20 Nov 2020 - 12:48 a. m.

Detalles inéditos del origen del caso Supercundi

La defensa de la familia Mora Urrea radicó una solicitud para que se declarara ilegal todo lo actuado contra sus defendidos y explicó que el expediente se estructuró bajo engaños que se han repetido desde 2007 hasta hoy.

Once años tardó la Fiscalía en judicializar a la familia Mora Urrea, dueña de los supermercados Supercundi y Merkandrea. Desde 2007, con base en un informe del DAS y supuesta información que compartieron autoridades panameñas, la Fiscalía rotuló a la familia como supuesta testaferra de la extinta guerrilla de las Farc. Sin embargo, en 2011, el expediente quedó en un estado de letargo y solo se reactivó en 2016, cuando el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez comenzó su cruzada contra el patrimonio de las Farc. A comienzos de 2018 la Fiscalía mostró sus primeros resultados y capturó a varios miembros de los Mora Urrea. Pero, con el pasar del tiempo y de revisar pruebas, las sospechas de falsos testigos y posibles irregularidades se volvieron una constante.

En febrero de 2018, la entonces directora de Extinción de Dominio, Andrea Malagón, dijo que los Mora Urrea eran testaferros de las Farc y lavaban activos a través de sus cadenas de supermercados. Al ser capturados, fueron presentados ante un juez al que le presentaron tres testimonios de desmovilizados que los vinculaban con las Farc. A las semanas, el abogado defensor, Alejandro Carranza, descubrió falsedades en el relato de los testigos estrellas y los Mora Urrea quedaron en libertad. Desde ese entonces comenzó una pelea jurídica, en la que se demostró que uno de los Mora, Luis Alirio, había sido secuestrado por las Farc en 1999, por lo que hace un año la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo reconoció como víctima del conflicto.

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