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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al patrullero de la Policía, Gonzalo Moreno Gordillo por el homicidio de Cristian David Castillo, el pasado 22 de junio de 2022, en el marco de las protestas del paro nacional. El uniformado era investigado por el Ministerio Público debido a su cargo en el antiguo Escuadrón Móvil Antimotines (Esmad) que habría disparado letalmente contra el joven, quién fue impactado por un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza, y falleció horas después en un hospital de la capital.
Tras los hechos, la Procuraduría abrió una investigación y, posteriormente, formuló cargos y citó a audiencia al patrullero Moreno. Según el Ministerio Público, el uniformado habría omitido los principios de proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de los procedimientos de la fuerza pública en su acciones, en las cuales no contempló su deber a los ciudadanos a su alrededor. Para ese momento, el ente de control declaró provisionalmente la presunta falta como gravísima cometida a título de dolo.
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En la reciente decisión de primera instancia, el Ministerio Público contempló los hechos y las pruebas recogidas para determinar la falta en contra de Moreno Gordillo. En primer lugar, la Procuraduría concluyó que el patrullero accionó su arma de dotación a través de videos obtenidos de cámaras de seguridad ubicadas en Portal Suba. Esto fue sin autorización del comandante de la unidad para ese momento. En segundo lugar, se analizó la conducta y su consecuencia en la muerte de Cristian Castillo. Para este punto, la Procuraduría tuvo en cuenta elementos probatorios como la historia clínica del joven y el informe de necropsia, que determinaron una muerte violenta compatible con homicidio.
“Los elementos probatorios analizados permiten concluir, con grado de certeza, que el disparo efectuado por el disciplinado fue el que causó la muerte del joven Cristian David Castillo”, determinó la Procuraduría.
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Asimismo, el Ministerio Público resaltó que el uniformado actuó a título de dolo en la medida en que, en su condición de patrullero del Esmad, contaba con la formación y capacitación necesarias para comprender el deber funcional de ejercer la actividad policial en estricta sujeción a la Constitución y a la ley. “Tenía el deber de abstenerse de desplegar conductas como las que se le atribuyen (…) No obstante, decidió de manera voluntaria accionar su arma de dotación”.
Por estos motivos, la Procuraduría determinó que la falta disciplinaria imputada se califica de manera definitiva como gravísima. En ese contexto, al patrullero Moreno Gordillo se le impuso una sanción disciplinaria en destitución e inhabilidad por el término de 12 años. Esto implica, además, la desvinculación de su cargo y la imposibilidad de ejercer función pública en cualquier cargo.
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