Detalles de la solicitud de medidas cautelares de Roy Barreras a la CIDH por chuzadas

Hace casi un mes, el senador del Partido de la U, Roy Barreras, viajó a Washington para presentar ante el despacho de Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una solicitud de medidas cautelares. La visita se realizó luego de que la revista Semana revelara que miembros de inteligencia del Ejército estarían realizando seguimientos a líderes políticos, magistrados y periodistas. El Espectador conoció el documento que presentó en ese momento Barreras donde expone algunos hechos que darían cuenta de que este sería una de las personas que están siendo seguidas por organismos de inteligencia.

Vea: Temibles acusaciones de “chuzadas” en el Ejército

Barreras contó en su solicitud que el 6 de julio de 2019, él y otros senadores, como Iván Cepeda y Antonio Sanguino, le enviaron una carta al presidente Iván Duque en la que le comunicaron que tenían información sobre el inicio de una supuesta campaña de desprestigio, persecución y hostimgamiento por parte de miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). "Le señalamos que esa campaña incluiría interceptaciones ilegales a promotores del proceso de Paz con las Farc con el propósito de forjar investigaciones con base en información falsa".

En la misiva, los congresista dieron detalles de esa supuesta campaña en su contra. Dijeron, por ejemplo, que el 30 de marzo de 2019, en una residencia del barrio Salitre de Bogotá, funcionarios de la DNI comentaron las acciones que se realizarían en contra de ellos y que habrían sido ordenadas por el director de del organismo de inteligencia estatal, el almirante Rodolfo Amaya Kerguelen. A su vez, le pidieron al presidente que le dieran garantías para realizar su labor "en la defensa de la paz y los derechos humanos". Barreras le dijo a la CIDH, que de esa carta nunca recibieron respuesta del presidente.

Lea: Chuzadas: las exigencias del Ejército en contrato de software de inteligencia

Un mes después de enviar esa carta a la Presidencia, en agosto de 2019, Barreras cuenta que denunció ante la Fiscalía el posible inicio de una "oleada de interceptaciones por parte de la DNI" en su contra y quienes defienden el Acuerdo de Paz y que se han declarado en abierta oposición al gobierno de Iván Duque y al partido de Gobierno, el Centro Democrático. En octubre de ese año, el ente investigador le comunicó al congresista que la denuncia fue archivada, en la que según, Barreras, no se explica por qué, ni que acciones se realizaron para indagar sobre la denuncia.

A su solicitud, a manera de contexto de la situación en Colombia, Barreras contó que el 18 de diciembre de 2019, un grupo de funcionarios de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General acompañó a la Corte Suprema en un allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia del Ejército, ubicado en Facatativá (Cundinamarca). En el que, como se supo a través de medios de comunicación, durante la diligencia miembros de la institución castrense habrían borrado información de los computadores que daba cuenta de presuntas interceptaciones ilegales a magistrados, políticos y periodistas.

Casi un mes después de este allanamiento, Semana reveló el citado informe periodístico sobre las supuestas chuzadas al interior del Ejército. En el artículo citan el testimonio de un miembro de la Fuerza Pública en que señalana que "(brigadas de inteligencia) se encargaban de realizar los seguimientos a diferentes personajes, como el senador Roy Barreras (...) y que cuando este denunció publicamente que lo estaban interceptando, se activó una operación de contrainteligencia para cubrir su rastro y desviar la atención hacia otras agencias de inteligencia". 

Otro hecho que puso de presente Barreras fue la denuncia que hizo el 6 de noviembre de 2019 en un debate de control político contra el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, donde señaló que durante un bombardeo del Ejército en Caquetá, en agosto de ese año, murieron ocho menores de edad que fueron reclutados por las disidencias de las Farc. En medio de la renuncia de Botero, Barreras denunció que a raíz de esa denuncia recibió amenazas de muerte a su Whatsapp. Según Barreras, aunque denunció estos hechos a la FIscalía, no ha recibido respuestas por parte del ente investigador.

Actualmente, cuenta el senador Barreras a la CIDH, es considerado por la Dirección de protección y servicios especiales de la Policía Nacional, a cargo del brigadier general Luis Humberto Poveda Zapata, como una persona en nivel de riesgo extraordinario.El 15 de noviembre de 2019 le asignó medidas de protección transitoria a él y su nucleo familiar. Por último, este le pidió a la CIDH que le pida al Estado colombiano que sea protegido él y su familia y que además recolecte toda la información ilegalmente que haya sido recaba ilegalmente sobre él y sea aportada al organimos interamericano. 

