Desde el día del magnicidio de Luis Carlos Galán, ocurrido hace 20 años, quedó en evidencia que el dispositivo de seguridad que se organizó para protegerlo fracasó sospechosamente. Y también quedó clara la intención de desviar la investigación judicial hacia cinco sindicados que después de 42 meses de injusta prisión quedaron libres. Con la misma hipótesis y a menos de dos meses de la prescripción del caso, la Procuraduría busca revivir el proceso porque cree tener en sus manos al que considera responsable: el ex director del DAS, general (r) Miguel Maza Márquez.
Paradójicamente, uno de los causantes de este desesperado intento de la justicia por evitar que la impunidad imponga su sello de cosa juzgada en el caso Galán, es el jefe paramilitar Iván Roberto Duque, conocido con el alias de Ernesto Báez, hoy amparado por la Ley de Justicia y Paz. Pero su aporte tampoco es nuevo, data del 19 de abril de 2007, cuando urgido por la advertencia de la Fiscalía de que iba a perder los beneficios judiciales en razón a su negativa a decir la verdad de su paso por las autodefensas, se despachó contra el ex oficial, hace dos décadas héroe de la lucha contra el narcoterrorismo.
Según Ernesto Báez, cuando se destapó el primer dossier paramilitar en Colombia a finales de los años 80, entre las personas señaladas estuvo el entonces coronel Luis Arsenio Bohórquez, retirado a raíz del escándalo y asesinado en junio de 1991. La razón: supuestamente por unos casetes que había grabado en los que comprometía a dos generales de la República: el director del DAS, Miguel Maza Márquez, o los generales del Ejército Nelson Mejía Henao u Óscar Botero Restrepo, sin precisar cuál de estos dos últimos era el señalado en las desconocidas grabaciones.
Además manifestó que el jefe militar de las autodefensas del Magdalena Medio, Henry Pérez, le encomendó al sacerdote Jairo Ciro, de la iglesia de San José Obrero, de Puerto Boyacá, que viajara a Bogotá y se entrevistara con el general Maza Márquez para decirle que enviara una delegación del DAS a recibir una información de primera clase. Según Báez, los delegados de Maza se reunieron con Pérez en la finca La Palmera, que él estuvo en ese encuentro, que hubo más citas similares y que producto de esos acercamientos Henry Pérez pudo volver a su vida pública en el municipio.
Después habló de Jaime Rueda Rocha, el asesino de Luis Carlos Galán, de quien dijo haberle oído decir que gracias a “la gente dura” del DAS, después de fugarse de la cárcel La Picota en Bogotá, se trasladó armado a Puerto Boyacá, superando retenes de la Fuerza Pública. Luego recordó que el plan para matar a Galán se gestó en la Isla de la fantasía, ubicada en la ciénaga de Palagua, en el mismo municipio, y que a esa cita acudieron, entre los conocidos, Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y Henry Pérez. Hasta ahí sus acusaciones a Maza. Después vaguedades y memoria recortada.
Antes de que el expediente Galán tome su norte y Maza Márquez aporte sus explicaciones a la Fiscalía, es obligatorio recobrar algunos eslabones sueltos de la historia. Iván Roberto Duque le ha dicho a la Fiscalía que llegó a Puerto Boyacá en marzo o abril de 1989 y que “nunca antes había visitado esa región”. En el libro Mi confesión, del periodista Mauricio Aranguren, el mismo Báez refiere cómo conoció al diputado Pablo Guarín y cuáles fueron los logros de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam). Guarín fue asesinado en noviembre de 1987.
De hecho, el pasado 14 de mayo, con la consideración de que “conoció de primera mano el macabro proyecto de eliminación de la comisión judicial”, un fiscal especializado dictó medida de aseguramiento en contra de Iván Roberto Duque o Ernesto Báez por la masacre de 12 funcionarios de la justicia ocurrida en La Rochela (Santander) en enero de 1989. Y este suceso fue precisamente el detonante que en su momento puso a las autodefensas del Magdalena Medio en el ojo de las autoridades. En pocas semanas el DAS tenía claro contra quiénes se enfrentaba.
El ala militar estaba liderada por Henry Pérez, con proyección a Córdoba y Urabá a través de Fidel Castaño; y la financiación estaba a cargo de Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, entre otros. Las pruebas no tardaron. Primero a través del médico Diego Viáfara, quien le entregó en febrero al DAS la radiografía del paramilitarismo, incluyendo sus escuelas de formación con mercenarios de Israel y Gran Bretaña; y después por conducto de Camilo Zamora, alias Travolta, quien demostró en abril cómo el proyecto criminal se extendía hasta otros departamentos.
Con las pesquisas del DAS y las suyas propias, la jueza Marta Lucía González unió los hilos y ordenó la captura de toda la red, incluyendo las conexiones con la Fuerza Pública. La réplica fue inmediata. Como no pudieron matarla, asesinaron a su padre Álvaro González en mayo de 1989. Ella marchó al exilio. El caso fue apelado y llegó a la jueza María Helena Díaz, quien confirmó las decisiones y fue asesinada en Medellín. En segunda instancia se cayeron las capturas. El único perdedor fue el comandante del batallón Bárbula en Puerto Boyacá, coronel Luis Bohórquez, quien fue retirado del Ejército.
