Por posibles irregularidades derivadas en procesos de contratación adelantados en 2016 y 2018, la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra el director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT), Andrés Augusto Castro Forero y su secretario general, Yair de Jesús Soto Builes.
La decisión del ente de control también cobija a Jesús Ricardo Sabogal Urrego y Alcelis Coneo Barboza, en sus condiciones de directores generales y directora encargada, respectivamente; Miguel Andrés Franco Lemus y Edilma Rojas Rojas, exsecretarios generales; Fabián Leonardo Herrera Rico, profesional de redes; Luis Alberto Clavijo, entonces jefe de la oficina de Tecnologías de la Información, y Elizabeth Novoa Cucarian, líder del Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa, para la época de los hechos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En este caso, el Ministerio Público investiga las posibles fallas en la planeación de varios procesos de contratación que culminaron con dos órdenes de compra de 2016 y alrededor de siete contratos de prestación de servicios en 2018, pues, al parecer, la justificación para constituir reservas presupuestales en la vigencia 2018 no corresponde a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, como se señaló en su momento.
En el marco de las investigaciones, la Procuraduría en cabeza de Margarita Cabello busca establecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos que aparentemente habrían generado una sobreestimación de las reservas presupuestales en más de 1.355 millones de pesos. Sobre estos hechos, tanto Castro Forero como las siete personas vinculadas en la investigación podrán solicitar ser escuchados en versión libre con el propósito de entregar su versión sobre los hechos por los cuales se les acusa.
Sobre la investigación, la Unidad de Restitución de Tierras aclaró que ni Castro ni Soto hacían parte de la entidad en ese momento, pues los funcionarios llegaron a la entidad en octubre de 2018. A su vez, resaltaron que el caso tiene que ver con la constitución de reservas presupuestales situación que hace parte de un ejercicio de planeación que se está investigando.