Luego de que tres jefes de la facción del Estado Mayor Central (EMC) comandada por alias Calarcá fueran capturados en medio de un retén militar en la vía que conduce de Medellín al municipio de Anorí, en Antioquia, mientras se transportaban en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), autoridades policiales le confirmaron a este diario que los disidentes, además de llevar consigo celulares, memorias USB y más de $60 millones en efectivo, también cargaban oro al interior de nueve camionetas de la entidad.
De acuerdo con la información de las autoridades, los hombres que iban a bordo de los vehículos, se identificaron como parte del esquema de seguridad de Alexander Mendoza, conocido como alias Calarcá, jefe de las estructuras de ese grupo armado que sigue en la mesa de diálogo y parte de la delegación de esa guerrilla que está en el proceso de paz.
Dentro de los vehículos estaba Andrey Avendaño, también delegado del grupo en la mesa de diálogos. Además, en el retén se dio con la presencia de un hombre conocido como Ramiro, líder de la estructura 18 y alias Firu, quien estaría al frente de la estructura 36 de esa disidencia, así como a otra disidente conocida con el alias de Érika. No obstante, este diario conoció que se podría generar una nueva captura por los mismos hechos.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, afirmó que se abrirá una investigación por el uso de esos vehículos. Luego de ser detenidos, los disidentes fueron conducidos al batallón Pedro Nel Ospina, del municipio de Bello, Antioquia, donde se les ha hecho requisa a los vehículos.
La polémica del hecho se generó porque dentro de las camionetas estaban varios disidentes que tienen órdenes de captura vigentes, como Firu. Las reglas del uso de esas camionetas prohíbe la movilización de personas que sean solicitadas por las autoridades. Por ejemplo, Firu tiene actualmente procesos activos en la Fiscalía por homicidio.
“En los vehículos de los esquemas es prohibido transportar personas con orden de captura, combatientes ni visitar áreas de guerra, como tampoco servir de apoyo logístico a actividades, transporte de pertrechos y elementos que afecten la política de paz”, explicó la UNP.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
