Dos magnicidios sin castigo

Un día 30 de abril, con siete años de diferencia, fueron asesinados en Colombia dos ministros de Justicia. El primero, en ejercicio, fue Rodrigo Lara, asesinado por el narcotráfico en 1984. El segundo, en calidad de exministro, fue Enrique Low, sacrificado en 1991. Ayer, un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario concluyó que ambos fueron crímenes de lesa humanidad, por lo cual no prescribe la acción penal para castigar a los responsables, así hayan pasado más de 20 años.

Los dos asesinatos marcan una época en la historia contemporánea de Colombia, la de la primera guerra del estado contra las mafias del narcotráfico, con el liderazgo criminal de Pablo Escobar Gaviria. Y en ambos casos hay otro denominador común: los expedientes en las dos investigaciones dejaron un agrio saldo de impunidad. Mucho más en el caso de Low Murtra que en el crimen de Lara Bonilla. De todos modos, con la decisión de la Fiscalía la justicia puede seguir indagando sobre ambos hechos.

El homicidio de Rodrigo Lara se cometió el lunes 30 de abril de 1984, cuando dos sicarios lo atacaron en momentos en que se movilizaba en un vehículo oficial a la altura de la calle 127 con carrera 41, al norte de Bogotá. El sicario que disparó contra Lara murió cuadras más adelante, durante la persecución de los escoltas del ministro. El sujeto que conducía la moto, de apenas 16 años, Byron de Jesús Velásquez, fue capturado. Días después, cayó preso Germán Díaz Quintana.

La investigación del caso fue asumida por el entonces juez Tulio Manuel Castro Gil, quien ordenó procesar a 16 personas y descubrió que la base de la organización de Pablo Escobar partía del Movimiento de Renovación Liberal Independiente, a través del cual el capo de capos había accedido al Congreso de la República. El juez Castro Gil fue asesinado el 23 de julio de 1985. De ahí en adelante, el expediente comenzó a dar tumbos y los autores intelectuales quedaron a salvo.

Una década después de cometido el crimen, al margen de condenas contra Byron Velásquez y Germán Díaz, nadie más pagó un día de cárcel. Entre tanto, habían ocurrido graves episodios de la ofensiva narcoterrorista de Pablo Escobar, que también fueron declarados crímenes de lesa humanidad: el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos, el 25 de enero de 1988, o el crimen del entonces gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, ocurrido en junio de 1989.

De igual manera, el Cartel de Medellín perpetró otra serie de asesinatos, que la justicia ha venido declarando como crímenes de lesa humanidad. El magnicidio del director de El Espectador, Guillermo Cano, en diciembre de 1986; el asesinato del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán, perpetrado en agosto de 1989; el bombazo contra un avión de Avianca que segó la vida de 107 personas, en noviembre de 1989, o el atentado terrorista contra el edificio del DAS en Bogotá, en diciembre de 1989.

Ya en 1990, Escobar Gaviria adoptó una nueva estrategia para ablandar al Estado: el secuestro de hijos o familiares de líderes nacionales. En esa secuencia superaron un largo cautiverio Maruja Pachón, Beatriz Villamizar o Francisco Santos, pero no sobrevivieron Luz Marina Montoya y Diana Turbay Quintero. El capo de capos, en cambio, logró su cometido: entregarse a la justicia en medio de laxas condiciones, el mismo día que la Asamblea Constituyente prohibió la extradición de colombianos.

En ese último ciclo de violencia, la misma organización le pasó cuenta de cobro al exministro Low Murtra. Durante la guerra entre el Estado y la mafia, entre septiembre de 1987 y julio de 1988, Low Murtra fue el funcionario que se puso al frente de la ofensiva contra el narcotráfico. Y no sólo activó todos los procesos contra sus principales líderes, sino que estructuró las órdenes de detención con fines de extradición contra Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Juan David, Fabio y Jorge Luis Ochoa.

Cuando dejó su cargo como ministro, ante las graves amenazas en su contra, Enrique Low tuvo que viajar a Suiza, donde permaneció como embajador hasta diciembre de 1990. Sin protección alguna, regresó al país en enero de 1991 y tres meses después, el martes 30 de abril de 1991, fue asesinado cuando abordaba un taxi al frente de la Universidad de La Salle en Bogotá, donde había comenzado a dictar clases. En medio del sainete de la entrega de Escobar, su crimen quedó en la absoluta impunidad.

Ayer, la Fiscalía General de la Nación reconoció lo que ya era claro desde hace 20 años: así como el crimen de Rodrigo Lara fue un delito de lesa humanidad, también lo fue el del exministro Low Murtra. Ahora la justicia tiene una nueva oportunidad para aportarle a la historia algo de verdad respecto a una época dolorosa de la historia contemporánea de Colombia, en la que la mafia, con complicidades insuficientemente aclaradas, causó un excesivo dolor a la sociedad colombiana.

