Destituyen e inhabilitan por 20 años a soldados que violaron a niña embera

En junio de este año, tras denuncia de una madre que buscaba respuestas, el país conoció de un hecho perturbador: siete soldados del Ejército, adscritos al Batallón San Mateo, habían violado a una niña embera de 12 años en la zona rural del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Luego de un proceso disciplinario de cinco meses, en el cual los militares aceptaron su responsabilidad, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 20 años a los procesados disciplinariamente.

“Esos actos realizados sobre la humanidad de una niña (…) fueron verdaderos actos de barbarie ejecutados al amparo de la intimidación, amenaza y constreñimiento con el propósito de satisfacer sus deseos sexuales. No hay duda de que el macabro escenario de estos siete hombres armados, esperando su turno para saciar sus instintos sexuales, tuvo la contundencia necesaria para intimidar a la menor indígena, quien no tuvo otra alternativa que acceder a las exigencias de sus agresores”, concluyó la Procuraduría.

En contexto: A juicio disciplinario los siete soldados acusados de violación y secuestro de niña embera chamí.

El Ministerio Público citó a los soldados a audiencia de juicio disciplinario el pasado 19 de julio, dos semanas después de haber aceptado su responsabilidad ante la Fiscalía. En ese momento, el organismo de control abrió pliego de cargos por las conductas de secuestro y acceso carnal violento en persona protegida, calificadas, además, como gravísimas a titulo de dolo. Al final del proceso, la Procuraduría sentenció que los siete soldados actuaron teniendo pleno conocimiento de sus actos y las consecuencias que podrían traer para ellos y para la niña violentada.

Los soldados, durante el proceso, indicaron que la niña embera fue quien los invitó a tener relaciones, pues supuestamente presentó conductas “de ninfómana” al lado de ellos. Además, aseguraron que no tenían forma de saber que era menor de edad. Sobre estos puntos, la Procuraduría fue contundente: “Las versiones que sobre los hechos rindieron de manera libre, consiente y voluntaria, seis de los siete disciplinarios reflejan una coartada convenida entre todos ellos con el propósito de convencer sobre dos hechos fundamentales con los cuales pretenden liberarse de los cargos que se les formuló”.

Seis de los siete procesados, quienes aceptaron su responsabilidad por acceso carnal violento, testificaron ante la Procuraduría que la misma niña los tocó y, tras accederla, confesaron lo sucedido en las duchas del Batallón San Mateo. “Esa disculpa constituye un libreto mal concebido. Sobre la iniciativa de la menor de tener relaciones, ellos le indilgaron una hipersexualidad que se puede desvirtuar con sus mismas versiones, pues ninguno habló sobre una manifestación verbal o gestual de placer, o una solicitud de continuar con el hecho. Incluso si ella fuera así, no le hubiera contado a la madre”, contrarrestó el Ministerio Público

La Procuraduría impuso la máxima sanción contra los soldados regulares Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Oscar Eduardo Gil Álzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangaret Hernández. Sobre el primer militar, Morales Poveda, el Ministerio Público descargó la mayoría de sus consideraciones, pues se trata del hombre que citó a la niña en el colegio donde finalmente fue accedida. Durante la acción, que duró tres horas, los soldados se llamaron telefónicamente para llegar al lugar.

Le puede interesar: Soldados se habrían llamado para violar a niña embera chamí: Procuraduría.

El Ministerio Público, para tomar su decisión, valoró cada uno de los testimonios de los soldados, a quienes no les creyó ni media palabra. Por ejemplo, la delegada Aura Fajardo citó la narración de los hechos del soldado Juan David Guaidía, quien nunca habló de la presencia de una niña: “Eran las ocho de la noche, yo ya me iba a acostar y me llamaron tres lanzas, que para que saliéramos a fumar un cigarrillo. Yo salí y llegó un lanza mío y me dijo que había una mujer que quería hablar conmigo, me dijo que estaba por los lados de una cerca. Le pregunté qué hacía ahí sola, sentada (…) ahí me calenté y la penetré dos veces. Sinceramente me sentí mal y me fui”.

