Dice el presidente de la JEP: “No queremos sentencias de papel”

“¿Cuál es la utilidad de los fallos condenatorios con penas elevadas (en la justicia ordinaria), si no se pueden cumplir?”, pregunta Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Las primeras sentencias que proferirá la JEP se conocerán pronto, según se ha informado ¿Cuándo se concretarán y respecto de quiénes?

Después de las audiencias de verificación que tuvieron lugar a finales de julio y principios de este mes, el Tribunal tiene 20 días para tomar decisiones, de manera que para mediados de septiembre deberán conocerse las primeras sentencias. En este momento los magistrados están estudiando a. la viabilidad de las propuestas de sanción que elaboraron las víctimas b. la suficiencia de los aportes de verdad de los comparecientes y c. la sostenibilidad de los proyectos que deberán ejecutar los responsables, de acuerdo con las sanciones que se les impongan. En cuanto a quiénes serán sentenciados, por un lado, se va a definir la responsabilidad de 7 exintegrantes del antiguo secretariado de las extintas Farc-EP en materia de secuestros a nivel nacional y en los otros crímenes cometidos por esa guerrilla en el contexto del cautiverio: desaparición forzada, homicidio, tortura, esclavitud y violencia sexual. Y, por otro lado, se analizará la responsabilidad de 12 máximos responsables del Batallón La Popa, en la costa Caribe, que aceptaron su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate.

¿Cuál grupo de comparecientes será sentenciado en primer lugar, el de las FARC o el de los militares que incurrieron en crímenes?

Eso no se sabe aún. Depende de la evaluación del Tribunal. En todo caso, las sentencias se referirán a los 7 exintegrantes del antiguo Secretariado de la guerrilla y a los 12 militares del Batallón La Popa que aceptaron su responsabilidad en los crímenes mencionados.

Si la JEP encuentra que los aportes a la verdad de esos grupos no ha sido suficiente, ¿qué sucedería? ¿Se agravarían las sanciones?

No se trata de agravamiento. Debe quedar claro que el compromiso con la verdad no termina con la sentencia. Si se encuentra que hay vacíos o que se requiere otro tipo de precisiones, podrán volver a ser llamados para que respondan.

Crímenes como los que usted menciona, cometidos tanto por la guerrilla como por los militares, a saber, desaparición forzada, tortura, violencia sexual y desapariciones falsamente presentadas como bajas en combate, ente otros, no se pueden amnistiar según el derecho internacional ¿Qué tipo de sanciones aplicará la JEP en estos casos?

Efectivamente, los crímenes mencionados no son amnistiables pero los responsables sí pueden recibir sanciones propias si revelan la verdad plena de los hechos cometidos en el conflicto.

¿Algunos comparecientes podrían recibir amnistía total o suspensión de la acción penal del Estado en su contra?

Los máximos responsables que aporten verdad y reconozcan que ocurrieron hechos que son crímenes de guerra, de lesa humanidad y que causaron daños, recibirán una sanción restaurativa, a cambio, insisto, de confesión plena. Quienes nieguen su responsabilidad sobre crímenes internacionales, serán sometidos a un juicio tal como sucedería en la justicia ordinaria y de ser encontrados responsables, pagarán cárcel hasta por 20 años. En esta situación se encuentra, en etapa de juicio, el coronel (r) Publio Hernán Mejía por lo ocurrido en la costa Caribe; y el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, por lo acontecido en el cementerio de Dabeiba. En cuanto a los comparecientes que no son máximos responsables, estos deberán aportar verdad, reconocer su responsabilidad y ejecutar acciones restaurativas. Finalmente, hay algunos delitos que son amnistiables, como la rebelión y respecto de estos también se pronunciará la JEP.

Cuando se aplique la amnistía, es decir el perdón total, ¿también habrá derecho al olvido, es decir, que deberán borrarse esos registros “penales” de todos los archivos judiciales en Colombia y en el exterior?

Sí. Siempre que hay amnistía, se borran todos los archivos en donde se hayan registrado esos casos.

Las “sanciones restaurativas” de las que usted habla, son de naturaleza diferente a la de ser recluido en una celda ¿Significa que los comparecientes ante la Jurisdicción Especial de Paz no recibirán penas severas como los que aplica la justicia ordinaria?

