Ecos políticos del caso Odebrecht

Las andanzas de Odebrecht en Colombia han terminado por salpicar a funcionarios de dos gobiernos, que se han señalado uno al otro de hacer parte del escándalo de la multinacional brasileña. Si bien hasta el momento sólo hay dos capturados, han sido varios los funcionarios y empresarios que han desfilado por los pasillos de la Fiscalía para aclarar lo sucedido. Día a día se conocen detalles de esta novela en la que ya se avanza en tres líneas de investigación en la Fiscalía y en un expediente en la Procuraduría y que tiene a varias personas tocando la puerta para una posible negociación y colaboración con las autoridades.

El primer episodio ocurrió a finales de la era del presidente Álvaro Uribe, cuando el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) —hoy la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)— licitó en diciembre de 2009 la construcción del sector 2 de la Ruta del Sol. El contrato se lo ganó la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., una sociedad conformada por Odebrecht en más del 60 %; Episol, filial de Corficolombiana, en el 33 %, y una constructora de Carlos Solarte con el 4,8 %. Todo parecía haber sido transparente, sin embargo, tras estallar el escándalo mundial de Odebrecht el pasado diciembre, la Fiscalía capturó al exviceministro de Transporte y exdirector del Inco Gabriel García Morales.

El exviceministro García Morales aceptó hace dos semanas que recibió US$6,5 millones cuando licitó el contrato del sector 2 de la Ruta del Sol. En esa época, García era el director encargado del Inco, acompañado del fallecido ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, y reconoció que se reunió con emisarios de Odebrecht para manipular el concurso a cambio de que le giraran millones de dólares a cuentas en el exterior. Al parecer, García en estos momentos busca negociar con la Fiscalía beneficios jurídicos a cambio de colaborar con las autoridades.

Al respecto, el expresidente Álvaro Uribe sostuvo que Gabriel García los traicionó a él y al exministro Gallego, a quien calificó como un hombre “químicamente puro”. En pocas palabras, dijo que la licitación de la Ruta del Sol fue transparente, que estuvo vigilada por organismos internacionales y que Gabriel García fue una especie de rueda suelta. Asimismo, Uribe señaló en su comunicación que Óscar Iván Zuluaga había sido transparente al indicar qué empresas habían financiado su campaña presidencial en 2014 y que esperaba la misma honestidad del presidente Juan Manuel Santos. 

Sin embargo, apareció otro inesperado cuestionamiento, esta vez a la campaña de Óscar Iván Zuluaga y su relación con Odebrecht. En distintos medios se conoció que desde hace dos meses, ante el Ministerio Público Federal de Brasil (la Fiscalía de ese país), un reconocido publicista y asesor de campañas políticas está revelando los vínculos entre políticos y la firma Odebrecht de los que tuvo noticia. Se trata de José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, más conocido como Duda, un hombre que trabajó para la campaña de Zuluaga y al que le pagaron $2.859 millones. (Lea:  Zuluaga niega relación de Odebrecht con su campaña presidencial)

Lo grave no es que Duda Mendonça haya trabajado para la campaña del Centro Democrático en 2014, sino la forma en la que habría sido contactado. Según sus declaraciones, fue a través de un funcionario de Odebrecht que conoció a David Zuluaga, hijo de Óscar Iván Zuluaga y exdirector de la campaña presidencial. El publicista brasileño dijo que él les pidió US$4,3 millones por su asesoría, cifra que les pareció exagerada a los del Centro Democrático. Sin embargo, agregó que Odebrecht se ofreció a pagar parte de ese monto y que por eso terminó trabajando para Zuluaga. Mendonça aseguró que la firma brasileña le dio US$1,6 millones.

Óscar Iván Zuluaga respondió a las críticas asegurando que él no tiene por qué conocer los pagos que Odebrecht le hizo a Duda Mendonça, y que, además, en el viaje que su hijo hizo a Brasil en febrero de 2014 nunca se habló de honorarios y el contacto con Mendonça se hizo a través de Daniel García, quien trabajó para Odebrecht luego de salir de la dirección del Invías sancionado por la Procuraduría en 2008. “Ese pago está registrado en el Consejo Electoral. El asesor brasileño debe decir a qué título y por qué hubo pagos adicionales de Odebrecht sin que hubiera informado al doctor Zuluaga o a directivos de su campaña”, se lee en un comunicado del excandidato presidencial.

