Dispuestos a responderle a la justicia

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) puso el pecho tras el anuncio que hizo la Contraloría de adelantar un juicio fiscal contra 16 de sus altos magistrados y tres de la Administrativa, por el escándalo del carrusel de las pensiones en este organismo. Ayer, mediante un comunicado, dijo que está dispuesta a “responder por sus actos”, aunque aclaró que el nombramiento de auxiliares siempre fue de acuerdo con la ley.

La Contraloría anunció el juicio fiscal al encontrar evidencias de un posible detrimento a la nación que ascendería a los $14 mil millones, y por eso les puso el ojo a 67 nombramientos, de personas que ingresaron por cortos períodos de tiempo a la nómina del CSJ, posiblemente con la intención de poder aumentar su pensión de jubilación.

Ante este señalamiento, la Sala Disciplinaria explicó que casi el 90% de los nombramientos investigados fueron personas que no cumplían la edad de jubilación y salvaron su responsabilidad frente a la asignación de pensiones. “Si a través de tutelas se reconocen pensiones amparadas en un decreto que ya fue derogado, tiene razón el Gobierno en pedir al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional que den claridad a este tema para evitar un hueco fiscal”, indicó.

Este escándalo surgió luego de conocerse que varios de los que pasaron fugazmente por el CSJ lograron aumentar su pensión de $4 millones a $12 millones, sólo por trabajar un par de meses, gracias al régimen especial para los empleados de la Rama que laboran desde antes de 1994, a los que se les otorga como pensión el último salario reportado.

Entre 2008 y 2010, en el CSJ nombraron a 67 magistrados auxiliares, de los cuales ninguno superó un año de labores. De los casos investigados, 18 estuvieron entre 2 y 30 días; 23 alcanzaron los dos meses y nueve llegaron a tres meses. Este hecho podría ser una de las razones para la mencionada congestión en la jurisdicción disciplinaria del CSJ, por la continua rotación de personal.

Si el nombramiento de “magistrados auxiliares express” en el CSJ fuera una competencia, la magistrada Julia Emma Garzón tendría el primer puesto, con 16; seguida de Henry Villarraga actual presidente de la Disciplinaria, con ocho, y Carlos Arturo Ramírez Vásquez y José Ovidio Claros Polanco, con seis. Todos de la Sala Disciplinaria.

El juicio fiscal, de cierta forma, inclina la balanza de la guerra que se vive dentro del CSJ entre las salas Administrativa y Disciplinaria, al mostrar que casi el 90% de las irregularidades investigadas por la Contraloría, frente a la contratación de personal en la Judicatura, se cometieron en la Disciplinaria.

Tras el anuncio de la investigación, varios sectores cuestionaron el proceso en la Comisión de Acusación de la Cámara. El representante Héctor Vergara Sierra, coordinador de la investigación por el caso del carrusel de magistrados, dijo que el proceso no está congelado y que ya se han adelantado algunas indagaciones.