En una decisión de 74 páginas, proferida por un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos, se siguen conociendo rastreos financieros, propiedades, sociedades y dineros del cartel de carteles que infiltró al Independiente Santa Fe. Una organización encabezada por dos ex agentes del CTI y un esmeraldero de Boyacá, con eslabones en la Policía y la Fiscalía para evitar expedientes en su contra, y que lavó ni más ni menos que 10,5 billones de dólares. Las autoridades ya no tienen dudas de que algo de esa multimillonaria cifra ingresó a las misteriosas arcas de club cardenal. Desde hace ocho años, cuando menos.
La providencia de la Fiscalía, conocida por El Espectador, ahonda en detalles sobre 150 inmuebles, 43 sociedades o establecimientos, cinco lujosos vehículos y hasta compra de acciones del grupo Aval, de la estatal Ecopetrol o de la firma Brío de Colombia, en cabeza de señalados testaferros de estas mafias. Una compleja telaraña comercial patrocinada por los capos Luis Agustín Caicedo Velandia, alias Don Lucho; Claudio Javier Silva Otálora, alias El Patrón, y Julio Alberto Lozano Pirateque, alias Don Julio, éste último aún prófugo y de quien se tienen indicios estaría en Centroamérica.
Los tres con conexiones en Guateque, Boyacá. Según algunas pesquisas, al parecer muy cercanos a los ex presidentes del Expreso Rojo Luis Eduardo Méndez Bustos, condenado a 70 meses de prisión en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico, y Tulio César Bernal, el ex senador oriundo también de Guateque. Los extraños capitales de Caicedo, Silva y Lozano fueron documentados por agentes especiales del Servicio de Inmigración y Aduanas norteamericano (ICE por su sigla en inglés), quienes concluyeron que desde 1998 han multiplicado su patrimonio de la mano del tráfico de estupefacientes y de la estratégica diseminación de sus fondos ilegales entre testaferros y familiares que durante una década pasaron de agache.
Por ejemplo, de Luis Agustín Caicedo Velandia, detenido en Argentina el 13 de abril de 2010 y extraditado tiempo después a Estados Unidos, se lee que hay evidencias de que hasta hace poco era el jerarca tras bambalinas de los grupos de narcotraficantes más perseguidos en Colombia: el de Daniel El Loco Barrera, Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, y los hermanos Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna, conocidos como los hermanos Comba. En 1992, reseña la Fiscalía, comenzaron sus actividades ilícitas y de igual forma, exponencialmente, a incrementar sus activos.
Es propietario de una compra venta de grano y abarrotes en Bogotá, de un local en un centro comercial de Zipaquirá y de un porcentaje de Disproagrícola, firma de distribución de insumos del campo. A su hermano Juan Francisco Caicedo, quien huye de la justicia y está en el pasillo de la extradición, le figuran acciones en la sociedad ABC Accesorios y Esmeralda de Muzo de Colombia. Otro de sus hermanos, José Esteban Caicedo, tiene empresas de combustibles, lubricantes y estaciones de servicio en Bogotá y Tenjo, Cundinamarca. En algunas de estas sociedades también aparecen las familiares de los capos, Lilian Matilde, Carmen Rosa y Ana Vicenta Velandia, verbigracia las compañías Servimarketing o City Station Service.
Sobre el ‘narco’ Julio Alberto Lozano, de quien se sospecha en la Unidad Antimafia de la Fiscalía que fue el que más billete aportó subrepticiamente al Santa Fe, la decisión de la Fiscalía revela que a través de sus hijos, hermanos y amigos, y bajo la fachada de próspero esmeraldero, adquirió bienes en edificios exclusivos de Bogotá, Melgar, Girardot, Zipaquirá, Guateque y Somondoco, Boyacá. Peritos contables de la Policía, en extensos reportes conocidos por este diario, articularon sus propiedades en el centro y el sur de la capital, en los establecimientos de comercio Inversiones Los Canelos, Emerald Imperium Ltda. o distribuciones AM & JL.
Pero lo más interesante son sus nexos como accionista de las firmas Mineros de Muzo y Esmeracol. Lozano utilizó como testaferros, advierte la Fiscalía, a su hija Johanna Katalina, quien a sus 19 años registraba actividades comerciales por $90 millones en la Cámara de Comercio y tiene un patrimonio de $250 millones que le salió de la nada. Igual ocurrió con los hermanos del capo, Marco Fidel, Miguel Héctor o Sandra Patricia Lozano, a quienes les aparecen millonarios incrementos por justificar en criterio de los anexos contables descritos por los peritos de la Dijín de la Policía. Lotes urbanos, predios rurales o fincas en Guateque, tiendas de expendio de bebidas alcohólicas, cafeterías o comidas, bares, entre otros, fueron afectados con embargos y procesos de extinción de dominio.
