El domingo pasado, un periódico de circulación nacional publicó un aviso que llamó la atención: la entidad estatal Fiduprevisora le pide, a usted, disculpas públicas, como lo ordena una sentencia del Consejo de Estado, por “las operaciones ilegales” del DAS (antiguo Departamento Administrativo de Seguridad) en su contra, cuando usted era magistrado de la Corte Constitucional ¿Ese aviso es parte de los actos de reparación que el tribunal contencioso dictaminó?
Sí. El Consejo de Estado ordenó tres medidas no pecuniarias de no repetición, entre estas, que la Fiduciaria La Previsora, como vocera del patrimonio autónomo y en calidad de sucesora procesal del DAS, publicara en un medio de amplia difusión nacional un documento en el que ofreciera disculpas a la víctima directa de los seguimientos ilegales que realizaron los agentes del extinto organismo de seguridad, es decir, a mí. Esas disculpas debieron publicarse en octubre de 2024 porque la orden judicial indicaba que tenía que cumplirse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. La Fiduprevisora lo hizo pero tarde, porque se disculpó solo el domingo pasado.
En ese aviso se afirma que “… (usted) fue víctima de seguimientos ilegales y campañas de desprestigio… que fueron divulgados por medios nacionales durante el año 2009…” ¿En cuáles circunstancias fue espiado por el DAS? ¿Cuándo fue seguido y por quiénes?
La violación masiva de mis derechos por las mal llamadas “chuzadas del DAS”, que no eran solo interceptaciones telefónicas, ocurrió durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Fui espiado en todos los lugares del país en donde estuve y durante el tiempo completo en que fui magistrado de la Corte Constitucional, esto es, desde el primero de marzo de 2001 hasta el primero de marzo de 2009, o sea, 8 años de mi periodo en la magistratura.
Las “campañas de desprestigio” a las que se refiere el fallo del Consejo de Estado, ¿en qué consistieron?
Varias figuras públicas y activistas fuimos objeto de operaciones de inteligencia ilegales, en lo que, repito, se ha denominado “chuzadas del DAS”, un eufemismo para minimizar la violación masiva de los derechos de los ciudadanos espiados. Lo cierto es que no se trataba solo de “chuzadas” o interceptaciones telefónicas sino también - como fue ampliamente documentado -, de campañas de desprestigio que eran publicadas en los medios de comunicación; de la difusión de presuntas encuestas, chats, distribución de panfletos, grafitis, volantes y afiches en los que se denigraba de la honra y buen nombre de las víctimas; y de la creación de páginas web, comunicados, denuncias fabricadas y montajes además de otros actos ilícitos igualmente graves. En cuanto a “…Jaime Araujo Rentería, (se ordenó también usar) el desprestigio, la presión y el sabotaje…”, de acuerdo con los documentos de prueba presentados. Como lo confesó ante la fiscalía el exsubdirector de Fuentes Humanas del DAS, William Romero, “las pruebas que tiene en su poder la Fiscalía” demuestran el espionaje que se hizo en contra de “la destituida senadora Piedad Córdoba, el exmagistrado Jaime Araújo Rentería…” y sigue una lista con nombres de otros personajes.
¿Es cierto que hubo interferencias a su vida privada? ¿Cómo se ejecutaron esas intromisiones?
Sí, es cierto. Además de lo que acabo de señalar, se ha documentado en investigaciones periodísticas, entre otras, la del reportero Julián Martínez, autor del libro ChuzaDAS, ocho años de espionaje y barbarie, que fui objeto de seguimientos ilegales, si mal no recuerdo, por parte de los mismos agentes encargados de espiar al entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, al que convirtieron en “blanco” porque pertenecía al partido de izquierda Polo Democrático. También se encontró un documento del DAS dirigido al presidente de la República con informaciones sobre mi vida pública y privada. Esa prueba está en el expediente sobre mi caso en el Consejo de Estado pero esa corporación no la tuvo en cuenta en ejercicio de un derecho formalista de tiempos procesales.
Pero, ¿por qué lo convirtieron a usted en “blanco político” de espionaje ilegal? ¿Cuáles de sus condiciones particulares condujeron al DAS a rotularlo como “enemigo”?
Creo que se debió a que cumplía con mi deber de magistrado independiente e imparcial, y a que, en tal condición, defendía la Constitución y los derechos de los colombianos. Le insisto, existen pruebas de que altos funcionarios del DAS informaban directamente al presidente de entonces sobre mis posiciones en la Corte Constitucional. Por eso, la única explicación que encuentro a la orden de espiarme, es la de que mis convicciones jurídicas molestaban al Ejecutivo.
