Un documento de 122 páginas, con fecha del 5 de septiembre de 2025, recoge la que es, tal vez, la primera movida clave de la Fiscalía en 25 años de impunidad y rezagos en la investigación por el caso de secuestro, violencia sexual y tortura en contra de la periodista Jineth Bedoya Lima. La fiscal Diana Mercedes Salazar Solís, delegada ante jueces penales especializados del circuito de Bogotá, vinculó de manera oficial y llamó a indagatoria a dos generales en retiro de la Policía, a tres exfuncionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a un exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes deberán responder por su presunta participación en el crimen de lesa humanidad cometido en contra de Bedoya en el 25 de mayo del año 2000.
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La decisión no solo es histórica porque respalda las peticiones que hizo Jineth Bedoya, durante 25 años, de avanzar en la judicialización de funcionarios que pudieron participar en su caso. También lo es porque permitiría avanzar en la resolución de un proceso que, por la inoperatividad del Estado, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La determinación vincula a seis exfuncionarios públicos que habrían hecho parte de una red de corrupción al interior de la cárcel La Modelo de Bogotá.
Los llamados a indagatoria son los generales (r) José Leonardo Gallego Castrillón, exdirector de la Dijín, y Fabio Campos Silva, exdirector del Inpec; Reinaldo Fierro Rico, exdirector de La Modelo; Luis Bernardo Maldonado, exsubdirector del Inpec; Jaime Gallo, exasesor de la dirección del Inpec; y Evangelista Basto Bernal, exparamilitar que hizo parte del Frente Capital de las AUC.
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El centro de lo revelado por la Fiscalía está en que Gallego Castrillón y Campos Silva, otrora poderosos oficiales de la Policía, tendrían responsabilidad penal en tres masacres ocurridas al interior de la cárcel La Modelo, el 8 de diciembre de 1999, el 27 de abril de 2000, y el 2 y 3 de julio del 2001. Esos hechos, en los cuales murieron 46 personas, fueron objeto de investigación por parte de la periodista Jineth Bedoya Lima, cuando ejercía como reportera judicial de El Espectador.
El ente investigador documentó que las publicaciones de la comunicadora, relacionadas con las masacres y desapariciones cometidas por paramilitares que buscaban el control interno del centro carcelario, la pusieron en la mira de los responsables.
Para la Fiscalía, la guerra al interior de La Modelo —documentada y denunciada por Bedoya— ocurrió “bajo la custodia del Estado, contra la población carcelaria”. Es decir, que los generales (r) Gallego Castrillón y Campos Silva no solo tendrían conocimiento de lo que estaba sucediendo dentro del penal, también le habrían dado luz verde a acciones como el ingreso de armas y el desarrollo de requisas irregulares a los internos que pagaban allí sus condenas.
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“Los integrantes de las autodefensas privados de la libertad dieron fin a los llamados caciques y se organizaron jerárquicamente (...). Portaron importante armamento y municiones en cantidad y alcance con la finalidad de tomarse el control de la cárcel”, reseña el documento.
Sobre el papel del general (r) Gallego Castrillón, el ente investigador señaló que estaría implicado en el plan de los paramilitares contra la periodista de intentar silenciar sus investigaciones. “Los delitos cometidos contra la periodista fueron de conocimiento y autorizados por los hermanos Castaño Gil (Fidel y Vicente, excomandantes de las AUC), a Miguel Arroyave Ruiz y a Ángel Gaitán Mahecha (exparamilitares), quienes idearon su ejecución, como ‘terapia para que cogiera miedo’”, detalló la Fiscalía.
Agrega el documento, sobre las reuniones para fraguar el crimen: “Se reunieron Gallego, Arroyave y Gaitán, en la terraza del Pabellón de Alta Seguridad. Siguieron acciones de inteligencia, contra Bedoya Lima, por parte de los internos, sobre las actividades que realizaba en el ala norte del penal”.
El ente investigador documentó además que Luis Bernardo Maldonado, exsubdirector del Inpec, sería el eslabón que habría permitido los ingresos de Gallego Castrillón a los encuentros con paramilitares en los que, como apunta la investigación, se planeaba mantener el control ilegal de La Modelo y atentar en contra de la periodista que documentaba las violaciones de derechos al interior del penal.
“Facilitó los ingresos irregulares del oficial (Gallego) al penal, pues en el expediente se informa que sostuvo reuniones en el ingreso del pabellón de alta Seguridad del penal con los mandos máximos de la estructura quienes desde allí se concertaron e impartieron directrices para la ejecución de delitos”, reza el documento sobre el supuesto rol de Maldonado.
Los resultados de ese plan, por el que ahora los seis nuevos indagados tendrán que responder, se habrían materializado en hechos violentos que sufrió la periodista el 25 de mayo del año 2000. Ese día, sobre las 10:00 de la mañana, Bedoya Lima llegó a La Modelo para entrevistarse con Mario Jaimes Mejía, alias el “Panadero”.
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Al acercarse para pedir que le autorizaran el ingreso, fue interceptada por un hombre que la tomó a la fuerza y la llevó contra su voluntad a una casa cercana al penal. Allí la amordazaron y la golpearon. Luego la subieron a un vehículo en el que la siguieron golpeando y abusaron sexualmente de ella. Luego fue abandonada en la vía hacia Villavicencio.
Desde el primer momento, Bedoya Lima buscó que se esclareciera lo sucedido y se condenara a los responsables. Sin embargo, 25 años después, la justicia colombiana aún no tiene respuestas sobre el expediente. Tanto así que en mayo de este año, al cumplirse 25 años del crimen, la propia periodista comunicó su decisión de renunciar simbólicamente a la investigación.
“Hay una lista mucho más larga de integrantes del Ejército y de la Policía mencionados en un proceso, sin que ningún fiscal los llamara siquiera una vez a declarar en 25 años. Que la historia los juzgue a ustedes, señores de la Fiscalía, porque mi caso hoy muere en la impunidad”, dijo públicamente en ese momento.
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La última movida de la Fiscalía se da justo cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en octubre de 2021 falló a favor de Bedoya Lima y condenó a Colombia por su secuestro, tortura y violación, adelanta en el país su visita oficial de verificación de cumplimiento de las seis sentencias por las que ha condenado al Estado.
Mientras que en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en Bogotá, la comisión del organismo internacional le medía el aceite al rezagado cumplimiento de la institucionalidad en la investigación del caso, al otro lado de la ciudad el ente investigador anunciaba que, tras un cuarto de siglo con el expediente en sus manos, llamará a seis personas para intentar esclarecer las preguntas que siguen sin respuesta en el caso.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