Los reportes sobre Jesús Hernando Sánchez, uno de los socios del hoy capo de capos, Julio Lozano, detallan aún más las vueltas de esta organización. Como representante legal de la firma CI Perfect Emerald y socio de Esmeracol, se estableció que en los últimos quince años se ha enriquecido con muchas lagunas por explicar e incrementos patrimoniales excesivos de casi $2.000 millones, como lo evidencian los reportes de los agentes norteamericanos. A él le figuran 54 bienes en Tabio, Villavicencio, Girardot y Puerto López. El de la capital del Meta, para no ir más lejos, tiene 503.304 metros cuadrados.
El tercer eslabón del cartel que corrompió, al decir de la Policía, las finanzas del Expreso Rojo de Bogotá es Claudio Javier Silva Otálora, el narco capturado en mayo pasado en Puerto Gaitán, Meta; un hombre nacido en Zipaquirá que se hizo de la mano del sanguinario traficante del cartel del norte del Valle Wílber Varela, alias Jabón, pero que pronto ascendió como heredero de su poder y administrador de sus bienes, junto con su núcleo familiar. Propiedades en Guaduas, Zipaquirá y Bogotá, en cabeza de su esposa, Berta Yaneth Plata Ocampo; su hijo Javier Rubén Silva Plata y su cuñada, Damaris Plata Ocampo, ya fueron confiscados por la Fiscalía.
La finca La Isla, en Guaduas, de 6.500 metros cuadrados, figura con un valor comercial de $52’600.000; un lote en el noroccidente de Bogotá, cuya propietaria es su cuñada, registra un valor de $90 millones, y así otro centenar de bienes avaluados en más de $70 mil millones. En conexión con Santa Fe se sabe que Damaris Plata figuró en la nómina de administración del club no hace mucho y en 2007 apareció como coordinadora de las escuelas de formación deportiva. Todos los bienes, movimientos, cuentas y registros bancarios de Silva Otálora y su familia son rastreados con lupa por fiscales para esclarecer cuánto de su capital ilícito financió al equipo bogotano.
Ya en otros reportajes El Espectador había revelado los pasos de este cartel de drogas y otras anomalías del club. Por ejemplo, que según reportes de la Fiscalía, 44 socios del Santa Fe figuran con antecedentes judiciales; que un ex presidente de ese club, Hugo Prieto, según reportes de las autoridades, tuvo vínculos con José Henry Romero, este último rotulado como enlace de una red internacional de narcotráfico; o que desde los tiempos grises en los que tomó las riendas del equipo el empresario César Hernando Villegas, condenado por el proceso 8.000 y asesinado en 2002 en Bogotá, los capitales no identificados abundan.
De regreso a la decisión de la Fiscalía, se tiene que otros señalados colaboradores de Lozano y sus secuaces multiplicaron sus patrimonios súbitamente, como en el caso de Darío Barragán, Barcelio González, José Guillermo Montes Jaramillo o Franklyn Gaitán Marentes, un ex detective del DAS encargado de custodiar la seguridad de sus patronos y corromper a cuanta autoridad podía. En la extensa providencia de un fiscal especializado se resalta un episodio particular del abogado Ricardo Villarraga Franco, detenido en Miami por el delito de obstrucción a la justicia, conocido con el alias de El Doctor y cuyo hijo pertenece a la nómina del onceno cardenal.
Un testigo protegido les contó a los agentes norteamericanos del ICE que contrató por un pago de $100 millones los servicios de Villarraga, quien le prometió que tenía acceso a la Fiscalía y podía conseguir los nombres de los fiscales y las pruebas que tenían en contra de la organización de Lozano, Caicedo y Silva. El declarante relató que Villarraga le dijo que “tendría que pagar al fiscal $100 millones para romper el hielo”, y es así como obtienen archivos reservados del ente acusador. Es a través de Villarraga que las alertas por posibles pesquisas judiciales se prendieron entre los capos que infiltraron a Santa Fe. Para la justicia es claro que el abogado incurrió en el delito de cohecho y por eso le embargan tres bienes, ubicados en Fusagasugá y Facatativá.
En síntesis, la investigación de funcionarios americanos, en estrecha colaboración con fiscales de la Unidad Antimafia, de Lavado de Activos y oficiales de la Policía, puso en contexto cómo se colaron dineros del narcotráfico al tradicional club cardenal y evidenció cómo un triunvirato de desconocidos era el que les daba las órdenes a los narcotraficantes Daniel El Loco Barrera, los hermanos Comba o alias Cuchillo. El presidente del Santa Fe, César Pastrana, dijo que las cuentas del equipo están abiertas para cualquier pesquisa. La justicia ya se apresta a efectuarlas y se prometen muchas sorpresas.