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El expatrullero de la Policía Nacional, Jhon Antonio Gutiérrez, quedó responsabilizado en todas las instancias de la justicia por el asesinato de Jaider Alexander Fonseca Castillo (17 años) y Andrés Felipe Rodríguez Ávila, el 9 de septiembre de 2020. En diciembre pasado, un juzgado de Bogotá lo sentenció por homicidio a 10 años de cárcel. Ahora, la Procuraduría lo destituyó del cargo y lo sancionó con una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años.
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En una decisión de 68 páginas conocida por El Espectador, la procuradora Lina María Vega sentenció a Gutiérrez por haber disparado su arma policial con plena intención en contra de las víctimas, en la jornada del “9S” en Bogotá. Entonces, centenares de ciudadanos salieron a las calles a protestar en contra de miembros de la Policía, por el asesinato con sevicia del estudiante Javier Ordóñez. En distintos puntos de la ciudad, como en este caso el barrio Verbenal, los uniformados respondieron accionando sus armas de fuego y llevándose la vida de más de una decena de manifestantes y espectadores.
En este caso, Jhon Antonio Gutiérrez disparó en distintas oportunidades contra sus dos víctimas, en inmediaciones del CAI Verbenal, el cual estaba siendo vandalizado con piedras y objetos improvisados. Según se ha conocido del expediente, Jaider Fonseca salió de su casa en el barrio Verbenal, al norte de Bogotá, para montar en bicicleta y ahí habría participado de las manifestaciones. Por su parte, Andrés Felipe Rodríguez, otra de las víctimas mortales, no logró entrar a un alimentador de una estación de Transmilenio y ahí salió al barrio Verbenal, donde acompañó el cacerolazo que se desarrollaba en el sector.
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La protesta se escaló, al punto de que la integridad física de los uniformados estaba comprometida, lo que llevó a los policías adscritos a la Estación Usaquén a, por decisión propia, lanzar gases lacrimógenos con la intención de disparar sus armas de fuego sin ser advertidos. Jhon Antonio Gutiérrez quedó retratado en este expediente, dado que las balas que quedaron incrustadas en los cuerpos de las víctimas coincidían con el número de serial del arma asignada a él. Con esa misma prueba fue condenado en la justicia penal.
El Espectador contactó a Mayra*, madre del hijo que Jaider Fonseca dejó con 17 años, quien respondió a través de una carta. Esta es:
Han pasado 4 años, 10 meses y 22 días desde aquella horrible noche. Aquella noche que percibió tu último aliento, tu sangre derramada y el fin de tu vida. No solo se llevaron tu vida, nos lo arrebataron todo. Jaider, un joven de 17 años, fue asesinado en Bogotá en la masacre del 9 de septiembre, en donde la Policía asesinó a 14 personas. Han pasado cuatro años y el día de hoy por fin hemos recibido algo de justicia. En el proceso disciplinario fue reconocido que el policía John Antonio Gutiérrez Rodríguez asesinó a Jaider y Andrés Felipe Rodríguez con dolo. Es decir, tenía la intención y conocía que podía asesinar o causar un daño a cualquier persona.
Fue sentenciado también a una sanción disciplinaria de 15 años y seis meses, en los cuales no podrá estar como funcionario público en Colombia. Esta noticia nos devuelve un poco de esperanza de paz y de tranquilidad porque sabemos que por fin está pagando la persona que nos lo arrebató todo. El 30 de junio fue capturado y por fin podemos decir: lo hemos logrado. Por fin está en una cárcel en donde debía estar desde el primer momento en el que decidió accionar su arma en contra de los civiles. Esto nos da tranquilidad, nos da paz, porque sabemos que poco a poco seguiremos logrando victoria. Sabemos que no va a devolvernos la vida de Jaider, pero si permite que nuestro corazón se regocije de alegría, que tenga paz, que tenga tranquilidad. Que nuestro hijo pueda estar en las calles sin el temor a encontrarse el patrullero, sin que esté ese hombre y que pueda volver a asesinar a otra persona más".
Diferencias de criterio entre la justicia penal y disciplinaria
Gutiérrez está enfrentando una pena de 10 años de cárcel, por el delito de homicidio en situación preterintencional. Es decir, cuando una persona asesina a otra sin la intención directa de hacerlo, pero conociendo que podría causar un daño tan grave que podría desatar el deceso de una víctima. Sin embargo, el expediente en Procuraduría concluyó que se trató de una intención plena.
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Así lo explicó la procuradora: “A pesar de contar con pleno conocimiento de los deberes constitucionales y legales exigibles a los servidores públicos, especialmente a los miembros de la Policía Nacional, y de estar técnicamente formado para el uso adecuado de las armas, el control de disturbios y la prestación del servicio durante manifestaciones, el patrullero utilizó su arma de dotación de manera libre y voluntaria, consciente de su letalidad”.
Y agregó: “Actúo con pleno conocimiento de que su comportamiento era antijurídico y contrario al derecho. (...) No existe duda de que el patrullero tenía la capacidad de autodeterminarse, es decir, comprendía que, al disparar de manera indiscriminada e injustificada durante una protesta social, aun en un contexto de disturbios y desorden, podía ocasionar lesiones graves o la muerte a alguna persona”.
Por otro lado, la Procuraduría constató que Gutiérrez informó falsamente sobre la pérdida de su proveedor con 15 cartuchos en el lugar de los hechos y, de esa manera, buscaba que lo exoneraran de su responsabilidad. Asimismo, la procuradora no encontró pruebas de que Gutiérrez hubiese sufrido lesiones o agresiones graves durante las manifestaciones, que, en palabras de la procuradora, justificaran el uso de su arma de fuego para defenderse.
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Por su parte, el juzgado que determinó la responsabilidad penal de Gutiérrez a finales del año pasado, determinó que “es inadmisible, desde cualquier punto de vista, casi un ultraje a los principios que sostienen el orden social, que un uniformado, llamado a ser escudo y no filo, haya atentado contra aquellos que alzaban su voz en forma protesta, desatendiendo ese derecho que ostenta todo ciudadano de hacer valer sus súplicas, sin ser destinatario de las agresiones de un portador de la ley que, en cambio, sí tenía el deber constitucional de proteger su seguridad.
En ambos casos, ante la Procuraduría y la justicia ordinaria, Gutiérrez tiene la opción de que sus respectivos casos sean valorados en segunda instancia. Por ahora, los fallos en contra del expatrullero de la Policía indican que las balas que le asignó la institución quedaron incrustadas en el cuerpo de las víctimas y que la intención, directa o indirecta, estuvo presente a la hora de decidir cómo reaccionar ante la protesta. Lo que fue una decisión de segundos terminó con la vida de dos jóvenes inocentes.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhoan Sebastian Cote