En los allanamientos de la Fiscalía a las instalaciones del DAS, se encontró una carpeta con su hoja de vida y otros aspectos privados de su vida y la de sus familiares ¿Qué impacto le produjo conocer esa información?
Quisiera repetirle lo que le manifesté a la JEP cuando me notificaron que unos funcionarios del DAS estaban pidiendo ser recibidos en esa jurisdicción, petición a la que me opuse: “no se ejecutó una sola operación delictiva sino muchas”. Entre otras, el DAS adelantó las siguientes, según los hallazgos investigativos: Amazonas, Transmilenio, Bahía; operación Halloween, Intercambio, Europa, Risaralda, Internet, extranjeros, etc. Con esos títulos desarrollaban los planes ilegales que tenían objetivos y “blancos” diferentes. Las víctimas del DAS necesitamos, por eso, conocer la verdad completa, no parcial, y obtener reparación total, lograr justicia y garantías de que no se repetirán.
Por lo que usted relata, tendría que existir un gran volumen de información pero se sabe que una parte de los archivos del DAS fue destruido por los propios autores de esos delitos y que otra parte se encuentra diseminada. Esta realidad impediría acercarse a la magnitud de lo ocurrido en esa agencia de inteligencia.
No todo puede desaparecer. Hay muchas pruebas que se han conservado. Además, hay aspectos de análisis que conducen a certezas. Un primer elemento para tener en cuenta es que, por regla general, los autores de la comisión de delitos buscan ocultar su responsabilidad y las de sus cómplices, y si existe alguna prueba tratan de destruirla; pero siempre quedan testigos que hablan y documentos que se resguardan. El segundo elemento tiene que ver con la organización que realizó estos ilícitos, que fue, precisamente, el órgano de inteligencia del Estado, una especie de CIA o KGB a la colombiana, que actuó de manera clandestina y sin control. El tercer elemento, es que estos hechos ocurrieron durante varios años, en mi caso, en mi periodo de magistrado, como dije. De todos los hechos anteriores, se colige que quedaron rastros. No deja de ser paradójico que los órganos encargados de prestarme seguridad, fueran fuente de mi inseguridad y de la violación de mis derechos.
¿A cuál organismo pertenecían los hombres de su esquema de seguridad?
Precisamente al DAS. De manera que yo era objeto de engaño pues creía que ese organismo me garantizaba seguridad pero era la fuente de la violación de mis derechos, porque los escoltas de mi esquema me espiaban e informaban sobre todas mis actividades. Mi desprotección fue total. En esta historia, es fundamental trazar una línea de tiempo qué aclare los hechos cuya gravedad pareciera que se está difuminando: cuando se inicia un nuevo gobierno en el año 2002, uno de sus objetivos era someter a la Corte Constitucional y su independencia. Al principio, esa administración contó con el apoyo de órganos jurisdiccionales que no aceptaban que el tribunal constitucional, mediante el mecanismo de la tutela contra providencias judiciales, pudiera revocar o anular fallos de otras cortes. Esto y la reforma que proponía la reelección presidencial y que debía ser estudiada por la Corte, es lo que explica que la primera corporación judicial objeto de las denominadas chuzadas y de todos los demás delitos cometidos contra la rama, fuera esta; y que los magistrados que cumplíamos con nuestro deber de defensa de la Carta Política, estuviéramos en la lista del DAS.
Ciertamente, la inquietud en la Casa de Nariño por las dudas sobre la aprobación final de la Corte Constitucional, de la reforma que autorizaba la reelección presidencial, era muy grande. Pero ustedes también estudiaban otros casos complicados, seleccionaban tutelas y fallaban de modo que no satisfacía al poder Ejecutivo ¿Recuerda algún caso de estos?
Sí. La Corte Constitucional seleccionó una tutela y falló ordenándole al DAS que le entregara toda la información que había recopilado ilegalmente contra la periodista Claudia Julieta Duque que, como se supo mucho después, fue víctima de una persecución atroz y de intimidación y amenazas contra ella y su hija. Ante ese hecho y la orden de la Corte que le permitió a la periodista conocer la hondura y cantidad de delitos que el DAS había cometido en su contra, en ese organismo se quiso ocultar lo sucedido y por eso se organizó una operación de destrucción de las pruebas sobre, la persecución que ella y otras víctimas padecimos.
¿Esa destrucción también afectó las evidencias de lo que hicieron en su contra?