Pues mire, la justicia ordinaria había proferido sentencias en contra de algunos comparecientes ante la JEP, por ejemplo, en cuanto a los secuestros cometidos por las antiguas FARC. Pero las penas impuestas en esos fallos jamás se cumplieron porque fueron dictadas en ausencia de los culpables que nunca pudieron ser capturados. Las sentencias de la justicia ordinaria existían, pero fueron ineficaces; aparte de eso, las víctimas no participaron activamente en esos procesos como sí lo han hecho en esta jurisdicción ¿Cuál es la utilidad de los fallos condenatorios con penas elevadas (en la justicia ordinaria), si no se pueden cumplir?

Según el diseño jurídico que se le dio en la negociación del Acuerdo de Paz, ¿cuál es la lógica de las sanciones de la JEP? ¿Por qué es tan diferente, casi opuesta al modelo de la justicia ordinaria?

Fue la fórmula que se acogió para lograr la dejación de las armas sin que hubiera impunidad, como ha ocurrido en otros sistemas de justicia transicional. En este modelo, la pena tiene propósitos diferentes, a cambio de verdad, reconocimiento y restauración. Pero no bastan los reconocimientos genéricos: la aceptación de responsabilidad no puede ser en abstracto, sino que el compareciente tiene la obligación de aportar lo que sepa con relación a la comisión de todos los delitos. Su fundamento debe ser la investigación exhaustiva que adelanta la JEP, que se construye con la contrastación de miles de pruebas y teniendo en cuenta la voz de las víctimas y de los responsables. El logro más importante de este sistema es haber puesto a las víctimas en el centro y lograr verdades jamás develadas. Nunca antes la justicia había escuchado de forma tan atenta y sistemática la voz de mujeres, niños y niñas, pueblos étnicos o personas con orientación sexual o identidad de género diversa. Esto nos ha permitido imputar a los antiguos mandos altos y medios de las FARC, crímenes por los que nunca habían sido investigados tales como la violencia sexual, crímenes ambientales o el uso de minas antipersonales.

Sin embargo, algunas víctimas se quejan y sienten que la JEP las ha dejado de lado, sobre todo, en la imposición de sanciones ¿Es cierto, como sostienen los críticos, que la JEP está sacrificando el valor “justicia” por el valor “paz” debido a lo que pactaron el Estado y las antiguas FARC?

No comparto esa afirmación. Sin justicia no hay paz. La cuestión es qué se entiende por justicia. Antiguamente, los hechos del conflicto se investigaban de manera dispersa, hecho por hecho, limitándose a los autores materiales que suelen encontrarse en la parte más baja de la cadena de mando. En la JEP hemos asociado esos hechos para develar patrones y planes criminales que afectaron a miles de víctimas. Hemos logrado que los máximos responsables, no solo los autores materiales, reconozcan su responsabilidad. Gracias a ello, hoy el país sabe que hubo una política (permanente) de secuestro que tuvo motivos financieros y estratégicos con ocasión de la cual, se torturó y esclavizó a las víctimas. También hemos podido explicar cuáles fueron los profundos daños que causó el reclutamiento forzado; cómo la guerrilla afectó a los pueblos étnicos del suroriente del país. Y cómo se presentó una práctica sistemática, en todo el país, que permitió el asesinato y desaparición de civiles inocentes (por militares), que fueron presentados como falsas bajas en combate. Desde mi punto de vista, esta verdad ofrece justicia para lograr la paz.

En todo caso, las víctimas sienten que las sanciones no corresponden al daño y tamaño de los crímenes atroces que se cometieron en el conflicto armado ¿Cuál es la diferencia entre las que la JEP llama sanción restaurativa, sanción retributiva y sanción punitiva?

La sanción propia le apunta a la restauración del daño a condición de que los comparecientes reconozcan su responsabilidad y, así, puedan reincorporarse a la sociedad. La sanción retributiva o punitiva implica cárcel y será aplicada a quienes nieguen su responsabilidad y sean vencidos en juicio.

Aun cuando las sanciones restaurativas incluyen restricciones a la libertad, no implican pagar la pena entre cuatro rejas. El sancionado puede “hacer trabajos, obras y actividades con contenido reparador (Toar)”. Lo que en el papel parece fácil, en la realidad, sin embargo, es complicado ¿Cuáles son los planes u obras que harán los comparecientes?

