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Luego de que el gobierno estadounidense decidiera suspender la ayuda internacional para las organizaciones humanitarias y de cooperación que eran financiadas a través de la USAID, la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional, otra noticia completa el preocupante panorama: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que Estados Unidos congeló todos los fondos que cubrían el salario de sus funcionarios, afectando directamente a los programas que trabajan con pueblos indígenas y afrodescendientes.
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La medida ya está teniendo consecuencias tempranas, pues al tener un efecto retroactivo, los empleados de la Comisión no recibirán el pago programado para este mes. De acuerdo con una fuente al interior de la CIDH, 40 consultores ya fueron despedidos, se les quitaron sus visas, y las operaciones se encuentran suspendidas.
La desfinanciación de la Comisión por parte de los Estados Unidos tendría unos impactos graves para el estudio de las cientos de demandas que lleva el órgano judicial actualmente. La CIDH es la encargada de recibir y estudiar las demandas de violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. Algunos de estos casos, ya sea por su complejidad, son remitidos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el juzgado internacional más importante para la protección de los derechos humanos en el continente.
Colombia es uno de los países de América Latina que más ha llevado casos de vulneración de derechos ante la CIDH. Uno de los casos más recientes ocurrió el 2 de octubre de 2024, cuando la Comisión emitió la Resolución 69/2024, concediendo medidas cautelares al adolescente J.A.R.L. y a su padre, tras determinar que ambos se encuentran en grave riesgo de sufrir daños irreparables en sus derechos fundamentales en el país.
De acuerdo con la solicitud presentada ante la CIDH, J.A.R.L. desapareció el 21 de agosto de 2024 y se presume que fue secuestrado por el grupo armado “Jaime Martínez”, disidencia de las Farc. Desde entonces, su padre ha recibido amenazas e intimidaciones debido a sus esfuerzos por encontrarlo. La Comisión solicitó que el Estado brindara medidas de protección y de búsqueda coordinadas con el padre y sus representantes, además de proporcionar información sobre las acciones emprendidas para esclarecer la desaparición y prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro.
Mientras las oficinas de la Comisión comienzan a cerrar en Washington D.C, la fuente consultada por El Espectador alertó que la suspensión de recursos debe ser una prioridad para la opinión pública y para el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA por sus siglas en inglés) que deberán “encontrar apoyo urgente, al menos para el equipo que trabaja con pueblos indígenas y afrodescendientes”, señaló. En el transcurso del día, desde la capital estadounidense, se discutirá el alcance de este recorte que ya afecta a varios funcionarios, y sus implicaciones en la justicia internacional a penas están por verse.
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