DMG y su manzana de la discordia

Aunque se supone que desde noviembre del año pasado la captadora DMG no volvió a obtener recursos del público, los dineros recaudados ilícitamente por esta firma siguen causando líos. En esta ocasión, el pleito es por la nada despreciable suma de $6.509 millones —incautada por la Policía en una camioneta roja que transitaba por las calles de La Hormiga, Putumayo— y los protagonistas de la pugna son la agente interventora, María Mercedes Perry Ferreria, y el defensor de algunos estafados, Fernando Ruiz Flórez.

Cuando comenzó el proceso de extinción de dominio sobre las propiedades y los dineros que se hallaron a nombre de diversos integrantes de DMG, un grupo de víctimas, representado por Ruiz y por otros litigantes, le solicitaron a la justicia que se embargaran, en particular, los resultados de tres incautaciones: $6.509 millones decomisados en en agosto de 2007, que iban en costales marcados con el nombre de Acción Social; $4.760 millones confiscados en el aeropuerto La Nubia de Manizales y otros $327 millones que se encontraron en La Dorada (Caldas).

El Juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá, el 14 de enero del año en curso, aceptó la petición del embargo de dichos dineros. La Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía, sin embargo, solicitó que el capital que fue decomisado en La Hormiga fuera entregado a María Mercedes Perry, quien desde diciembre de 2008 funge, designada por el Gobierno, como agente interventora del holding DMG. La Fiscalía se basó en uno de los decretos emitidos en el estado de emergencia social, el 4334, el cual especifica que quien tenga activos de la empresa intervenida deberá ponerlos de inmediato en disposición del interventor.

Perry, tal como se lo sustentó al abogado Fernando Ruiz en una carta enviada hace una semana, actuó con base en la misma norma. La agente resaltó, además, el punto que a ella le parece clave en todo este asunto de los bienes intervenidos a la firma: que no es posible dentro del proceso penal llegar a acuerdos individuales con las víctimas de las llamadas pirámides. “Cualquier acuerdo sería injusto e inequitativo con los demás reclamantes y rompe el principio de igualdad de los afectados por la captación ilegal de dineros, dentro del proceso de intervención”.

No obstante, Ruiz exige que se haga efectiva la orden de la jueza Marlene Orjuela Rodríguez, que fue quien ordenó que se aplicaran medidas cautelares sobre los $6.509 millones que fueron incautados en La Hormiga y que hoy son la manzana de la discordia de este pleito. Según el abogado, la determinación del juzgado está en firme en este proceso, y pedir que esa suma pase a la agente interventora “mal podría entenderse (...) como una flagrante violación al precepto constitucional del debido proceso”. La solución de esta querella la tiene en sus manos la jueza Orjuela.