Durante el proceso de juicio disciplinario, el soldado regular Víctor Manuel Gonzales, quien hace parte del mismo batallón, aseguró que recibió directrices de dos altos mandos del Ejército, quienes le habrían indicado las respuestas que debía testificar cuando la Fiscalía iniciara sus investigaciones. “No dije la verdad sobre el lugar en donde estábamos. ‘Si les preguntan, ustedes dicen estaban afuera del colegio’, mi Primero Díaz y el Cabo Hernández nos dijeron que debíamos decir eso”, testificó ante la Procuraduría.

Además, el soldado Iván Andrés Herrera, quien declaró en las mismas condiciones, adhirió al testimonio de su compañero González. Incluso, aseguró haber sido quien alertó a los superiores. “Cuando pasó los hechos de la indígena, él (el viceprimero Díaz) dijo formar y recoger todo que nos vamos. Él empezó a decir lo que uno tenía que decir. Que dijéramos que estábamos en un cerro, que todos los días nos movíamos. Él no quería que se enterara que estábamos en un colegio. Todo eso yo lo dije a la Fiscalía”, testificó el militar.

Tras leer la sanción disciplinaria a los militares del Batallón San Mateo, la Procuraduría aseguró que va a ser difícil recuperar la imagen positiva del Ejército después de un expediente de estas magnitudes. “En este caso no fue uno sino siete los que defraudaron esas expectativas de la comunidad como de toda la sociedad colombiana”, dijo la delegada Aura Fajardo. El órgano de control hizo un recuento por los puntos clave de la audiencia y dejó las investigaciones penales en manos de la Fiscalía.

“Lo que busca la institución (Ejército) es que los uniformados generen confianza, pero con las acciones ocasionados por los militares aquí investigados se generó en la sociedad colombiana, en especial niños e indígenas, un ambiente de inseguridad. Ocasionaron un gran daño a una niña, cuyos derechos constitucionalmente prevalecen sobre los demás y que debieron haber sido amparados por quienes juraron protegerlos”, concluyó el Ministerio Público.

En junio de este año, tras denuncia de una madre que buscaba respuestas, el país conoció de un hecho perturbador: siete soldados del Ejército, adscritos al Batallón San Mateo, habían violado a una niña embera de 12 años en la zona rural del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Luego de un proceso disciplinario de cinco meses, en el cual los militares aceptaron su responsabilidad, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 20 años a los procesados disciplinariamente.

“Esos actos realizados sobre la humanidad de una niña (…) fueron verdaderos actos de barbarie ejecutados al amparo de la intimidación, amenaza y constreñimiento con el propósito de satisfacer sus deseos sexuales. No hay duda de que el macabro escenario de estos siete hombres armados, esperando su turno para saciar sus instintos sexuales, tuvo la contundencia necesaria para intimidar a la menor indígena, quien no tuvo otra alternativa que acceder a las exigencias de sus agresores”, concluyó la Procuraduría.

En contexto: A juicio disciplinario los siete soldados acusados de violación y secuestro de niña embera chamí.

El Ministerio Público citó a los soldados a audiencia de juicio disciplinario el pasado 19 de julio, dos semanas después de haber aceptado su responsabilidad ante la Fiscalía. En ese momento, el organismo de control abrió pliego de cargos por las conductas de secuestro y acceso carnal violento en persona protegida, calificadas, además, como gravísimas a titulo de dolo. Al final del proceso, la Procuraduría sentenció que los siete soldados actuaron teniendo pleno conocimiento de sus actos y las consecuencias que podrían traer para ellos y para la niña violentada.

Los soldados, durante el proceso, indicaron que la niña embera fue quien los invitó a tener relaciones, pues supuestamente presentó conductas “de ninfómana” al lado de ellos. Además, aseguraron que no tenían forma de saber que era menor de edad. Sobre estos puntos, la Procuraduría fue contundente: “Las versiones que sobre los hechos rindieron de manera libre, consiente y voluntaria, seis de los siete disciplinarios reflejan una coartada convenida entre todos ellos con el propósito de convencer sobre dos hechos fundamentales con los cuales pretenden liberarse de los cargos que se les formuló”.