En el ojo del huracán, el coronel Bohórquez la emprendió públicamente contra sus superiores, los generales Nelson Mejía, Óscar Restrepo, Farouk Yanine y Carlos Julio Gil, de quienes dijo acatar directrices. De paso enfiló baterías contra el director del DAS, Miguel Maza Márquez, a quien responsabilizó de haberle echado el agua sucia para desviar la atención del país con el escándalo del coronel Jair Klein y demás mercenarios extranjeros. Precisamente por esos días esta revelación estaba al rojo vivo y el acusador ante la justicia, el Congreso y los medios era Maza Márquez.
El 30 de mayo de 1989, Maza fue blanco de un atentado terrorista en Bogotá en el que perdieron la vida siete personas. De inmediato acusó al narcoparamilitarismo y reveló que un capitán del Ejército, Luis Javier Wanumen, había sido capturado con documentos que demostraban que se trataba de un ataque anunciado y que la red tenía tentáculos de espionaje en el alto gobierno. Las investigaciones se fueron diluyendo con el paso de los días porque el terrorismo entró en pleno vigor. En medio de carros bomba y muertes selectivas, el 18 de agosto fue asesinado Luis Carlos Galán.
Días antes, con presencia de la Fuerza Pública y sin acoso judicial, en Yacopí (Cundinamarca), con masiva asistencia, el ex secretario de Acdegam, Iván Roberto Duque, había lanzado el Movimiento de Restauración Nacional (Morena), con una clara invocación a las autodefensas. Y siguió haciendo política sin apremios mientras las investigaciones por el magnicidio de Galán daban pasos de ciego y el terrorismo golpeaba. En diciembre, después de una sucesión de ataques, la sede del DAS fue destruida en un violento atentado. El general Maza sobrevivió, pero murieron más de 50 personas.
A la semana siguiente fue dado de baja Rodríguez Gacha en Tolú (Sucre) y empezaron a cambiar las fichas de la guerra. Iván Roberto Duque siguió haciendo proselitismo y entró en conversaciones con el gobierno Barco, a través del ministro Horacio Serpa, en procura de una “exoneración condicionada de responsabilidad penal de los grupos de autodefensa”. En el gobierno Gaviria no se perdieron los contactos y en noviembre de 1990, el mismísimo Fidel Castaño encabezó una simulada entrega de armas en los predios de su cuartel general en el municipio de Valencia (Córdoba).
Para la época, las investigaciones por el crimen de Galán ya estaban entrabadas, el asesino Jaime Rueda Rocha se había evadido de la cárcel y sus cómplices asesinados. En cuanto a la guerra contra Escobar, mientras el gobierno Gaviria le daba forma a su sometimiento por la vía de las rebajas procesales, surgió un escenario inesperado. A principios de 1991, el jefe de las autodefensas del Magdalena Medio, Henry Pérez, y el capo de capos se declararon la guerra mutuamente y Escobar acusó a su ex compinche de haberse aliado con el director del DAS para perseguirlo.
El desenlace se desarrolló al ritmo de la Constituyente. El 19 de junio se entregó Pablo Escobar y ese mismo día fue prohibida la extradición de colombianos. Un mes más tarde fue asesinado en Puerto Boyacá el temido Henry Pérez. La misma semana estalló el escándalo del narcovideo, del cual se supo después fue un montaje de las autodefensas para desacreditar a la Constituyente. En cuanto a Iván Roberto Duque, después de un traspié judicial que lo tuvo en la cárcel, salió para convertirse en Ernesto Báez y orientar políticamente al paramilitarismo que desangró a Colombia.
“Debemos escribir primero nosotros la historia”
Después de su paso por Acdegam y Morena, Iván Roberto Duque fue a la cárcel acusado de conformar grupos paramilitares. Salió rápido y buscó a Carlos Castaño. Desde 1997, dieron solidez militar y política a las Autodefensas Unidas de Colombia. En 2000, junto con alias Macaco, estructuró el Bloque Central Bolívar, y aunque lo niega, después organizó el bloque Cacique Pipintá en Caldas, único que no se desmovilizó, pero que fue desmantelado por el Ejército.
Desde hace más de 10 años se hace llamar Ernesto Báez y dice que su labor fue política. Gestó el movimiento No al Despeje para oponerse a una zona de diálogo con el Eln en el gobierno Pastrana y fue uno de los maquinadores de acuerdos con candidatos que hoy dan razón a las investigaciones de la parapolítica. Según el periodista Alfredo Serrano en su libro Paracos, siempre repite una consigna: “Debemos escribir primero nosotros la historia”. A falta de colaboración con Justicia y Paz, lo hace elaborando su propio e incontrastado libro.
Procuraduría vs. Fiscalía por el caso Galán
La Procuraduría no está de acuerdo con que la indagatoria al general Maza en la reapertura del caso Galán se haga hasta el 27 de julio, porque dice que hay suficiente material probatorio para detenerlo. Incluso dice que dada la proximidad de la prescripción, puede prescindir de la citación, pues es un hecho de connotación nacional.
El vicefiscal Guillermo Mendoza Diago desestimó la petición, argumentando que las investigaciones van al ritmo de la prueba y pidió al Ministerio Público acompañar las diligencias. El delegado Gabriel Jaimes insiste en la captura facultativa por la gravedad de las imputaciones. Además que también se investigue al ex director de la Dijín coronel (r) Óscar Peláez Carmona.
En esencia, los reclamos son los mismos que planteó la familia Galán desde el día del crimen: el súbito cambio del jefe de escoltas del líder político, la errática conducta del DAS en el momento del crimen y el desvío de la investigación para evitar que se conociera la autoría del magnicidio.
Por Redacción Judicial
