Hace dos años, las calles colombianas comenzaron a llenarse de movilizaciones en contra de la reforma tributaria, una iniciativa del gobierno de Iván Duque que generó descontento con la administración pública. Las marchas se extendieron por más de dos meses. En 2021, al igual que creció la protesta social, aumentaron las violaciones a los derechos humanos. La oenegé Temblores registró 5.808 casos de violencia policial, de los cuales 5.048 ocurrieron en el marco de la protesta del paro nacional. A pesar del cambio de gobierno y su promesa de una reforma policial, este tipo de escenarios de expresión ciudadana siguen afectados por la violencia por parte de la fuerza pública, según el más reciento hallazgo de esta organización.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
A través de la plataforma GRITA, Temblores documentó y caracterizó la violencia policial. En el primer trimestre de 2023, por ejemplo, la oenegé resigró que la mayoría de los casos denunciados son de agresiones por parte de la Policía en contextos de protesta social. Aclarando que cada caso puede albergar a varias víctimas, la plataforma recibió 56 denuncias de agresiones por parte de los uniformados, de las cuales verificaron y confirmaron que 44 casos de violencia policial dejaron al menos 51 víctimas. Por otro lado, durante 2022, hubo un registro de 341 casos de violencia policial, que dejaron al menos 552 víctimas.
Lea también: Reforma policial: un asunto de justicia y paz
“No había garantías para la protesta, pero con el cambio de gobierno sí hubo unas directrices fuertes de que la Fuerza Pública debería garantizar los derechos a la ciudadanía. Si bien esa directriz ha sido importante para el actuar policial, desde Temblores vemos que el 40,9 % de los casos del primer trimestre de 2023 se han dado en el contexto de la protesta social”, señaló Camilo Mendoza, uno de los investigadores de la organización. En el informe, Tempblores explica que se mantiene la preocupación sobre que, a pesar de que se haya anunciado la creación de una nueva fuerza de contención en escenarios de protesta social (llamada la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden -Undmo-), en la práctica esta sigue funcionando como el Esmad. En consecuencia, los casos de uso excesivo e irregular de la fuerza han seguido siendo la constante en escenarios de protesta social.
Para Temblores, el hecho de que sigan sucediendo este tipo de casos en la protesta demuestra que la violencia policial sigue siendo un problema estructural, el cual responde al mismo funcionamiento y a la misma concepción de cómo funciona en la Policía, que sigue siendo de represión. “Eso demuestra que debemos seguir denunciando, porque para poder transformar y acabar la violencia policial no basta con un cambio de directriz”, afirmó Mendoza. Con el cambio de directriz se refiere a la reciente reestructuración del Esmad, ahora como Undmo es una institución centrada en dialogar y usar la fuerza como último recurso.
El informe de la oenegé da cuenta de la violencia policial en un contexto en el que desde el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Presidencia han manifestado su voluntad para reformar a la Policía, siendo una autoridad que garantice los derechos humanos. Justamente, el pasado 2 de marzo, 20 organizaciones de derechos presentaron un pliego de propuestas en las que mencionan se debe tener una reforma a la Policía, como fue la promesa del gobierno de Gustavo Petro en campaña. Entre los mínimos que consideran está: eliminar la jerarquía militar, limitar la figura de “traslado por protección” y asegurar que alcaldes y gobernadores tengan un mando real sobre las direcciones de Policía de sus municipios y departamentos.
Le puede interesar: Desmilitarizar, transparencia y otros indispensables para la reforma a la Policía
La Ong en su análisis consideró que los 44 casos de violencia policial verificados, entre enero y marzo de este año, no solo ocurren en la protesta social, sino en escenarios de cotidianidad. En su informe menciona que en el contexto de protesta sí se presentaron el mayor número de casos (40.9%), seguido de ocio en el espacio público (20.5%) y tránsito en el espacio público (15.9%). Asimismo, que los casos en contextos cotidianos en el espacio público, como de trabajo, tránsito, ocio y actividades artísticas o comunitarias, suman un total de 21 casos, es decir, el 47.7% del total. “Por este motivo, desde Temblores Ong hemos insistido en una reforma policial que contemple la transformación del actuar diario de la policía y su relacionamiento con la diversidad ciudadana”.
El informe relata que solamente durante lo que va de 2023 se encuentran: cuatro hechos de violencia homicida, 30 de violencia física, dos de violencia sexual, seis de detención arbitraria, dos de violencia por discriminación, seis de violencia administrativa y judicial (allanamiento, montajes judiciales, comparendos injustificados, retención de documentos y retención de objetos), 13 de hostigamiento, 13 hechos de procedimientos irregulares y dos hechos de tortura, de los cuales uno corresponde a un trauma ocular que fue ejecutado por la Policía en medio de una protesta de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
De los hallazgos más alarmantes que registra la organización, también está que tres de esos cuatro homicidios se dieron en contextos de privación de la libertad, presuntamente, cometidos por miembros de la Policía; solo uno de ellos tuvo lugar en un contexto de protesta social. Dos ocurrieron en Bogotá, uno en Cundinamarca y otro en Caquetá. “Creemos que esta problemática donde asesinan a persona en custodia del Estado abre la puerta a que se cometan mayores violaciones a derechos humanos, además de las condiciones indignas de hacinamiento en las que se encuentran los centros penitenciarios”, expresa el investigador Mendoza.
Con este informe, Temblores Ong busca llamar la atención al Gobierno sobre el actuar de la Fuerza Pública en cualquier escenario, especialmente el de protesta. Además, de mantener la presión para el avance de la reforma policial que propuso a su llegada Gustavo Petro, quien recientemente destituyó al actual director de la Policía, al general Henry Sanabria, y en su lugar posesionará al general (r) William Salamanca. Concluye entonces la organización social que: “Así, si dicha voluntad por construir una policía que respete los derechos humanos quiere ser llevada a transformaciones tangibles, debe ser tenido en cuenta este reporte y se deben adelantar acciones inmediatas para que hechos sistemáticos como los que acá denunciamos no sigan ocurriendo”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.