Ecuador reconoce responsabilidad por el trágico suicidio de Paola Guzmán

Petita Albarracín, mamá de Paola Guzmán, muestra la imagen de su hija, víctima de abuso sexual en un colegio de Ecuador.

Foto: Centro de Derechos Reproductivos

“Paola era una niña muy amorosa con toda la familia y conmigo. Muy tranquila, humilde. El día de su cumpleaños la abrazamos, pero ya no era la misma de siempre, alegre. Algo le pasaba”. Así recuerda Petita Albarracín, madre de Paola Guzmán Albarracín, el último cumpleaños de su hija en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. En audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 19 de octubre de 2015, Petita contó cómo se sentía la niña de entonces 16 años, dos días antes de suicidarse ingiriendo fosforo blanco, lo que en Colombia se consigue ilegalmente en el mercado de pólvora como “totes”.

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Paola Guzmán Albarracín renunció a su vida luego de durar dos años soportando lo impensado: Bolívar Eduardo Espín, vicerrector del colegio femenino “Dr. Miguel Martínez Serrano” -donde estaba matriculada-, abusaba sexualmente de ella desde que tenía 14 años. Petita Albarracín perdió a su hija el 13 diciembre de 2002. Tras acciones nacionales insuficientes, en las cuales el expediente quedó engavetado, la madre allegó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual escaló el expediente a la Corte IDH en febrero de 2019. Acatando la sentencia condenatoria, el Estado de Ecuador reconoció su responsabilidad este 9 de diciembre.

“Estamos el día de hoy para recordar con pesar algo que nunca debió suceder, pero sucedió hace 18 años. Estamos aquí para reparar como es responsabilidad del Estado, aunque sé en algo el profundo dolor causado por un sistema ineficiente. Sabemos que nada bastará para calmar el sufrimiento que cobró la vida de Paola Guzmán Albarracín, su juventud y sueños todo el país guarda en el corazón. Se suicidó por desidia del gobierno de entonces y la ineficiencia de la justicia. El culpable nunca fue sancionado. Todos fallaron cuando una niña pedía ayuda, reconozco la responsabilidad del Estado por la vulneración de sus derechos”, dijo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

En ceremonia pública, la cual contó con la presencia de Petita Albarracín, el máximo dirigente del país vecino ofreció disculpas en nombre de Ecuador por el aberrante caso, cuyo único condenado ha sido el propio Estado por inoperancia. Además, el Gobierno realizó un homenaje de grado póstumo para la víctima Paola Guzmán Albarracín, de quien su madre cuenta “tenía muchas ganas de ser bachiller”. Johana Pesántez, secretaria general jurídica de la Presidencia, por su parte, leyó el decreto 1205 con el cual se pretende tomar medidas para proteger y atender a los niños y niñas ecuatorianas, contra todo tipo de violencia sexual y la negligencia que provoquen tales situaciones.

Luego del acto público de aceptación de responsabilidad, Petita Albarracín asistió a audiencia virtual convocada por el Centro de Derechos Reproductivos de Ecuador. Allí la madre de la víctima enseñó el diploma obtenido por parte del Gobierno de su país y escuchó las palabras de Catalina Martínez Coral, quien es la directora para Latinoamérica y el Caribe de tal organización. “Cuando un Estado reconoce su responsabilidad en la violación de derechos humanos, además con su figura más importante que es el presidente de la República, realmente está contribuyendo a pasar el mensaje, no solo a nivel nacional si no como ejemplo hacía otros países, que en este caso en particular los casos de violencia son inadmisibles y no pueden volver a ocurrir”, aseguró.

El caso de violencia sexual que enlutó a Latinoamérica

El 12 de diciembre de 2002, Paola Guzmán Albarracín confesó a sus compañeras de colegio que había ingerido fosforo blanco, cuando iba en el bus escolar que la llevaba al colegio donde tomaba clases desde los 12 años. La niña no soportó los constantes abusos sexuales que venía sufriendo por parte del vicerrector de su colegio, producto de haberle solicitado ayuda para pasar dos materias de básica primaria. El funcionario, de entonces 65 años, le ofreció pasar el año a cambio de favores sexuales. Tiempo después se conoció que Bolívar Espín Zurita, quien nunca respondió ante la justicia, habría acosado una profesora del mismo colegio en 1998.

