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Defender, defender y defender (Opinión en el día por el aborto legal)

En el 28 de septiembre, día de acción global por la despenalización del aborto, Ana Cristina González, pionera del movimiento Causa Justa en Colombia, comparte la siguiente columna.

Ana Cristina González Vélez
28 de septiembre de 2024 - 09:22 p. m.
Causa Justa es el movimiento que le pidió a la Corte Constitucional eliminar el delito de aborto del código penal.
Causa Justa es el movimiento que le pidió a la Corte Constitucional eliminar el delito de aborto del código penal.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
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Cada 28 de septiembre se conmemora el día de acción por la despenalización del aborto, como una forma de recordar que miles de mujeres en todo el mundo, incluido nuestro país, siguen enfrentando prohibiciones y barreras cuando deciden interrumpir un embarazo.

En Colombia, gracias a la demanda del Movimiento Causa Justa, mucho ha cambiado desde el 2022 cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 y mantuvo las tres causales establecidas en el 2006 después de este plazo. En este, como en muchos otros asuntos relativos a la igualdad de género, los movimientos feministas han sido el motor de los avances. Dos años después de la Sentencia C-055, Causa Justa sigue luchando por la libertad reproductiva y actuando en distintos frentes que han permitido avanzar la agenda, pero también enfrentando las acciones de los grupos anti-derechos que, sin aportar al debate democrático, buscan retroceder en todo lo alcanzado.

En Colombia hemos consolidado un movimiento de defensoras de la libertad reproductiva jugado para que a cada mujer se le respete su libertad de conciencia en condiciones de igualdad, tal como estipuló la Corte. Un movimiento que hizo posible aquello que parecía imposible y que hoy actúa para que sea una realidad en la vida de todas las mujeres. Pero mientras nosotras seguimos ofreciendo evidencias y argumentos para que se consolide el marco normativo necesario rente al aborto (hoy contamos, entre otras, con la Directiva 009 de 2023 de la Fiscalía General de la Nación, y con la Resolución 051 del Ministerio de salud y la Circular reciente de la Supersalud), los grupos contrarios a la garantía de los derechos de las mujeres han interpuesto ya tres demandas de nulidad contra la Resolución y al menos dos en contra de la Circular.

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En la propia Corte Constitucional la decisión judicial ha sido objeto de constantes ataques, que nos han obligado a actuar en su defensa como movimiento, destacándose las 49 solicitudes de nulidad de la Sentencia Causa Justa que han sido rechazadas o denegadas, y las 17 demandas de constitucionalidad que buscan imponer barreras en el acceso a la IVE —también rechazadas y archivadas—. Así que la decisión sigue en firme y la Corte Constitucional ha reiterado sus estándares frente a la IVE en varias sentencias y autos de nulidad que sirvieron, además, para reafirmar que las niñas y las mujeres indígenas tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo sin la injerencia de terceros.

Y en el Congreso no se quedan atrás. De 75 proyectos radicados desde julio 2022 hasta septiembre 2024, un 46.7% (35) son regresivos atentando no solo en contra del derecho al aborto, sino también contra la información en salud sexual y reproductiva y la educación sexual integral. La mayoría de estos proyectos han sido impulsados por los partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal y Mira, en cabeza de los miembros de la denominada Bancada Pro derechos. El otro 53% de los proyectos presentados, que podrían ampliar la protección de los derechos sexuales y reproductivos, impulsados principalmente por el Pacto Histórico o Congresistas independientes, no han logrado llegar a debates serios en sus respectivas comisiones o en las plenarias.

Finalmente, a las mujeres se las sigue criminalizando y siguen enfrentando barreras de acceso. Por un lado, se han reportado 191 hechos nuevos por delito de aborto consentido (febrero del 2022 a 31 de julio de 2024) siendo el 2023 el que registró el pico más alto con 78 hechos nuevos pese a la Directiva antes mencionada. Y en este mismo período el número de casos por delito de aborto consentido es mayor en un 88,5% que los casos por delito de aborto sin consentimiento lo que muestra que la acción judicial se ensaña contra el ejercicio de la autonomía reproductiva de las mujeres que deciden abortar y no contra quienes atentan contra quienes causan abortos sin consentimiento. Del otro lado, las mujeres siguen enfrentando barreras de acceso que incluyen la vulneración de su intimidad e incluso la confidencialidad de la historia clínica, pero también la negación del aborto por la sola voluntad, el uso indebido de la objeción de conciencia e incluso prácticas valoradas como violencia obstétrica que incluyen el manejo subóptimo del dolor.

Sin embargo, acá estamos, mucho más fuertes como movimiento y no solo luchando por la implementación, protegiendo el fallo y avanzando la despenalización social, sino expandiendo el mensaje sobre la urgencia de eliminar el delito de aborto del código penal a otros países de la región como el Ecuador. Allí, muchas compañeras del movimiento Justa Libertad se han inspirado en nuestra lucha para demandarle a su Corte Constitucional que se abandone el uso del derecho penal. Y acá estamos, también moviendo de lugar la conversación sobre el aborto, viendo como desde los medios se promueven debates informados y no polarizantes. Y viendo también, claro, como ciertos grupos y una buena parte de la clase política ha sido incapaz de leer el cambio que nos trajo la decisión Causa Justa.

Pero nosotras no paramos. Al fin de cuentas, la historia se mueve hacia adelante y la democracia se consolida debatiendo y actuando con argumentos, transparencia, y valores. Como el de la libertad. ¿Hay una Causa más Justa?

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Ana Cristina González Vélez

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