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Tras la imputación de cargos contra el general (r) del Ejército Paulino Coronado, a otros nueve militares y a un civil por 120 casos de “asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate” ocurridos en el Catatumbo entre 2007 y 2008, la Embajada de Estados Unidos reconoció la determinación judicial tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En su cuenta de Twitter, la Embajada indicó que “reconocemos la acción de la JEP hacia la rendición de cuentas de los principales responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, impartiendo justicia a las víctimas y garantizando la no repetición de estos delitos”.
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Reconocemos la acción de @JEP_Colombia hacia la rendición de cuentas de los principales responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, impartiendo justicia a las víctimas y garantizando la no repetición de estos delitos. #UnidosXLaPaz https://t.co/zfoWxbvgW5
— US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) July 6, 2021
Esta justicia nacida del Acuerdo de Paz emitió este martes el primer auto de imputación de por lo menos seis que anunció la JEP en la priorización que estableció para investigar los falsos positivos, los asesinatos de civiles cometidos por miembros de la Fuerza Pública y que era reportados como guerrilleros que murieron en combate. Se trata de 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas ocurridas en la convulsa región del Catatumbo y atribuibles al Ejército. “Las desapariciones forzadas y los asesinatos tenían una misma finalidad: responder a la presión por bajas, ‘a como diera lugar’”, dijo la magistrada Catalina Díaz, una de las relatoras del macro caso 03, quien señaló que las víctimas fueron seleccionadas a través de actividades irregulares de inteligencia.
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Además del alto oficial retirado, quien fue el comandante de la Brigada 30; también fueron imputados los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.
Asimismo, fueron imputados los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA): el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares.
Sobre la imputación de la JEP, el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), John Marulanda, le dijo a Noticias Caracol que: “No puede la JEP decir que existió una política institucional del conteo de cuerpos, una doctrina que nunca funcionó en Colombia y que fue caracterizada por los Estados Unidos en su intervención en Vietnam. Pero también nos asombra y nos desconcierta que la JEP diga ahora que hubo un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, lo cual contradice reiteradamente las persistentes estadísticas de organizaciones internacionales que demuestran que la Fuerza Pública, el Ejército Nacional, es la institución más apreciada por los colombianos”.