Dimar Torres: condenan a 20 años de prisión a cabo por homicidio del excombatiente

Tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta condenó a 20 años de prisión al cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo por el homicidio del excombatiente de las Farc Dimar Torres Arévalo. El uniformado fue la persona quien disparó en contra de la humanidad de Torres el pasado 22 de abril de este año en la vereda Carrizales del municipio de Convención.

"El cabo Gómez Robledo aceptó vía preacuerdo su responsabilidad por el delito de homicidio en persona protegida, por el cual pagará una pena de 240 meses de prisión (20 años), sin ningún beneficio penal", señaló la Fiscalía en un comunicado. Por estos hechos está pendiente la programación de audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra el coronel en retiro Jorge Armando Pérez Amézquita y tres soldados del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 (Batot-11).

(En contexto: Desvinculan del Ejército a testigo del caso Dimar Torres)

Este caso ha conmocionado al país por tratarse, aparentemente, de una ejecución extrajudicial y por la forma como se produjo pues miembros del Ejército mataron a un desmovilizado en proceso de reinserción y sin armas; porque gente de la comunidad impidió que los uniformados lo enterraran de forma improvisada; y porque que el ministro de Defensa de entonces, Guillermo Botero dio inicialmente una versión de este episodio que en nada correspondía a la realidad. 

Luego, la revista Semana reveló que el homicidio de Torres al parecer fue una retaliación tras la muerte, el  1° de abril pasado, en zona rural de Ocaña, del soldado Pablo Borja García tras pisar un artefacto explosivo. En respuesta, el coronel (r) Jorge Pérez Amezquita, quien también está investigado por este caso, ordenó dar con los responsables. “Hay que destruirles cuanta mierda tengan (...) yo no necesito reportar nada. Necesito es vengar la muerte del soldado, hay que matar”, habría dicho el oficial (r), según declaraciones dadas por soldados al ente investigador.

(En contexto: Caso Dimar Torres: el paradójico argumento del coronel (r) bajo la lupa de la Fiscalía)

Días después, el cabo (r) Gómez Robledo le informó al subteniente John Javier Blanco y al coronel (r) Pérez Amézquita que Dimar Torres era el probable autor de la muerte del soldado Borja. Lo acusó de haber sido explosivista del Eln, pero, según el reportaje, ni él tenía sustento de sus señalamientos ni el coronel las pidió. El cabo (r) Gómez Robledo empezó a seguir de cerca los movimientos del excombatiente y el 22 de abril, dice la Fiscalía, el uniformado lo interceptó cuando iba en su moto y lo asesinó: “Motivado por la orden del coronel, el cabo resolvió dolosamente ejecutar la muerte”.

El coronel (r) Pérez Amézquita y los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yeison Alexánder Buriticá Duarte buscaron que su caso saliera de la justicia odinaria y pasara a la justicia penal militar, petición que fue rechazada por un juzgado de conocimiento. Con esta decisión, la Fiscalía ya puede solicitar nuevamente audiencia pública para imputarle cargos al oficial por la muerte del excombatiente.

Tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta condenó a 20 años de prisión al cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo por el homicidio del excombatiente de las Farc Dimar Torres Arévalo. El uniformado fue la persona quien disparó en contra de la humanidad de Torres el pasado 22 de abril de este año en la vereda Carrizales del municipio de Convención.

"El cabo Gómez Robledo aceptó vía preacuerdo su responsabilidad por el delito de homicidio en persona protegida, por el cual pagará una pena de 240 meses de prisión (20 años), sin ningún beneficio penal", señaló la Fiscalía en un comunicado. Por estos hechos está pendiente la programación de audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra el coronel en retiro Jorge Armando Pérez Amézquita y tres soldados del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 (Batot-11).

(En contexto: Desvinculan del Ejército a testigo del caso Dimar Torres)

Este caso ha conmocionado al país por tratarse, aparentemente, de una ejecución extrajudicial y por la forma como se produjo pues miembros del Ejército mataron a un desmovilizado en proceso de reinserción y sin armas; porque gente de la comunidad impidió que los uniformados lo enterraran de forma improvisada; y porque que el ministro de Defensa de entonces, Guillermo Botero dio inicialmente una versión de este episodio que en nada correspondía a la realidad. 

Luego, la revista Semana reveló que el homicidio de Torres al parecer fue una retaliación tras la muerte, el  1° de abril pasado, en zona rural de Ocaña, del soldado Pablo Borja García tras pisar un artefacto explosivo. En respuesta, el coronel (r) Jorge Pérez Amezquita, quien también está investigado por este caso, ordenó dar con los responsables. “Hay que destruirles cuanta mierda tengan (...) yo no necesito reportar nada. Necesito es vengar la muerte del soldado, hay que matar”, habría dicho el oficial (r), según declaraciones dadas por soldados al ente investigador.

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Días después, el cabo (r) Gómez Robledo le informó al subteniente John Javier Blanco y al coronel (r) Pérez Amézquita que Dimar Torres era el probable autor de la muerte del soldado Borja. Lo acusó de haber sido explosivista del Eln, pero, según el reportaje, ni él tenía sustento de sus señalamientos ni el coronel las pidió. El cabo (r) Gómez Robledo empezó a seguir de cerca los movimientos del excombatiente y el 22 de abril, dice la Fiscalía, el uniformado lo interceptó cuando iba en su moto y lo asesinó: “Motivado por la orden del coronel, el cabo resolvió dolosamente ejecutar la muerte”.

El coronel (r) Pérez Amézquita y los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yeison Alexánder Buriticá Duarte buscaron que su caso saliera de la justicia odinaria y pasara a la justicia penal militar, petición que fue rechazada por un juzgado de conocimiento. Con esta decisión, la Fiscalía ya puede solicitar nuevamente audiencia pública para imputarle cargos al oficial por la muerte del excombatiente.