Un día 30 de abril, con siete años de diferencia, fueron asesinados en Colombia dos ministros de Justicia. El primero, en ejercicio, fue Rodrigo Lara, asesinado por el narcotráfico en 1984. El segundo, en calidad de exministro, fue Enrique Low, sacrificado en 1991. Ayer, un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario concluyó que ambos fueron crímenes de lesa humanidad, por lo cual no prescribe la acción penal para castigar a los responsables, así hayan pasado más de 20 años.

Los dos asesinatos marcan una época en la historia contemporánea de Colombia, la de la primera guerra del estado contra las mafias del narcotráfico, con el liderazgo criminal de Pablo Escobar Gaviria. Y en ambos casos hay otro denominador común: los expedientes en las dos investigaciones dejaron un agrio saldo de impunidad. Mucho más en el caso de Low Murtra que en el crimen de Lara Bonilla. De todos modos, con la decisión de la Fiscalía la justicia puede seguir indagando sobre ambos hechos.

El homicidio de Rodrigo Lara se cometió el lunes 30 de abril de 1984, cuando dos sicarios lo atacaron en momentos en que se movilizaba en un vehículo oficial a la altura de la calle 127 con carrera 41, al norte de Bogotá. El sicario que disparó contra Lara murió cuadras más adelante, durante la persecución de los escoltas del ministro. El sujeto que conducía la moto, de apenas 16 años, Byron de Jesús Velásquez, fue capturado. Días después, cayó preso Germán Díaz Quintana.

La investigación del caso fue asumida por el entonces juez Tulio Manuel Castro Gil, quien ordenó procesar a 16 personas y descubrió que la base de la organización de Pablo Escobar partía del Movimiento de Renovación Liberal Independiente, a través del cual el capo de capos había accedido al Congreso de la República. El juez Castro Gil fue asesinado el 23 de julio de 1985. De ahí en adelante, el expediente comenzó a dar tumbos y los autores intelectuales quedaron a salvo.

Una década después de cometido el crimen, al margen de condenas contra Byron Velásquez y Germán Díaz, nadie más pagó un día de cárcel. Entre tanto, habían ocurrido graves episodios de la ofensiva narcoterrorista de Pablo Escobar, que también fueron declarados crímenes de lesa humanidad: el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos, el 25 de enero de 1988, o el crimen del entonces gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, ocurrido en junio de 1989.

De igual manera, el Cartel de Medellín perpetró otra serie de asesinatos, que la justicia ha venido declarando como crímenes de lesa humanidad. El magnicidio del director de El Espectador, Guillermo Cano, en diciembre de 1986; el asesinato del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán, perpetrado en agosto de 1989; el bombazo contra un avión de Avianca que segó la vida de 107 personas, en noviembre de 1989, o el atentado terrorista contra el edificio del DAS en Bogotá, en diciembre de 1989.

Ya en 1990, Escobar Gaviria adoptó una nueva estrategia para ablandar al Estado: el secuestro de hijos o familiares de líderes nacionales. En esa secuencia superaron un largo cautiverio Maruja Pachón, Beatriz Villamizar o Francisco Santos, pero no sobrevivieron Luz Marina Montoya y Diana Turbay Quintero. El capo de capos, en cambio, logró su cometido: entregarse a la justicia en medio de laxas condiciones, el mismo día que la Asamblea Constituyente prohibió la extradición de colombianos.

En ese último ciclo de violencia, la misma organización le pasó cuenta de cobro al exministro Low Murtra. Durante la guerra entre el Estado y la mafia, entre septiembre de 1987 y julio de 1988, Low Murtra fue el funcionario que se puso al frente de la ofensiva contra el narcotráfico. Y no sólo activó todos los procesos contra sus principales líderes, sino que estructuró las órdenes de detención con fines de extradición contra Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Juan David, Fabio y Jorge Luis Ochoa.

Cuando dejó su cargo como ministro, ante las graves amenazas en su contra, Enrique Low tuvo que viajar a Suiza, donde permaneció como embajador hasta diciembre de 1990. Sin protección alguna, regresó al país en enero de 1991 y tres meses después, el martes 30 de abril de 1991, fue asesinado cuando abordaba un taxi al frente de la Universidad de La Salle en Bogotá, donde había comenzado a dictar clases. En medio del sainete de la entrega de Escobar, su crimen quedó en la absoluta impunidad.

Ayer, la Fiscalía General de la Nación reconoció lo que ya era claro desde hace 20 años: así como el crimen de Rodrigo Lara fue un delito de lesa humanidad, también lo fue el del exministro Low Murtra. Ahora la justicia tiene una nueva oportunidad para aportarle a la historia algo de verdad respecto a una época dolorosa de la historia contemporánea de Colombia, en la que la mafia, con complicidades insuficientemente aclaradas, causó un excesivo dolor a la sociedad colombiana.