Elvira Forero, directora del ICBF, y varios de sus funcionarios; el alcalde de Pereira, Israel Alberto Londoño, y el gobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, están en la mira de la Procuraduría General de la Nación. El Ministerio Público les abrió investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades en la firma de contratos con la fundación Alma Máter.
De acuerdo con la investigación preliminar, el organismo de control halló evidencias de que en los tres entes oficiales se violaron los principios de contratación estatal, especialmente los relacionados con la etapa precontractual con los estudios previos, los estudios de mercado y el proceso de selección del contratista.
En el caso del ICBF, la investigación se desprende del análisis que adelantó una comisión delegada del Ministerio Público, que estuvo entre el pasado 22 de marzo y el 15 de abril revisando de manera selectiva la contratación que el ICBF celebró el año pasado. Uno de los capítulos de la revisión fue el de los contratos con Alma Máter.
La comisión encontró cuatro convenios entre 2007 y 2011, por un valor cercano a los $200 mil millones, cuyo objeto ha sido “prestación de servicios de apoyo profesional y asistencia técnica y administrativa”.
Entre las presuntas irregularidades está que no fueron claros los objetos pactados en los contratos ni la forma como el ICBF controlaría y verificaría su desarrollo, y que los convenios fueron objeto de reiteradas adiciones, reducciones, modificaciones y prórrogas.
“En el valor de las tareas pactados entre el ICBF y Alma Máter se incluyó el costo de los servicios de apoyo profesional y técnico; no siempre se cuantificó económicamente el aporte en especie de la red Alma Máter; la subcontratación realizada por la contratista pudo dar lugar a nómina paralela y a que terceros cumplieran funciones misionales sin la debida supervisión del Instituto”, decía el informe.
Pero quizás el principal reparo a los contratos con la fundación es que encontraron que la adjudicación con la red Alma Máter posiblemente se hizo sin invitar a otros oferentes que podían competir y cumplir los contratos celebrados con la entidad.
A través de Alma Máter, el ICBF ha vinculado casi a 1.500 funcionarios en las vacantes que se han abierto en las seccionales en el país, de las 3.990 plazas que existen en el Instituto. Esta situación la han justificado diciendo que actualmente no cuentan con recursos para cubrir las vacantes y por eso se acudió a este contrato para cubrir el requerimiento de personal.
Junto con la directora Elvira Forero, también investigarán a Rosa María Navarro Ordóñez, secretaria general del ICBF; Myriam de la Espriella Rosa, directora administrativa del ICBF, y Gustavo García Bate, director de planeación. En el caso de Alma Máter, a José Germán Toro Zuluaga, representante legal, y Luis Enrique Arango, director ejecutivo.
Por Redacción Judicial
