Discriminación contra LGBT: delito sin condenados

“Loca, drogadicta, afeminada”. Esa fue la primera agresión que recibió Sebastián Lanz, estudiante de la Universidad de los Andes, defensor y activista de la comunidad LGBT. Días después, la agresión se convirtió en amenaza: “¿Cuando te desfigure la cara irás a seguir actuando como una mongaloca? (…) Eso va a pasar cuando te mande a tirar ácido. Sebastián Lanz, tus días están contados”. El caso llegó hasta la Fiscalía, en donde Sebastián Lanz y su hermano Alejandro, también víctima de las amenazas, interpusieron una denuncia formal en septiembre del año de 2015, resaltando que en las intimidaciones se menciona su vida sexual, su apariencia física y su vida laboral.

La semana pasada, la Fiscalía anunció que el próximo 25 de mayo le imputará cargos a Andrés Torres, quien sería el autor de los mensajes, por el delito de amenaza y no por tratarse de un hecho discriminatorio. La noticia coincidió con la votación en la Sala Plena de la Corte Constitucional en la que se evidenció su respaldo al derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. Sin embargo, lo que el caso de los hermanos Lanz deja entrever para el futuro de la comunidad LGBT, en lo que concierne a los actos discriminatorios en su contra, es que no es muy alentador.

Sin bien la ley que convirtió un acto discriminatorio en un delito penal es relativamente joven (se aprobó en el Congreso en 2011, pero apenas en 2014 pasó por control constitucional), los avances en ese sentido van a paso de tortuga. En lo que tiene que ver con la comunidad LGBT, amparada por la norma, la Fiscalía ha conocido entre 2012 y 2015 alrededor de quince casos de violencia contra la población de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y transgeneristas. Además, desde que se sancionó la norma, los detractores no se demoraron ni un día en rechazar el contenido pues, aseguraban, “se estaba penalizando el derecho a opinar”.

Ninguna de las quejas y tutelas interpuestas en contra de la ley prosperaron en ese entonces. Pero el procurador general, Alejandro Ordóñez, volvió a sentar su voz de rechazo en enero pasado. En un concepto que hizo llegar la Corte Constitucional, el procurador señaló que la Ley Antidiscriminación debe ser declarada inconstitucional pues, hasta el momento, no hay condenados. Si bien es cierto que no ha prosperado ninguna de las denuncias y que ni siquiera la de los hermanos Lanz o el caso de Sergio Urrego han sido investigados bajo los parámetros de la discriminación, para el abogado Germán Rincón Perfetti, quien ha liderado la lucha de los derechos LGBT en Colombia, la solución no es eliminar la ley.

Entonces, ¿cuál es la razón para el fracaso de la investigación de este delito y qué se puede hacer para cambiarlo? Por un lado, el problema radica en que la investigación de actos discriminatorios en Colombia es uno de las conductas más complicadas de probar. “Es difícil para un fiscal recolectar pruebas de agresiones verbales que se convierten cotidianas dentro de un conflicto, por ejemplo, privado. Es importante tener en cuenta que en este tipo de conductas hay unas que son sutiles, como las agresiones verbales y la violencia psicológica, y las que son de tipo físico, que son más evidentes. Aunque es más fácil probar las segundas, con un examen de Medicina Legal, las dos son igual de dolorosas y peligrosas”, le explicó a El Espectador Mauricio Noguera, fiscal delegado para asuntos de género.

Para atacar ese vacío a la hora de recolectar pruebas, la apuesta de Mauricio Noguera y la Fiscalía, asesorada por varias organizaciones sociales, es promover una guía de buenas prácticas para que los fiscales y la policía judicial mejoren en la investigación de ciertos delitos, como el de discriminación. En este sentido, el trabajo del ente investigador también ha contado con el apoyo del Ministerio del Interior. Su viceministra, Carmen Vásquez, le dijo a este diario que el compromiso del Gobierno en temas discriminatorios es total. Es más, para el segundo semestre de este año, el Ministerio está desarrollando una encuesta que se aplicará a nivel nacional para hacer un diagnóstico completo de la situación en el país porque, dice la viceministra, no hay que olvidar que en Colombia no solo se discrimina por el color de la piel, o por la orientación sexual, sino incluso por si una persona es pobre o es de provincia.

En esta misma orilla está Samuel Escobar, abogado penalista de Colombia Diversa, una de las organizaciones colombianas más importantes para la comunidad LGBT. Para él, el solo hecho de que exista una ley en contra de la discriminación es un logro que no se puede desconocer pues, recuerda, solamente desde 1981 los homosexuales dejaron de ser ilegales en el país. “Las demoras tienen que ver con nuestra cultura penal, en la que los procesos toman mucho tiempo. Desde que se sancionó la Ley Antidiscriminación, solamente se conoce una condena”, dice Escobar, haciendo referencia al caso que falló un juzgado de Pereira en contra de Fernando Antonio Delgado exconcejal de Marsella (Risaralda), quien calificó a las comunidades afrodescendientes, indígenas y desplazadas de "ser un cáncer", en una sesión ordinaria del Concejo en 2012.

En caso de que sea exitoso el acompañamiento del Ministerio del Interior, si la Fiscalía logra consolidar una ruta de trabajo concreta para judicializar los casos de discriminación entraría a ser parte de los organismos colombianos, como la Corte Constitucional, que se han puesto a la tarea de proteger los derechos de la comunidad LGBT.