Los proyectos y las sanciones propias se conocerán cuando salgan las sentencias. De entrada, se ha hablado de grandes tareas restaurativas que tienen que ver con búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario, recuperación del medio ambiente, espacios comunitarios, así como proyectos relacionados con la reparación simbólica y de construcción de la memoria histórica. Esas líneas se concretarán por fases, tras la concertación con las víctimas en varios proyectos específicos. El presupuesto debe ser asignado por el Gobierno nacional y por los gobiernos locales. Justamente, se ha venido trabajando en mesas técnicas con las entidades del Estado para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos restaurativos. También nos hemos reunido con empresarios interesados y con representantes de la comunidad internacional, para ponerlos en marcha. Sobre la verificación, existe todo un sistema de monitoreo que ya hemos puesto a prueba. Los magistrados supervisarán el cumplimiento de las sentencias con el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva y del acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Es importante señalar que no queremos sentencias de papel.

Quienes sí sean sentenciados con cárcel, ¿irán a una prisión común o a una especial?

Depende. Si son integrantes de la Fuerza Pública estarían en las cárceles dispuestas para militares y policías. Si se trata de exintegrantes de las antiguas FARC, irían a reclusiones ordinarias.

La percepción de las víctimas de que hay comparecientes cuyas conductas quedarán impunes, puede deberse, además, a que la reparación del daño que les causaron (por ejemplo, la desaparición o asesinato de un hijo) no se le exigirá a cada responsable, sino que se aplicará de manera colectiva ¿Cree que esta es una dificultad real?

Esa percepción tiene una raíz cultural. Solemos pensar que solo con cárcel se hace justicia. Para la JEP, siendo esta un tribunal de paz y un sistema de justicia de transición, también es justicia que se sepa y que se reconozca qué fue lo que pasó, que se reivindique el nombre de las víctimas, de sus familias y de las comunidades, y que se encuentre a los desaparecidos, entre muchos otros logros. De este modo se combate la impunidad. En Colombia nunca se le había pedido a un responsable que restaurara a sus víctimas y ni siquiera que reconociera que lo que hizo fue un crimen que afectó a alguien. La JEP está cambiando eso. Que los hechos se agrupen en patrones macrocriminales, permite que la verdad y el reconocimiento de lo que ocurrió, abarque el mayor número de víctimas posible. De todas formas, es importante señalar que las víctimas sí nos han insistido en que esperan ser reparadas de forma individual. Esa es una tarea que está en manos de la Unidad para las Víctimas, no de la JEP. Aun así, nosotros estamos impulsando esos procesos.

Otra queja de las víctimas es que la JEP les aplica un bajo estándar de verdad y reparación a los comparecientes. Por ejemplo, el caso de una señora a la que no le han dicho en dónde están los restos de su esposo. ¿Cómo responde la JEP a esta inconformidad?

Estamos haciendo lo posible por dar el mayor número de respuestas al mayor número de víctimas. Por eso, el caso nacional de secuestro desciende a lo territorial y en la cadena de mando, así como en el de falsos positivos se asciende en la línea de los responsables y ampliando el análisis de casos ilustrativos ocurridos en territorios no priorizados. Así mismo, seguimos con las demás investigaciones sobre otros crímenes, otras estructuras, en otros territorios. Lo realizamos así para buscar el mayor número de respuestas posibles.

Quizás no vamos a responder todas las demandas de verdad, pero tenemos el compromiso de avanzar tanto cuanto podamos en el tiempo que nos fue asignado.

Desde cuando el Acuerdo de Paz estaba en construcción, se dijo que las víctimas siempre tendrían un lugar central en su ejecución. En cuanto corresponde a la JEP, ¿esa promesa se ha cumplido estrictamente o se ha ido rezagando por la fuerza del hecho de que nunca se logrará llegar a la verdad plena del conflicto armado?

Estoy convencido de que este tribunal ha escuchado como ningún otro a las víctimas y que ellas han tenido un papel central. Hemos buscado que, desde el inicio, el proceso sea restaurativo, garantizando su participación con acompañamiento psicológico y jurídico. Le pongo un ejemplo: Aparte de estudiar los informes de la Fiscalía, de las organizaciones de la sociedad civil, entre otros, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRV) de la JEP se tomó dos años en el Caso 01 para escuchar a las casi 800 víctimas que hicieron observaciones a lo dicho por los comparecientes y, además, recibió 1200 escritos. Y luego, cuando el proceso llegó a la Sección de Reconocimiento, se han dado realizado cerca de 95 actividades en las que las víctimas han podido hacer observaciones a las decisiones de la JEP y a los proyectos de sanción presentados por los comparecientes. En la Audiencia de Verificación también tuvieron un espacio para escuchar nuevamente sus preocupaciones. Es gracias a todo este proceso que se ha logrado documentar la dimensión del daño, contrastar lo dicho por los comparecientes y construir los proyectos de sanción.