 

Hace casi un mes, el senador del Partido de la U, Roy Barreras, viajó a Washington para presentar ante el despacho de Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una solicitud de medidas cautelares. La visita se realizó luego de que la revista Semana revelara que miembros de inteligencia del Ejército estarían realizando seguimientos a líderes políticos, magistrados y periodistas. El Espectador conoció el documento que presentó en ese momento Barreras donde expone algunos hechos que darían cuenta de que este sería una de las personas que están siendo seguidas por organismos de inteligencia.

Vea: Temibles acusaciones de “chuzadas” en el Ejército

Barreras contó en su solicitud que el 6 de julio de 2019, él y otros senadores, como Iván Cepeda y Antonio Sanguino, le enviaron una carta al presidente Iván Duque en la que le comunicaron que tenían información sobre el inicio de una supuesta campaña de desprestigio, persecución y hostimgamiento por parte de miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). "Le señalamos que esa campaña incluiría interceptaciones ilegales a promotores del proceso de Paz con las Farc con el propósito de forjar investigaciones con base en información falsa".

En la misiva, los congresista dieron detalles de esa supuesta campaña en su contra. Dijeron, por ejemplo, que el 30 de marzo de 2019, en una residencia del barrio Salitre de Bogotá, funcionarios de la DNI comentaron las acciones que se realizarían en contra de ellos y que habrían sido ordenadas por el director de del organismo de inteligencia estatal, el almirante Rodolfo Amaya Kerguelen. A su vez, le pidieron al presidente que le dieran garantías para realizar su labor "en la defensa de la paz y los derechos humanos". Barreras le dijo a la CIDH, que de esa carta nunca recibieron respuesta del presidente.

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Un mes después de enviar esa carta a la Presidencia, en agosto de 2019, Barreras cuenta que denunció ante la Fiscalía el posible inicio de una "oleada de interceptaciones por parte de la DNI" en su contra y quienes defienden el Acuerdo de Paz y que se han declarado en abierta oposición al gobierno de Iván Duque y al partido de Gobierno, el Centro Democrático. En octubre de ese año, el ente investigador le comunicó al congresista que la denuncia fue archivada, en la que según, Barreras, no se explica por qué, ni que acciones se realizaron para indagar sobre la denuncia.

A su solicitud, a manera de contexto de la situación en Colombia, Barreras contó que el 18 de diciembre de 2019, un grupo de funcionarios de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General acompañó a la Corte Suprema en un allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia del Ejército, ubicado en Facatativá (Cundinamarca). En el que, como se supo a través de medios de comunicación, durante la diligencia miembros de la institución castrense habrían borrado información de los computadores que daba cuenta de presuntas interceptaciones ilegales a magistrados, políticos y periodistas.

Casi un mes después de este allanamiento, Semana reveló el citado informe periodístico sobre las supuestas chuzadas al interior del Ejército. En el artículo citan el testimonio de un miembro de la Fuerza Pública en que señalana que "(brigadas de inteligencia) se encargaban de realizar los seguimientos a diferentes personajes, como el senador Roy Barreras (...) y que cuando este denunció publicamente que lo estaban interceptando, se activó una operación de contrainteligencia para cubrir su rastro y desviar la atención hacia otras agencias de inteligencia". 

Otro hecho que puso de presente Barreras fue la denuncia que hizo el 6 de noviembre de 2019 en un debate de control político contra el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, donde señaló que durante un bombardeo del Ejército en Caquetá, en agosto de ese año, murieron ocho menores de edad que fueron reclutados por las disidencias de las Farc. En medio de la renuncia de Botero, Barreras denunció que a raíz de esa denuncia recibió amenazas de muerte a su Whatsapp. Según Barreras, aunque denunció estos hechos a la FIscalía, no ha recibido respuestas por parte del ente investigador.

Actualmente, cuenta el senador Barreras a la CIDH, es considerado por la Dirección de protección y servicios especiales de la Policía Nacional, a cargo del brigadier general Luis Humberto Poveda Zapata, como una persona en nivel de riesgo extraordinario.El 15 de noviembre de 2019 le asignó medidas de protección transitoria a él y su nucleo familiar. Por último, este le pidió a la CIDH que le pida al Estado colombiano que sea protegido él y su familia y que además recolecte toda la información ilegalmente que haya sido recaba ilegalmente sobre él y sea aportada al organimos interamericano.