, en la sala de audiencias, que la JEP tuviera, entre sus funcionarios, a personas cuestionadas como era “el caso de la doctora Zamora”. Esas palabras me produjeron dolor. Me enfrenté a un mundo hostil, a la utilización de mi nombre como ejemplo de deslealtad para justificar las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, como lo hicieron varios congresistas. Y a todo lo anterior se sumaron la soledad, la cancelación de mis vínculos académicos y hasta el castigo de una reconocida entidad financiera que canceló mis cuentas.

¿Le cancelaron sus cuentas?

Sí, pero gracias a la decisión de un juez de tutela, que le ordenó a la entidad respetar mis derechos a la presunción de inocencia y al trabajo, se restableció mi cuenta bancaria. Pero hay que decir, también, que este caso superó mi ámbito personal y trascendió a la JEP.

El fiscal de su fantasmagórico caso, Majer Abushihab, ¿quién es y de dónde salió?

Era el asesor de la Fiscalía General en la época de Néstor Humberto Martínez Neira y persona de su confianza. Él tuvo que renunciar a raíz de que se descubrió, por parte de la prensa, que había sido abogado de la esposa de Gustavo Moreno, el director anticorrupción de la Fiscalía que fue puesto preso por el entramado conocido como el cartel de la toga. Pero en lugar de aceptarle la renuncia, Martínez Neira lo ascendió a fiscal delegado ante el tribunal, aunque adscrito a su despacho, el del fiscal general. Significa que el injusto caso en mi contra fue llevado bajo la supervisión directa del doctor Martínez Neira. Si el proceso en que involucraron mi nombre hubiera sido revisado por alguien conocedor de la justicia o por un funcionario independiente, como un fiscal delegado ante la Corte, o un comité jurídico, no me habrían citado a interrogatorio. En mi concepto, Abushihab era un fiscal inexperto, sin conocimientos, temerario y abusador. Esta semana la Corte Suprema lo sancionó por violación de la reserva sumarial.

Antes de este episodio que acaba de concluir con éxito para usted, también había sido fuertemente atacada por un grupo de abogados bastante agresivos, incluso con su condición de mujer. ¿A qué le atribuye que usted sea blanco de tanta animadversión?

En 2014, el señor Sigifredo López me acusó de incidir, supuestamente, en falsedades en el trágico secuestro y muerte de los concejales de Cali. En aquella ocasión, todo culminó, también, con orden de preclusión en mi favor, proferida por la Corte Suprema de Justicia, en 2018. La Corte ordenó el archivo por inexistencia del hecho. Fueron cuatro largos años de dudas que culminaron como debía ser, con absolución. Ni siquiera el señor López sustentó la apelación y la preclusión quedó ejecutoriada.

¿Por qué cree que es sujeto de ataques tan fuertes?

Debe ser por los casos tan complejos que he tenido que llevar. Y, probablemente, porque siempre he sido honesta y no he permitido que nadie interfiera en las decisiones que debo tomar. Por ejemplo, en el caso del gobernador de La Guajira, Kiko Gómez, que hoy purga condena por asesinato, fui denunciada por quienes resultaron ser los autores materiales del crimen en contra Yandra Brito, una mujer que murió por enfrentarse al exgobernador. Todos están hoy en la cárcel y fueron condenados.

Si pudiera hablar con sus atacantes, especialmente con Martínez Neira y su exasesor Majer Abushihab, ¿qué les diría o qué les pediría?

Me ha dolido mucho que Néstor Humberto Martínez, quien me conocía bien, sabía quién era yo y cuál era mi línea de conducta, lo mismo que sus principales y más cercanos funcionarios en el despacho, me hubieran tratado como una delincuente. Perdí años de vida dedicada a mi defensa. Nadie me los puede devolver ni restablecer. Fue muy duro. Me duele no haber estado en la JEP y no vivir el avance de sus funciones. Por eso he dedicado mis esfuerzos profesionales a trabajar en la Agencia de Paz de Cundinamarca cuyo gobernador, Nicolás García, creyó en mi inocencia.

Pero le insisto, ¿qué le diría a Martínez Neira si se lo encontrara?

Una sola frase: que se equivocó conmigo.

¿Tomará usted acciones legales en contra del fiscal del caso o de la Fiscalía General por los daños sufridos?

Tengo tiempo para decidirlo. Estamos valorando esa situación con los abogados.

Su hoja de vida es larga...

Sí. He sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y de la Comisión para la investigación de la parapolítica en la Corte Suprema. También me he desempeñado como fiscal delegada ante la Corte, procuradora delegada ante la Corte, fiscal general encargada y como profesora universitaria, entre otras tareas.

Su vida profesional entró en pausa pero ahora parece haberse reiniciado pues hace usted parte del equipo de empalme, en materias de justicia, del presidente electo Petro ¿Cómo es su relación con él?

Trabajé con el presidente electo Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá como Secretaria General y soy afín a su propuesta de Gobierno. Lo conocí como un mandatario serio, exigente y comprometido con los proyectos sociales. Ahora quiero aportar a la nueva administración en las tareas de empalme en el sector justicia.

Después de haber hecho larga carrera en la rama judicial, ¿se sentiría cómoda desempeñándose como funcionaria del Ejecutivo?

Estoy participando de manera voluntaria y ad-honorem, pero sin ninguna expectativa de vinculación posterior. Si hay oportunidad, me encantaría trabajar en temas de paz, en el cumplimiento del Acuerdo y en su consolidación en los territorios, como lo he venido trabajando en Cundinamarca. También me gustaría intervenir en los temas de eventuales conversaciones con otros grupos al margen de la ley.

Martínez Neira jamás ocultó su repugnancia por al Acuerdo de Paz y por el sistema de justicia transicional ¿Cree, como se dijo en aquel momento, que afectándola a usted, él y Majer Abushihab pretendían minar el prestigio de la JEP más que el suyo?

En la rueda de prensa que el Fiscal General dio al respecto, la que ya mencioné, se abstuvo de dar nombres o de referirse a alguien en particular. Pero analizando el clima político que se vivía en los inicios de las actuaciones de la JEP, resultaba importante dejar sembrado en el ambiente, que, en el interior de la propia jurisdicción se estaban cometiendo actos ilegales, lo que el fiscal Martínez Neira anunció como evidencias de “acciones inenarrables” de unos funcionarios de la JEP. Desde su creación y con mayor vehemencia después del 7 de agosto de 2018 (inicio del cuatrienio Duque), la JEP soportó críticas que arreciaron con el nuevo gobierno. Esa situación se reflejó en presiones de todo orden, incluso cuestionando las decisiones de los magistrados y a estos mismos, individualmente hablando. Faltaba elevar el nivel de hostigamiento y deslegitimar, ahí sí, toda la jurisdicción. Eso fue lo que hicieron conmigo y con los dos abogados que, de acuerdo con la juez, tampoco fueron responsables de cometer ningún ilícito.