Sí. El funcionario del DAS William Romero que mencioné antes, y quien fue uno de los más comprometidos con la ejecución de esos delitos, confesó que cuando se supo que era obligatorio entregar los informes que corroboraban la operación de espionaje, se ordenó destruir miles de documentos. Romero también aceptó que él fue una de las personas a quien se les asignó esa tarea; contó que recibió la instrucción directa de destruir todo lo que hubiera en esa entidad sobre Jaime Araujo Rentería. Sin embargo, reveló que guardó una parte de las carpetas clandestinas porque consideró que constituían una garantía para conservar su vida, y las escondió. Es muy importante, entonces, que la JEP y la fiscalía establezcan el verdadero alcance que tuvo esa tenebrosa operación y que no se limiten a escuchar lo que los involucrados quieran decir o aceptar.
Noto que usted insiste en que se sepa “toda la verdad” ¿Por qué? Hay muchos condenados, ya, por lo que pasó en el DAS.
Es cierto, pero también lo es que hay muchos detalles ocultos como se puede deducir de lo que hemos hablado en esta entrevista. Le pongo otro ejemplo: el señor Rodolfo Medina Alemán, subdirector de Contrainteligencia del DAS admitido por la JEP, en ninguna parte se compromete a revelar la totalidad de los hechos que afectaron mis derechos y los de otras víctimas de la operación espionaje. Como se ha dicho, gran parte de las evidencias fue destruida y ni Medina Alemán ni los demás operadores del plan criminal le han referido a la JEP lo que había en la documentación que destruyeron. Así, en lugar de aportar verdad, están ocultándola siendo deber de los victimarios informar a la jurisdicción especial para la Paz, toda la verdad y no solo una parte. La forma más perversa de mentira, es una verdad a medias o una verdad parcial.
La decisión del Consejo de Estado se produce después de un fallo previo de un tribunal administrativo que le negó sus derechos ¿En qué se basó este tribunal para fallar en su contra y qué dice la segunda instancia para devolverle la razón?
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, las pruebas estaban en el expediente y no había ninguna razón jurídica para no darme la razón. Y lo que importa, para efectos legales y para mi satisfacción de víctima, es que la sentencia definitiva, o sea, la del Consejo de Estado, encontró que yo tenía todo el derecho de reclamarle al Estado por la persecución de que fui objeto durante ocho años de mi vida.
Esta sentencia llega tarde pues los hechos en su contra ocurrieron entre los años 2004 y 2009, hace alrededor de 20 años ¿Cuándo interpuso la demanda contra el DAS y cuánto tiempo después la resolvieron el tribunal y el Consejo de Estado?
La demanda se presentó el 13 de julio de 2011 y se falló definitivamente el 2 de agosto de 2024: cerca de 13 años pidiendo justicia. Y aunque me dio la razón, el Consejo de Estado cometió dos errores: desconoció cierto tipo de daños, como el daño a la vida de relación y el daño moral porque no son reconocidos en la actualidad; pero existían en el momento de la presentación de la demanda, en 2011. El retraso de 13 años en tomar una decisión definitiva, va, entonces, en contra de la seguridad jurídica porque es imposible predecir que tipos de daño no serán reconocidos en el futuro lo que, a su vez, produce una gran incertidumbre y afecta la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. La falta de reconocimiento de estos perjuicios podría interpretarse como un incumplimiento del deber del Estado de garantizar justicia y reparación a las víctimas de violación de derechos.
Y, ¿cuál es el segundo error que usted le atribuye al Consejo de Estado?
El segundo error fue que condenó a los autores materiales y no a los intelectuales. Es decir, dejó sin castigo a quien ordenó ejecutar la violación de los derechos de Jaime Araujo Rentería: el presidente de la República de entonces.
¿Por qué lo afirma tan tajantemente?
No sobra recordar que en ese periodo presidencial se dieron muchas órdenes violatorias de los derechos de manera verbal – aunque conocidas públicamente - para que no quedara evidencia escrita que documentara la comisión de delitos. A veces, aparecían indicios como la prueba que mencioné antes, cuando un funcionario del DAS le remitió al propio presidente un documento en que se me señalaba de ser “enemigo” y, por eso, de ser sujeto de vigilancia. Esa prueba, reitero, se encuentra en el expediente de mi caso, en el Consejo de Estado.
Vistos los hechos después de todos estos años, ¿cree que usted fue clasificado como “sujeto de vigilancia y enemigo del gobierno solo por sus posiciones jurídicas o, también por otras razones?
La única razón cierta fue el cumplimiento de mi deber que asumí plenamente cuando me posesioné: la defensa de la Constitución, del Estado social y democrático de derecho y de mi independencia e imparcialidad. Todo lo demás que se rumoró en su momento, es mentira; y para que no haya dudas, ideológicamente estoy más cerca de la socialdemocracia que de cualquier otra concepción política.
