Dudas de la Fiscalía en caso Uribe

Por considerar que los hechos por los cuales era investigado no podían ser tenidos en cuenta como graves indicios de responsabilidad penal ni existían testimonios que ofrecieran serios motivos de credibilidad, el vicefiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, decidió revocar la medida de aseguramiento que pesaba desde el 22 de abril pasado en contra del ex senador Mario Uribe Escobar, en desarrollo de las pesquisas por sus presuntos vínculos con grupos de autodefensa en Antioquia y Córdoba.

El Espectador conoció las 68 páginas del pronunciamiento del vicefiscal Guillermo Mendoza Diago, a través del cual se desestimaron las declaraciones del extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en un documento en el que además, en el caso de Mario Uribe, se desvirtuó la tesis de las votaciones atípicas del ex congresista en el departamento de Córdoba, sobre la base de que estos resultados por sí mismos no constituyen un grave indicio de que se haya aliado con grupos paramilitares.

El debate probatorio estuvo centrado en las declaraciones aportadas por Salvatore Mancuso, respecto a una reunión que éste sostuvo en 2002 con el entonces senador Mario Uribe en la zona de Tierralta (Córdoba), a instancias de la dirigente política Eleonora Pineda —condenada por la justicia—. El punto en discusión era establecer cuáles fueron los motivos de este encuentro y si de él se derivaron beneficios electorales para la campaña al Senado de Uribe Escobar en 2002.

El Vicefiscal concluyó que la declaración de Salvatore Mancuso es dubitativa y confusa, y que su manera de recordar sucesos se evidencia ajena a la experiencia común. La providencia sostiene que el meollo de la cuestión consiste en establecer si hubo más de un encuentro entre el senador Uribe y el paramilitar Mancuso. Y el balance que hizo el ente investigador es que el testimonio de Mancuso fue inconsistente, sospechoso y falto de credibilidad para establecer el número de reuniones entre Mancuso y Uribe.

Al tiempo que el ex jefe paramilitar reveló que se reunió varias veces con Eleonora Pineda y Antonio Sánchez, éstos dicen que sólo coincidieron en una ocasión. Por eso, la Fiscalía consideró que el testimonio de Mancuso no es claro y carece de uniformidad en cuanto a la fecha, número y orden de los supuestos encuentros. En cambio, Eleonora Pineda, a quien se le da credibilidad, aseguró en el proceso que la única reunión entre Mancuso y el senador Uribe se dio por iniciativa de ella y que la conversación nunca giró en torno a acuerdos electorales.

En síntesis, la revocatoria de la medida de aseguramiento en favor de Uribe Escobar radicó en que, por ahora, para la Fiscalía la reunión entre Uribe y Mancuso no se hizo para realizar pactos electorales, sino para proponerle al congresista que fuera facilitador en un proceso de paz con las autodefensas. Y como quiera que esa reunión se hizo después de las elecciones de 2002 y no antes, la Fiscalía consideró que resultaba imposible concluir que este encuentro pudiera ser un grave indicio para imputarle al ex senador la conducta de concierto para delinquir.

La segunda parte de la providencia del Vicefiscal está orientada a analizar los resultados de Uribe en las elecciones de 2002 en Córdoba. Según Mendoza, al cotejar los guarismos electorales de 1998, 2002 y 2006, obtenidos por Mario Uribe, se

Según el estudio adelantado por la Corporación Arco Iris, de 1998 a 2002 en siete municipios de Córdoba hubo un notorio incremento electoral del senador Uribe. Por ejemplo, en el municipio de Montelíbano pasó de 8 votos a 4.087. En Planeta Rica pasó de 168 votos a 598. Para la Fiscalía, este incremento en las votaciones es normal, pues se trata de un político de amplia trayectoria, con especial fortaleza electoral en las ciudades. Por eso el estudio de las votaciones atípicas en Córdoba, dice el Vicefiscal, no puede constituir una prueba judicial que en este caso derive en concluir que Uribe se alió con las Auc.

En su etapa final, la providencia que dispuso la libertad del ex senador y primo del Presidente, Mario Uribe, evaluó el testimonio del publicitado testigo de la parapolítica Jairo Antonio Castillo Peralta, alias Pitirri, para concluir que no es un declarante que ofrezca serios motivos de credibilidad. En esencia, el Vicefiscal consideró que a la luz de la experiencia es improbable que una persona (Pitirri) que apenas estaba conociendo una zona se le revelaran de buenas a primeras y en un inicial contacto situaciones tan comprometedoras para el acusado.

Según Pitirri, Mario Uribe estuvo en una primera reunión con él en la casa del ganadero Olegario Otero, donde supuestamente se pidió que se le consiguieran tierras baratas al senador. El testigo expresó que la segunda reunión se efectuó en un hotel de Caucasia (Antioquia) para ratificar las presiones que debían hacerse contra un ganadero con el fin de que el congresista se hiciera a esos terrenos de Córdoba por un bajo precio.

Para el vicefiscal Mendoza Diago, el relato de Pitirri es bastante farragoso y algo incoherente. Se trata de un testimonio donde salta de un tema a otro sin mayores argumentos y donde, según la Fiscalía, de manera curiosa Pitirri refiere a Mario Uribe sin que se le esté preguntando por él. La conclusión del Vicefiscal es que la declaración que le entregó a la justicia Pitirri en Montreal (Canadá) se muestra muy débil, y mientras varias personas a quienes él señala carecen de registros penales, a Castillo, en cambio, le figuran varios señalamientos de la justicia.

Tales personas son el ganadero Olegario Otero, el comerciante Juan Carlos Mejía, el comisionista de tierras Mauricio León Aristizábal, el economista Rafael Zuleta, la propietaria de finca Luz Marina Zapa, y el ganadero Eduardo Chagüí. Todos ellos defendieron a Mario Uribe y descalificaron a Pitirri. En algunos casos lo acusaron de ser el autor de varias exigencias extorsivas, identificándose como el tesorero de las autodefensas en Sucre y Córdoba. Por eso, el Vicefiscal sostuvo en la providencia que esta prueba, es decir, el testimonio de Pitirri, tampoco puede considerarse como un grave indicio en contra de Mario Uribe.

En consecuencia, la Fiscalía concluyó que no está probado que Uribe Escobar hubiera participado en supuestos acuerdos electorales con las autodefensas, pues de ser cierto se habría vinculado desde épocas lejanas, concretamente desde 1998, y no hubiera sido necesario que para el año 2002 estuviera buscando acercamientos con Salvatore Mancuso para obtener apoyos electorales. Por estas razones, sin precluir el caso, la Fiscalía dispuso la libertad de Uribe.