Seis de los siete procesados, quienes aceptaron su responsabilidad por acceso carnal violento, testificaron ante la Procuraduría que la misma niña los tocó y, tras accederla, confesaron lo sucedido en las duchas del Batallón San Mateo. “Esa disculpa constituye un libreto mal concebido. Sobre la iniciativa de la menor de tener relaciones, ellos le indilgaron una hipersexualidad que se puede desvirtuar con sus mismas versiones, pues ninguno habló sobre una manifestación verbal o gestual de placer, o una solicitud de continuar con el hecho. Incluso si ella fuera así, no le hubiera contado a la madre”, contrarrestó el Ministerio Público

La Procuraduría impuso la máxima sanción contra los soldados regulares Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Oscar Eduardo Gil Álzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangaret Hernández. Sobre el primer militar, Morales Poveda, el Ministerio Público descargó la mayoría de sus consideraciones, pues se trata del hombre que citó a la niña en el colegio donde finalmente fue accedida. Durante la acción, que duró tres horas, los soldados se llamaron telefónicamente para llegar al lugar.

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El Ministerio Público, para tomar su decisión, valoró cada uno de los testimonios de los soldados, a quienes no les creyó ni media palabra. Por ejemplo, la delegada Aura Fajardo citó la narración de los hechos del soldado Juan David Guaidía, quien nunca habló de la presencia de una niña: “Eran las ocho de la noche, yo ya me iba a acostar y me llamaron tres lanzas, que para que saliéramos a fumar un cigarrillo. Yo salí y llegó un lanza mío y me dijo que había una mujer que quería hablar conmigo, me dijo que estaba por los lados de una cerca. Le pregunté qué hacía ahí sola, sentada (…) ahí me calenté y la penetré dos veces. Sinceramente me sentí mal y me fui”.

Durante el proceso de juicio disciplinario, el soldado regular Víctor Manuel Gonzales, quien hace parte del mismo batallón, aseguró que recibió directrices de dos altos mandos del Ejército, quienes le habrían indicado las respuestas que debía testificar cuando la Fiscalía iniciara sus investigaciones. “No dije la verdad sobre el lugar en donde estábamos. ‘Si les preguntan, ustedes dicen estaban afuera del colegio’, mi Primero Díaz y el Cabo Hernández nos dijeron que debíamos decir eso”, testificó ante la Procuraduría.

Además, el soldado Iván Andrés Herrera, quien declaró en las mismas condiciones, adhirió al testimonio de su compañero González. Incluso, aseguró haber sido quien alertó a los superiores. “Cuando pasó los hechos de la indígena, él (el viceprimero Díaz) dijo formar y recoger todo que nos vamos. Él empezó a decir lo que uno tenía que decir. Que dijéramos que estábamos en un cerro, que todos los días nos movíamos. Él no quería que se enterara que estábamos en un colegio. Todo eso yo lo dije a la Fiscalía”, testificó el militar.

Tras leer la sanción disciplinaria a los militares del Batallón San Mateo, la Procuraduría aseguró que va a ser difícil recuperar la imagen positiva del Ejército después de un expediente de estas magnitudes. “En este caso no fue uno sino siete los que defraudaron esas expectativas de la comunidad como de toda la sociedad colombiana”, dijo la delegada Aura Fajardo. El órgano de control hizo un recuento por los puntos clave de la audiencia y dejó las investigaciones penales en manos de la Fiscalía.

“Lo que busca la institución (Ejército) es que los uniformados generen confianza, pero con las acciones ocasionados por los militares aquí investigados se generó en la sociedad colombiana, en especial niños e indígenas, un ambiente de inseguridad. Ocasionaron un gran daño a una niña, cuyos derechos constitucionalmente prevalecen sobre los demás y que debieron haber sido amparados por quienes juraron protegerlos”, concluyó el Ministerio Público.