Sin embargo, el caso Odebrecht no se ha quedado en la era Uribe y empieza a tocar también a la administración Santos. Hace pocos días trascendió que en 2014 el consejo de ministros aprobó el Conpes 3817, que adicionó el contrato del sector 2 de la Ruta del Sol para la construcción de un tramo de la vía Ocaña-Gamarra. La Fiscalía sabe que, para lograr la aprobación, Odebrecht le pagó al excongresista Otto Bula —hoy preso— US$4,6 millones para que hiciera lobby en el Congreso y a través de senadores amigos ejerciera presión al Gobierno. Finalmente, el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, firmó el 14 de marzo de 2014 el otrosí que autorizó el desembolso de $676.000 millones adicionales.

La Procuraduría abrió investigación preliminar y ordenó escuchar a todos los funcionarios públicos que tuvieron que ver con la licitación del contrato de la Ruta del Sol sector 2 y la aprobación de ese otrosí. A su vez, en la Fiscalía, si bien se desconoce quiénes son los funcionarios que han sido llamados a interrogatorio, se rumora que algunos aún trabajan con la ANI. Como si fuera poco, el uribismo denunció a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por no declararse impedidas en ese consejo de ministros —en el que también estuvo el actual fiscal, Néstor Humberto Martínez— que aprobó la adición de la construcción de la vía Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol que ya tenía la firma Odebrecht.

Según la denuncia firmada por nueve congresistas del Centro Democrático, las entonces ministras de Educación y Transporte incurrieron en tráfico de influencias al aprobar la construcción de una vía que claramente beneficiaba a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, de la que es socia la familia de Gina Parody. En ese entonces esta sociedad planeaba construir un puerto fluvial en el sector. Para el uribismo, Cecilia Álvarez —citada a entrevista en la Fiscalía por el caso Odebrecht— no hizo mención de su relación con Parody, por lo que supuestamente incurrió en interés indebido en celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de servidores públicos.

Por ahora, la Fiscalía avanza en todos los frentes de investigación. El último en rendir interrogatorio fue José Elías Melo Acosta, quien entre 2008 y 2016 fue la cabeza de Corficolombiana, una de las socias de Odebrecht en el consorcio de la Ruta del Sol. Melo, ministro de Trabajo en 1994, salvó a la empresa Megabanco y fue mano derecha de Luis Carlos Sarmiento Angulo, debe explicar el rol que jugó Episol en esta novela. Melo dejó de ser presidente de Corficolombiana a mediados del año pasado, justo cuando estalló a nivel mundial el escándalo de Odebrecht.

Las andanzas de Odebrecht en Colombia han terminado por salpicar a funcionarios de dos gobiernos, que se han señalado uno al otro de hacer parte del escándalo de la multinacional brasileña. Si bien hasta el momento sólo hay dos capturados, han sido varios los funcionarios y empresarios que han desfilado por los pasillos de la Fiscalía para aclarar lo sucedido. Día a día se conocen detalles de esta novela en la que ya se avanza en tres líneas de investigación en la Fiscalía y en un expediente en la Procuraduría y que tiene a varias personas tocando la puerta para una posible negociación y colaboración con las autoridades.

El primer episodio ocurrió a finales de la era del presidente Álvaro Uribe, cuando el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) —hoy la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)— licitó en diciembre de 2009 la construcción del sector 2 de la Ruta del Sol. El contrato se lo ganó la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., una sociedad conformada por Odebrecht en más del 60 %; Episol, filial de Corficolombiana, en el 33 %, y una constructora de Carlos Solarte con el 4,8 %. Todo parecía haber sido transparente, sin embargo, tras estallar el escándalo mundial de Odebrecht el pasado diciembre, la Fiscalía capturó al exviceministro de Transporte y exdirector del Inco Gabriel García Morales.

El exviceministro García Morales aceptó hace dos semanas que recibió US$6,5 millones cuando licitó el contrato del sector 2 de la Ruta del Sol. En esa época, García era el director encargado del Inco, acompañado del fallecido ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, y reconoció que se reunió con emisarios de Odebrecht para manipular el concurso a cambio de que le giraran millones de dólares a cuentas en el exterior. Al parecer, García en estos momentos busca negociar con la Fiscalía beneficios jurídicos a cambio de colaborar con las autoridades.

Al respecto, el expresidente Álvaro Uribe sostuvo que Gabriel García los traicionó a él y al exministro Gallego, a quien calificó como un hombre “químicamente puro”. En pocas palabras, dijo que la licitación de la Ruta del Sol fue transparente, que estuvo vigilada por organismos internacionales y que Gabriel García fue una especie de rueda suelta. Asimismo, Uribe señaló en su comunicación que Óscar Iván Zuluaga había sido transparente al indicar qué empresas habían financiado su campaña presidencial en 2014 y que esperaba la misma honestidad del presidente Juan Manuel Santos. 

