La Procuraduría, en una decisión de primera instancia, destituyó del cargo e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al patrullero de la Policía William Moreno Terán. Un uniformado que era todo un socio del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño.
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Moreno Terán era parte del comando de Policía de Chigorodó (Antioquia) y fue juzgado por acordar con miembros del grupo armado organizado la entrega de información, de manera recurrente, sobre la presencia, movimientos y tareas de la Fuerza Pública en esa zona y lugares cercanos.
“La entidad encontró que el servidor público utilizó su cargo para facilitar actos delictivos, trasmitiendo datos de la institución en la región a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, a cambio de recibir cada quince días una remuneración económica”, explicó el Ministerio Público.
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La Procuraduría encontró que, definitivamente, hizo todo lo contrario a lo que se esperaba para su función pública, que era proteger a la comunidad y ser un ejemplo para la sociedad. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento número 1 lo sancionó por una falta considerada gravísima.
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