La Comisión Nacional de Disciplina Judicial informó que el exjuez Vladimir Daza Hernández, cometió una “falta gravísima” al favorecer con sus decisiones al procesado por narcotráfico, cohecho y concierto para delinquir, Alfonso de Jesús Pimienta. La sentencia de la instancia judicial, con ponencia del magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla, negó la apelación del exfuncionario y ratificó la decisión de la Seccional de Disciplina Judicial de la Guajira, del pasado 29 de septiembre, que impuso la destitución e inhabilidad general por 20 años.
El criminal beneficiado, conocido como alias Pichi, fue capturado por las autoridades por haber participado en el envío de droga hacia los puertos de Rotterdam en Holanda, actividad con la que mantenía una vida de lujos. Asimismo, la autoridad indicó que el aprehendido tenía actividades delictivas en departamentos como Atlántico, Magdalena y Bolívar, de donde en contenedores enviaban la droga de forma marítima.
Todo empezó el 18 de diciembre de 2015, cuando Daza Hernández, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Urumita, celebró audiencia preliminar de sustitución de medida de aseguramiento de Pimienta Celedón para que saliera de prisión a detención domiciliaria, “careciendo de competencia para ello, ya que el procesado penalmente se encontraba recluido en el centro carcelario de Valledupar y los hechos punibles tuvieron lugar en Santa Marta y Cartagena”. De esta manera se vulneró el factor de competencia territorial.
Además, el exjuez no atendió la petición del fiscal de no realizar dicha audiencia, lo cual fue considerado por el tribunal como falta gravísima. De igual manera, Daza Hernández elaboró un documento dirigido al director de la cárcel de Valledupar, mediante el cual informó que en dicha audiencia preliminar se le concedió permiso de trabajo al imputado Alfonso de Jesús Pimienta, pese a que su defensor en ningún momento lo solicitó.
La Comisión respaldó la decisión de la Jurisdicción Disciplinaria de primera instancia, que “demostró plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo llevaron a determinar que su conducta fue típica, antijurídica y culpable y se precisaron debidamente las normas que transgredió con su actuar”.
La sentencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial también desestimó, uno a uno, los argumentos que el exjuez interpuso para apelar, como, por ejemplo, insistir que no se aportaron los elementos necesarios que exige tanto la ley como la jurisprudencia para tener por configurado el tipo penal de prevaricato por acción, dado que ni siquiera se estableció en qué consistía la ilegalidad de la providencia que él adoptó en la diligencia del 18 de diciembre de 2015.
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