Deudas en túnel de La Línea

Por un detrimento patrimonial de $243.682 millones deberá responder el exministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, así como varios funcionarios y exfuncionarios del Invías y de la empresa contratista Unión Temporal Segundo Centenario (UTSC), después de que la Contraloría comprobara pagos sin justificar por una suma superior a $193.000 millones, en la construcción del túnel de La Línea, obra que tiene como propósito conectar los extremos de la cordillera Central. La medida fue tomada después de que el contralor delegado para la infraestructura, Nelson Izáciga, encontrara méritos suficientes para abrir un proceso de responsabilidad fiscal.

El proyecto tiene un valor de $629.052 millones y un plazo de ejecución de 70 meses. Sin embargo, la indagación preliminar mostró que hasta ahora sólo se ha presentado una construcción de $127.931 millones y que cuenta con un retraso del 50% de la obra. Por esto, la Contraloría encontró pruebas suficientes, no sólo para abrir proceso contra el exministro, sino también contra el director, exdirector y secretario técnico de Invías, Carlos Alberto Rosado Zúñiga, Daniel García Arizabaleta y Juan Gabriel Berón, respectivamente, y las 18 firmas contratistas que forman la UTSC.

Las irregularidades en la obra empezaron a vislumbrarse el 4 de febrero del presente año, cuando el ente fiscal anunció el inicio de una auditoría de contrato por inconsistencias técnicas y financieras en el acuerdo firmado entre Invías y la UTSC. Entonces, Izáciga señaló que en la obra existía un atraso del 42% de ejecución y que las técnicas de excavación se habían aplicado de forma indebida, lo cual había generado derrumbes. Asimismo, señaló que ya hacían falta $179.000 millones y que el dinero se había entregado directamente al contratista, de manera que gozaba de un manejo exclusivo de éste.

Un mes después, el 14 de marzo, el gerente de Grandes Proyectos de Invías, Germán Grajales, dio a conocer un informe en el que se reconocía el atraso del túnel de La Línea. Sin embargo, manifestó: “Los desembolsos que se han hecho estaban pactados en el contrato. Incluso hay un recurso retenido de $88.000 millones por inestabilidad de taludes en la meta. El contratista podía solicitar anticipo adicional a medida que se iban cumpliendo las metas”. Seis días después, la empresa interventora del proyecto, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, estableció que el retraso no era del 47% sino del 50%.

El proyecto del túnel de La Línea parece tener problemas desde antes de que empezara su construcción. La licitación, que inició en febrero de 2008, tuvo que declararse desierta porque la inversión no era suficiente y no había ninguna propuesta. Entonces, el presidente Álvaro Uribe entregó nuevos recursos al proyecto y manifestó que se estudiaría la posibilidad de ofrecer al adjudicatario la alternativa de organizarse como Zona Franca. Finalmente, la obra fue adjudicada por $629.000 millones —a pesar de que la Cámara Colombiana de la Infraestructura aseguraba un valor mayor, $912.000 millones—, en un proyecto integrado por empresas colombianas, españolas y una mexicana.

Hoy la historia es mucho más complicada. La obra cuenta con un retraso de más del 50% y los contratistas deben responder por más de la mitad del presupuesto entregado. Peor aún, el exministro de Transporte, como principal autoridad de la época en el tema, deberá responder adónde fueron a parar los dineros que se pagaron, según la Contraloría, sin razón de ser.