Destituyen a 13 militares por "falso positivo"

Por su participación en la ejecución extrajudicial del civil Diosedes Caicedo Palomar, en Inquiera Huila, bajo la modalidad conocida popularmente como "falso positivo", la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó en el ejercicio de funciones públicas durante 20 años a 13 uniformados del Ejército Nacional.

La medida cobija al sargento segundo Diego Arturo Mondragón, al cabo primero Richard Hernán Espinoza Daza y los soldados profesionales Yair Andrés Mesa Ossa, Yovann Erneldis González Arias, Jorge Alexander Arias Flórez, Wilinton Arias Yepes, John Hawin Caicedo Sánchez, Dinael Antonio Sierra Franco, Héctor Alonso Londoño Ortiz, Fernando Vargas Chavarro, Luís Leisy Delbasto Arias, Marco Aurelio Millán Durán y Ángel Vicente Clavijo Martínez.

El asesinato se produjo el 31 de enero de 2004, cuando integrantes de la Compañía Batallador del Batallón de Contraguerrillas No. 28, instalaron un retén militar cerca de la Inspección de Valencia de la Paz, jurisdicción del municipio de Iquira, Huila.

Según el informe entregado por los militares, en el lugar se produjo un intercambio de disparos entre fuerzas insurgentes y los efectivos de la fuerza pública que derivó en la baja del civil, al que hicieron pasar como guerrillero.

Sin embargo, fueron los familiares del occiso los que desmintieron esta versión en primera instancia y señalaron que éste había sido retenido por los uniformados, cuando se dirigían en un vehículo hacia lugar donde se instaló el aludido retén. Realmente, el civil había muerto víctima de nueve sendo impactos de bala a corta distancia, lo que desvirtúa el acaecimiento del combate.

Por su parte, la Procuraduría estableció que en el informe no había referencia a la cantidad de guerrilleros que habían estado presentes durante la confrontación ni relación con respecto a la hora y el lugar específico donde se produjeron los hechos.

Además, el documento allegado al Ministerio Público no tenía fecha de radicación, en contraste con el informe que reposaba en la oficina de control interno, lo constituyó un elemento más para advertir las inconsistencias en las que había caído el sargento Mondragón.

"La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación concluyó que los militares investigados ejecutaron la conducta a título de dolo, pues siempre fueron conscientes de lo irregular de su comportamiento, a tal punto que trataron de desviar la investigación aduciendo la existencia de un presunto combate", advirtió el Organismo de Control en un comunicado.

Por su participación en la ejecución extrajudicial del civil Diosedes Caicedo Palomar, en Inquiera Huila, bajo la modalidad conocida popularmente como "falso positivo", la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó en el ejercicio de funciones públicas durante 20 años a 13 uniformados del Ejército Nacional.

La medida cobija al sargento segundo Diego Arturo Mondragón, al cabo primero Richard Hernán Espinoza Daza y los soldados profesionales Yair Andrés Mesa Ossa, Yovann Erneldis González Arias, Jorge Alexander Arias Flórez, Wilinton Arias Yepes, John Hawin Caicedo Sánchez, Dinael Antonio Sierra Franco, Héctor Alonso Londoño Ortiz, Fernando Vargas Chavarro, Luís Leisy Delbasto Arias, Marco Aurelio Millán Durán y Ángel Vicente Clavijo Martínez.

El asesinato se produjo el 31 de enero de 2004, cuando integrantes de la Compañía Batallador del Batallón de Contraguerrillas No. 28, instalaron un retén militar cerca de la Inspección de Valencia de la Paz, jurisdicción del municipio de Iquira, Huila.

Según el informe entregado por los militares, en el lugar se produjo un intercambio de disparos entre fuerzas insurgentes y los efectivos de la fuerza pública que derivó en la baja del civil, al que hicieron pasar como guerrillero.

Sin embargo, fueron los familiares del occiso los que desmintieron esta versión en primera instancia y señalaron que éste había sido retenido por los uniformados, cuando se dirigían en un vehículo hacia lugar donde se instaló el aludido retén. Realmente, el civil había muerto víctima de nueve sendo impactos de bala a corta distancia, lo que desvirtúa el acaecimiento del combate.

Por su parte, la Procuraduría estableció que en el informe no había referencia a la cantidad de guerrilleros que habían estado presentes durante la confrontación ni relación con respecto a la hora y el lugar específico donde se produjeron los hechos.

Además, el documento allegado al Ministerio Público no tenía fecha de radicación, en contraste con el informe que reposaba en la oficina de control interno, lo constituyó un elemento más para advertir las inconsistencias en las que había caído el sargento Mondragón.

"La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación concluyó que los militares investigados ejecutaron la conducta a título de dolo, pues siempre fueron conscientes de lo irregular de su comportamiento, a tal punto que trataron de desviar la investigación aduciendo la existencia de un presunto combate", advirtió el Organismo de Control en un comunicado.