¿Cuáles otras reparaciones de orden moral o económico ordena la sentencia del Consejo de Estado para usted?
Además de las disculpas públicas, hay otras dos que no se han cumplido: crear una comisión que tenga por objeto realizar el seguimiento de las denuncias que formulen los servidores públicos o particulares que manifiesten ser víctimas de seguimientos ilegales por parte de las entidades encargadas de ejercer actividades de inteligencia o contrainteligencia del Estado. Esa comisión deberá estar conformada por el ministro de Defensa, el de Justicia, el fiscal general, el procurador general y la defensora del Pueblo, entre otros funcionarios; ordena, también, que se remita copia de la sentencia a la Comisión de Seguimiento de los actos de Inteligencia y Contrainteligencia que existe en el Congreso para que ejerza el control político sobre los principios, límites y fines de la ley que regula esas actividades.
Hoy, ¿cómo es su vida personal y laboral? ¿Ha recuperado tranquilidad, privacidad y se siente seguro o todavía tiene temores de ser víctima de seguimientos?
En este país tan violento nadie puede sentirse tranquilo; mucho menos yo, que voté contra los paramilitares y que conceptué que las víctimas de violencia de los militares tenían derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición en la sentencia C-1149 de 2001que les devolvió, por primera vez en la historia, la garantía de sus derechos; que fui excomulgado por la Iglesia por atreverme a darles derechos a las mujeres sobre sus cuerpos (siempre existen fanáticos religiosos violentos); que, como ciudadano, recuperé, con otras tres personas la personería jurídica de la Unión patriótica - a la que nunca pertenecí -y que, como ciudadano, también con otras 2 personas, logré anular la nota diplomática en la que Colombia le regalaba a Venezuela Los Monjes, lugar en donde están las reservas de petróleo más grandes del mundo, para no hablar de otros casos o situaciones. Definitivamente no me siento seguro pero, por eso, no puedo dejar de defender mis derechos.
Desencuentro cortes – presidente: ¿se parecen Petro y Uribe?
Sobre el enfrentamiento actual entre el presidente y las cortes: ¿este desencuentro institucional de hoy es similar al que las cortes de hace dos décadas vivieron frente al jefe de Estado de esa etapa, es decir, Álvaro Uribe Vélez con el DAS y otras situaciones críticas?
Hay una diferencia enorme entre las actitudes de los presidentes de ayer y de hoy: mientras uno patrocinaba y promovía, desde el DAS, la gran operación de espionaje en contra de periodistas, defensores de derechos, organizaciones civiles y magistrados que calificó arbitrariamente como “blancos políticos”, el jefe de Estado actual ha manifestado públicamente que rechaza las “chuzadas” si se han presentado, y que quien haya incurrido en este tipo de violaciones, debe ser investigado y sancionado. Sobre los desencuentros mandatarios – cortes, otra situación muy distinta se presenta cuando el presidente Petro como todos sus antecesores, parten de la base de que lo que ellos piensan y programan como gobierno, es lo único que le conviene al país y critican los fallos judiciales que no coinciden con sus criterios. Pero los jueces únicamente pueden actuar y decidir de acuerdo con los mandatos de la Constitución y las leyes, con independencia del momento político que se viva.
Cinco magistrados de la Constitucional, también víctimas del DAS
En el fallo que ordena repararlo a usted por haber sido víctima de las “chuzadas” del DAS, se encuentran, además de su nombre, los de otros miembros de la Corte Constitucional de su época también “blancos” de esa operación: magistrados Jaime Córdoba Triviño, Alfredo Beltrán, Humberto Sierra y Clara Inés Vargas. Se sabía que la Corte Suprema había sido espiada pero no tanto sobre ustedes.
Para la verdad histórica no solo de quienes fuimos las primeras víctimas del DAS en la rama judicial, sino también del país y de los colombianos, es necesario conocerla completa. Solo después de que pasó el proyecto de reelección presidencial (de Uribe Vélez) en la Constitucional, el DAS dirigió sus operaciones contra otras corporaciones como la Corte Suprema. De todos modos, antes y después, el gobierno de la época siempre consideró a Jaime Araujo Rentería como contrario a la reelección y por esto, como su “enemigo” aun cuando solo cumplía con mi derecho a la libertad de conciencia jurídica y mi obligación de defender la Constitución y los derechos ciudadanos. En carpetas clandestinas y el libro ChuzaDAS, se estableció que el suscrito era considerado – por ese organismo -, como “blanco político”, enemigo de la reelección y del gobierno de turno.
