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16 May 2022 - 6:04 p. m.

Dos expresidentes de Reficar condenados por irregularidades en contratos

El sentido de fallo condenatorio se conoció este lunes en contra de los expresidente de la Refinería de Cartagena Felipe Castilla Canales y Orlando Cabrales Martínez. Los exfuncionarios han estado ante los estrados desde hace un poco más de cinco años.
An employee views the Refineria de Cartagena SA (Reficar), a subsidiary of Ecopetrol SA, in Cartagena, Colombia, on Friday, May 20, 2016. Ecopetrol says it's importing Marlim crude from Brazil to complement local crude diet at Reficar. Reficar has been producing nearly 140,000 barrels per day. Photographer: Mariana Grief/Bloomberg
An employee views the Refineria de Cartagena SA (Reficar), a subsidiary of Ecopetrol SA, in Cartagena, Colombia, on Friday, May 20, 2016. Ecopetrol says it's importing Marlim crude from Brazil to complement local crude diet at Reficar. Reficar has been producing nearly 140,000 barrels per day. Photographer: Mariana Grief/Bloomberg

El desfalco a la Refinería de Cartagena por más de $610 millones dejó los primeros condenados. Se trata de Orlando José Cabrales Martínez y Felipe Castilla Canales, quienes fungieron como expresidentes de la entidad para cuando se destapó el escándalo de corrupción. Este lunes, un juzgado especializado de Bogotá encontró que los exdirectivos son responsables del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

“La investigación permitió conocer que Canales Castillo, presidente de Reficar entre el 29 de abril y el 1 de octubre de 2009; y Cabrales Martínez, quien estuvo a cargo de esta empresa entre el 2 de octubre de 2009 y el 21 de noviembre de 2012, intervinieron en el direccionamiento del contrato de ampliación, modernización, mantenimiento y puesta en marcha de la Refinería”, resaltó la Fiscalía a través de un comunicado.

Los expresidentes están ante los estrados judiciales por este delito desde junio de 2019, cuando la Fiscalía decidió abrir una tercera línea de investigación para esclarecer lo que ocurrió con uno de los desfalcos más grandes de la historia en Colombia. Lo que dijeron en su momento los fiscales del caso es que, los exdirectivos estuvieron inmersos en inconsistencias en la asignación del multimillonario contrato de gerenciamiento y administración del proyecto.

Lea aquí: Dos expresidentes de Reficar serán imputados por irregularidades en contrataciones

Lo que reposa en las investigaciones que hoy terminaron en una condena contra Castilla y Cabrales es que el contrato PMC (Project Management Consultant), cuyo valor inicial superó los 95 millones de dólares fue entregado directamente a la compañía extranjera Foster Wheeler & Process Consultant, sin previo concurso público que garantizara una selección objetiva del contratista.

En su momento, lo que dijeron desde el búnker es que la adjudicación “a dedo” limitó la participación de otras compañías que podrían haber acreditado el perfil y la experiencia para asumir la gerencia, asistencia y vigilancia de los contratos de construcción de la Refinería, las interventorías y otras obligaciones contempladas.

De Castilla Canales, la Fiscalía dijo en su momento que fue el señalado de tramitar el contrato PMC, mientras que, a Cabrales Martínez, se le atribuye la celebración del contrato con la firma Foster Wheeler & Process Consultant. Además, también está ante la palestra pública por presunto interés indebido en la celebración de contratos también vinculado en el expediente de Reficar.

Lea también: Caso Reficar: nuevo proceso de responsabilidad fiscal contra expresidentes

En junio de 2018, la Contraloría expidió un auto de imputación de responsabilidad fiscal por más de 2400 millones de dólares, luego de haber comprobado la existencia de daño fiscal por la pérdida de las inversiones realizadas en la Refinería entre 2011 y 2015. En total, la decisión, inicialmente, cobijaba 20 personas incluyendo a funcionarios, miembros de la junta directiva y las cinco multinacionales que participaron en el proyecto, el cual estaba inicialmente planeado por un valor de 3.777 millones de dólares y que terminó costando 8.326 millones.

En octubre del año pasado el órgano de control ratificó la sanción contra 16 personas. Esa decisión cobija a dos expresidentes de la compañía, tres exvicepresidentes, siete miembros de su junta directiva y cuatro contratistas. La Contraloría, en su momento, “concluyó que existe la certeza del daño al patrimonio público, así como el nexo de casualidad entre el comportamiento de los declarados responsables fiscales y el daño ocasionado al erario”, según explicó la entidad en un comunicado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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