Cuando las críticas a la JEP vienen del sector que se opuso al Acuerdo de Paz, se entiende que adolece de sesgos políticos. Pero cuando las víctimas exponen su inconformismo como está sucediendo ahora, ¿la reputación de la JEP, sufre daño y ustedes corren riesgo de perder credibilidad?

No. Que pueda haber críticas dentro del proceso judicial, es solo una muestra de que el trámite dialógico es real. Y que la JEP disponga de espacios en los que la magistratura escucha esos reparos y procura gestionarlos, es una comprobación de que la JEP trabaja por ellas. Los reproches nos ayudan a entender qué podemos hacer mejor para cumplir con nuestro mandato.

En cambio, en el exterior la JEP goza de reconocimiento ¿Se mantiene el respeto por la jurisdicción o su imagen se ha lesionado por las evidentes fallas en el cumplimiento de los compromisos pactados en el Acuerdo de Paz?

La reputación de la JEP se mantiene intacta a nivel internacional y en todos los círculos. Desde la academia hasta los organismos internacionales nos invitan a que les expliquemos este modelo de justicia pues consideran que estamos dejando un legado en el campo de la Justicia Transicional Restaurativa en Colombia y el mundo. Muestra de la confianza de la comunidad internacional fue el irrestricto apoyo que recibimos en la pasada sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, que tuvo lugar el pasado 18 de julio, en donde los miembros de ese organismo expresaron su satisfacción por los resultados obtenidos por la JEP en estos siete años.

“A muchas víctimas no les interesa que los responsables vayan a la cárcel”

Las sanciones de la JEP han sido rechazadas por una parte de la sociedad, por ser aparentemente leves. De ahí nace la expresión peyorativa de que ustedes pondrán a “sembrar lechugas” a quienes asesinaron, a los civiles, a sangre fría ¿Cómo rebate usted esa crítica tan gráfica como demoledora?

Esa afirmación parte del desconocimiento absoluto de lo que hacemos. Los proyectos de sanción, en la JEP, han sido construidos de la mano de las víctimas. Solo para mencionar un ejemplo, Beatriz Carmona, cuya pareja y dos cuñados fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos por el bloque noroccidental de las Farc-EP en Mutatá (Urabá), propuso la siembra de un bosque con los nombres de las víctimas de desaparición forzada. Ella aspira a que sea un lugar de pedagogía para que los más jóvenes no opten por las armas. A otras personas de la sociedad les podrá parecer poco levantar un bosque, pero para quienes son los directamente afectados, resulta fundamental. Muchos de ellos nos han dicho que, después de conocer la verdad, escuchar el reconocimiento y ver que se reivindicó el buen nombre de su ser querido, no les interesa que los responsables estén la cárcel.

“Nunca se había visto tanta construcción de verdad (sobre el conflicto armado)”

Ha habido desacuerdos con la JEP por la supuesta laxitud de unos magistrados con los comparecientes que han incumplido sus compromisos ¿Por qué algunos exmilitares y exguerrilleros que se han negado a aceptar sus responsabilidades, ¿continúan gozando de beneficios?

El aporte a la verdad y la aceptación de responsabilidad es condición para obtener los beneficios de la justicia transicional y la JEP ha sido muy estricta con la valoración de los compromisos de los comparecientes. Quienes han negado su responsabilidad, son sometidos a juicio y si son vencidos en este, irán a la cárcel. Sin embargo, es comprensible que en casos en los que participan centenares de personas y en los que no se analiza hecho a hecho, algunas víctimas sientan que sus demandas específicas no son satisfechas debido a que el proceso, en sí mismo, y lo que saben los comparecientes, tiene unos límites si se tiene en cuenta el lugar de los responsables en la organización, sus roles y su grado de participación. En cualquier caso, la construcción de verdad que ha logrado la JEP tras la contrastación de miles de pruebas, nunca se había visto, ni se había logrado tanto reconocimiento por parte de los responsables.