Sin embargo, apareció otro inesperado cuestionamiento, esta vez a la campaña de Óscar Iván Zuluaga y su relación con Odebrecht. En distintos medios se conoció que desde hace dos meses, ante el Ministerio Público Federal de Brasil (la Fiscalía de ese país), un reconocido publicista y asesor de campañas políticas está revelando los vínculos entre políticos y la firma Odebrecht de los que tuvo noticia. Se trata de José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, más conocido como Duda, un hombre que trabajó para la campaña de Zuluaga y al que le pagaron $2.859 millones. (Lea:  Zuluaga niega relación de Odebrecht con su campaña presidencial)

Lo grave no es que Duda Mendonça haya trabajado para la campaña del Centro Democrático en 2014, sino la forma en la que habría sido contactado. Según sus declaraciones, fue a través de un funcionario de Odebrecht que conoció a David Zuluaga, hijo de Óscar Iván Zuluaga y exdirector de la campaña presidencial. El publicista brasileño dijo que él les pidió US$4,3 millones por su asesoría, cifra que les pareció exagerada a los del Centro Democrático. Sin embargo, agregó que Odebrecht se ofreció a pagar parte de ese monto y que por eso terminó trabajando para Zuluaga. Mendonça aseguró que la firma brasileña le dio US$1,6 millones.

Óscar Iván Zuluaga respondió a las críticas asegurando que él no tiene por qué conocer los pagos que Odebrecht le hizo a Duda Mendonça, y que, además, en el viaje que su hijo hizo a Brasil en febrero de 2014 nunca se habló de honorarios y el contacto con Mendonça se hizo a través de Daniel García, quien trabajó para Odebrecht luego de salir de la dirección del Invías sancionado por la Procuraduría en 2008. “Ese pago está registrado en el Consejo Electoral. El asesor brasileño debe decir a qué título y por qué hubo pagos adicionales de Odebrecht sin que hubiera informado al doctor Zuluaga o a directivos de su campaña”, se lee en un comunicado del excandidato presidencial.

Sin embargo, el caso Odebrecht no se ha quedado en la era Uribe y empieza a tocar también a la administración Santos. Hace pocos días trascendió que en 2014 el consejo de ministros aprobó el Conpes 3817, que adicionó el contrato del sector 2 de la Ruta del Sol para la construcción de un tramo de la vía Ocaña-Gamarra. La Fiscalía sabe que, para lograr la aprobación, Odebrecht le pagó al excongresista Otto Bula —hoy preso— US$4,6 millones para que hiciera lobby en el Congreso y a través de senadores amigos ejerciera presión al Gobierno. Finalmente, el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, firmó el 14 de marzo de 2014 el otrosí que autorizó el desembolso de $676.000 millones adicionales.

La Procuraduría abrió investigación preliminar y ordenó escuchar a todos los funcionarios públicos que tuvieron que ver con la licitación del contrato de la Ruta del Sol sector 2 y la aprobación de ese otrosí. A su vez, en la Fiscalía, si bien se desconoce quiénes son los funcionarios que han sido llamados a interrogatorio, se rumora que algunos aún trabajan con la ANI. Como si fuera poco, el uribismo denunció a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por no declararse impedidas en ese consejo de ministros —en el que también estuvo el actual fiscal, Néstor Humberto Martínez— que aprobó la adición de la construcción de la vía Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol que ya tenía la firma Odebrecht.

Según la denuncia firmada por nueve congresistas del Centro Democrático, las entonces ministras de Educación y Transporte incurrieron en tráfico de influencias al aprobar la construcción de una vía que claramente beneficiaba a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, de la que es socia la familia de Gina Parody. En ese entonces esta sociedad planeaba construir un puerto fluvial en el sector. Para el uribismo, Cecilia Álvarez —citada a entrevista en la Fiscalía por el caso Odebrecht— no hizo mención de su relación con Parody, por lo que supuestamente incurrió en interés indebido en celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de servidores públicos.

Por ahora, la Fiscalía avanza en todos los frentes de investigación. El último en rendir interrogatorio fue José Elías Melo Acosta, quien entre 2008 y 2016 fue la cabeza de Corficolombiana, una de las socias de Odebrecht en el consorcio de la Ruta del Sol. Melo, ministro de Trabajo en 1994, salvó a la empresa Megabanco y fue mano derecha de Luis Carlos Sarmiento Angulo, debe explicar el rol que jugó Episol en esta novela. Melo dejó de ser presidente de Corficolombiana a mediados del año pasado, justo cuando estalló a nivel mundial el escándalo de Odebrecht.