“Ella se estaba quedando en una materia y él (Bolívar Espín Zurita) le había dicho que le daba la matrícula para tercer año, pero con condiciones (…), tenía que salir con él y mantener relaciones sentimentales”, declaró una compañera de colegio en 2003 ante la Fiscalía de Ecuador. Los testigos relatan que Paola Guzmán fue llevada a la enfermaría del centro educativo, pero la inspectora general la invitó a “orar a Dios”. Petita llegó al lugar en menos de 30 minutos y allí, cuenta, evidenció una conducta omisiva de los funcionarios. La llevó a la Clínica Kennedy, donde finalmente falleció producto del envenenamiento el 13 de diciembre de 2002. La autopsia reveló que venía siendo abusada.

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“Nos encontramos ante una adolescente totalmente vulnerada, quien no sabía cómo operaba el mecanismo del abuso y el acoso y no sabía que estaba siendo víctima del mismo. Sin embargo, esta situación era de público conocimiento y empieza a ser culpada por funcionarios públicos del colegio de esta ‘relación’, algo que es común en los casos de abuso. Esto le genera a ella una culpabilidad y un sufrimiento severo que la lleva a quitarse la vida recién cumple los 16 años”, explicó Catalina Martínez Coral, abogada colombiana, en entrevista con El Espectador en enero del presente año. El Centro de Derechos Reproductivos es la ONG internacional que asumió el caso de la joven.

La Fiscalía ecuatoriana inició investigaciones preliminares días después del suicidio. En medio de las pesquisas se conoció que la niña de entonces 16 años había dejado tres cartas antes de morir. En una de las letras quedó registrado que se sentía “engañada” por el vicerrector Espín Zurita y, por tanto, iba a tomar veneno por no poder soportar “tantas cosas que sufría”. El 2 de enero de 2003, el funcionario compareció ante las autoridades investigativas y negó cualquier vinculo con Paola Guzmán Albarracín. Esa fue la primera y última que se le vio involucrado en el proceso, pues cuando se ordenó su arresto, el 13 de febrero de 2003, ya se había fugado. Hoy nadie da razón de su paradero.

Con Espín Zurita prófugo de la justicia, a quien se le ordenó pagar una infructuosa indemnización de US$25 mil, las autoridades ecuatorianas dejaron que el caso prescribiera el 18 de septiembre de 2008. Con el dolor que solo una madre puede sentir, Petita Albarracín acudió a instancias internacionales y el 17 de octubre de ese año la Comisión Interamericana de DD.HH. aceptó su caso. “El Estado ecuatoriano, por conducto de sus agentes públicos, el vicerrector y el médico de la escuela, incumplió con su deber de cuidado de Paola, el cual está reforzado por tratarse de una niña, quien necesita una protección especial, de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos y de los derechos del niño”, quedó registrado en la solicitud.

La Comisión Interamericana concluyó que Paola fue víctima de violencia por parte del vicerrector y el médico del colegio, quien presuntamente se ofreció a practicarle un aborto a cambio de tener relaciones sexuales. El organismo determinó que le fueron violados sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la autonomía, vida privada y dignidad, al derecho a la especial protección del Estado en su condición de niña, a la igualdad y no discriminación, a la educación, a la salud y a vivir libre de violencia. Se recomendó al Estado de Ecuador reparar material y moralmente a la familia de la víctima, sin embargo, como tal cosa no sucedió, el expediente quedó en manos de la Corte IDH en febrero de 2019.

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Luego de un año y cinco meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí tiene funciones jurisdiccionales, adhirió las consideraciones de la Comisión Interamericana y ordenó al Estado Ecuatoriano que se lleven a cabo las investigaciones y procesos penales correspondientes, “con el fin de individualizar, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos”. Así mismo, pidió al país vecino que brinde tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a los familiares de Paola Guzmán Albarracín. Además, entre otras peticiones, según el parágrafo 232 de la sentencia, la Corte IDH ordenó que se realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad, que hoy 9 de diciembre de 2020 se llevó a cabo en audiencia virtual.