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12 Jul 2021 - 8:57 p. m.

Director del Inpec no irá a prisión por denuncia de hacinamiento en Huila

El pasado 2 de julio, un juzgado de Pitalito (Huila) ordenó el arresto del director del Inpec, el general Mariano Botero Coy, por desacatar una tutela. Sin embargo, el Tribunal Superior de Neiva acaba de decretar que, en realidad, sí descongestionó las estaciones de Policía en la región.
General Mariano Botero Coy, durante su posesión el pasado 21 de enero.
General Mariano Botero Coy, durante su posesión el pasado 21 de enero.
INPEC
General Mariano Botero Coy, durante su posesión el pasado 21 de enero.
General Mariano Botero Coy, durante su posesión el pasado 21 de enero.
Foto: INPEC

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el general Mariano Botero Coy, no será arrestado por cinco días ni tampoco pagará una millonaria multa. El oficial probó ante el Tribunal Superior de Neiva que ha logrado deshacinar la estación de Policía de Pitalito (Huila) y, en cierta medida, el centro de reclusión transitoria del municipio, tras constantes denuncias de órganos de control en búsqueda de mejores condiciones para los detenidos.

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El pasado 2 de julio, el Juzgado Primero de Circuito de Pitalito, tras un largo proceso que inició en octubre pasado, declaró que Botero Coy había incurrido en desataco y ordenó su arresto por cinco días. También ordenó una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, la cabeza del Inpec quedó libre de toda culpa, pues no solo ordenó el traslado de los internos, sino también a parte de los privados de la libertad que siguen llegando a los centros transitorios.

Todo empezó con una acción de tutela de la Procuraduría provincial de Garzón y la Personería Municipal de Pitalito, ambos en Huila. El 8 de octubre del año pasado, tras escuchar los argumentos, el Juzgado Primero Civil de Pitalito protegió los derechos a la vida en condiciones dignas, a la salud y a la vida misma de todas las personas detenidas en las estaciones de Policía de Pitalito e Isnos, así como las que están en los Centros de Detención Transitoria y quienes llevaban más de 36 horas en esos lugares.

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El juzgado ordenó al Inpec ordenar el traslado de todos los privados de la libertad en centro transitorio, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. En esa misma decisión, cabe destacar, el despacho judicial negó la construcción de otra cárcel en Pitalito. Un mes después, el Tribunal Superior de Neiva confirmó el fallo de tutela, no obstante, la Alcaldía de Pitalito presentó incidente de desacato. Un juzgado le dio la razón, el 2 de febrero de este año, pues la Policía mediante correo electrónico confirmó que había 92 personas en la Estación de Policía y en el Centro de Detención Transitorio.

Sin embargo, el pasado 12 de febrero, el Inpec presentó un informe de cumplimiento, donde aseguró que 135 internos ya habían sido trasladados a la cárcel del municipio. Incluso, al día siguiente, el instituto aseguró que 159 personas ya habían dejado los centros transitorios. Aun así, el pasado 9 de junio, la Procuraduría alegó que los centros de detención seguían llenos y presentó una nueva solicitud de incidente de desacato contra el Inpec. Ahí inició de nuevo la investigación.

El oficial mayor Edgardo Perdomo Mosquera, dos semanas después, reportó a las autoridades que no contaba con personas privadas de la libertad (PPL) en la estación de Policía de Pitalito, sin embargo, que en el Centro de Reclusión Transitorio se encontraban un total de 42 detenidos. De ellos, siete eran mujeres y 35 hombres. Dijo que tres están condenados, 36 tenían medida intramuros, y llevaban más de 36 horas, y tres aun no tenían clara su situación judicial.

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Con esa información, el Juzgado Primero Civil de Pitalito declaró probado el desacato y sancionó a Botero Coy con cinco días de detención, teniendo en cuenta los 42 detenidos del Centro de Reclusión Transitorio. No obstante, en el reciente pronunciamiento, el Tribunal Superior de Neiva explicó que, en realidad, el primer fallo que data de octubre de 2020 había obligado al Inpec a trasladar solo los PPL que estaban en las estaciones para ese momento. Es decir, las 92 personas que informó la Policía. Y como en febrero el Inpec ya había hecho el proceso con 159 internos, no solo cumplió con la tutela, si no también superó lo exigido en primera instancia.

“De lo expuesto, y como quiera que se acreditó que se efectuó el traslado de las PPL que se encontraban en ese momento en las Estaciones Policía y Centros de Detención Transitoria, considera la Sala que contrario a lo señalado por el Juzgado Primero Civil de Circuito de Pitalito, la orden constitucional se encuentra cumplida, y por tal motivo, procederá a revocar la sanción impuesta”, concluyó el tribunal huilense.

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