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Perdida de recursos por $2.318 millones. Esa fue la evaluación que la Contraloría acaba de publicar en relación con una reciente auditoría financiera al Ejército Nacional por la compra de 52 visores nocturnos que se contrataron como de uso militar, el 27 de septiembre de 2017, pero que terminaron sirviendo para cacería, alpinismo, montañismo y deportes extremos.
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“Se determinó que los bienes recibidos por el Ejército Nacional, al no ser de uso militar y no cumplir con los estándares de calidad requeridos, no satisfacen ni van a satisfacer la necesidad para la cual fueron adquiridos: ser usados por las Unidades de Fuerzas Especiales del Ejército colombiano en operaciones militares”, explicó la Contraloría.
De acuerdo con el órgano de control, el detrimento patrimonial se logró por una gestión ineficaz del Estado, producto de deficiencias en las decisiones y controles para la recepción de bienes. El negocio se firmó hace cuatro años, entre la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea Colombiana (Acofa) y la empresa extranjera Aviacpol USA Corp.
Según lo informó la Contraloría, los visores nocturnos llegaron al Ejército el 28 de diciembre de 2017, sin embargo, no superaron las pruebas y se decidió devolverlos al contratista, ejerciendo la debida garantía técnica contemplada en el contrato. El 4 de octubre de 2018, las autoridades recibieron de nuevo los elementos e indicaron que estaban aptos para el servicio.
Entre octubre y noviembre de 2018, los visores fueron pagados por el Ejército y el Central Administrativa y Contable de Aviación, por la suma denunciada por la Contraloría. El órgano de control fiscal, tras entrevistar a un funcionario del Ministerio de Defensa, quien realizó el peritaje técnico a los elementos, encontró que los mismos no son equipos de uso militar.
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“Su denominación la refieren como CK-1500 y esa referencia no existe en ningún manual técnico de mantenimiento, los cuales deben ser expedidos por los fabricantes de los visores nocturnos, homologados también por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Armada de los Estados Unidos”, le explicó el funcionario del ministerio, quien también allegó su material probatorio a la Fiscalía. Además, la Contraloría envió el expediente a la Procuraduría, para lo de su competencia.
En el expediente penal, la Fiscalía el pasado 9 de noviembre pidió medida de aseguramiento contra el coronel (r) Gustavo Adolfo Valbuena, quien para la época fue el director de la Acofa, el coronel (r) Ariel Ortiz, director de la Central Administrativa y Contable (Cenac) de Aviación, y contra el coronel activo Abdías Capera Tovar, quien fungió como gerente del proyecto.
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Asimismo, la Fiscalía pidió encarcelar al teniente coronel William Miranda, supervisor del contrato, al sargento primero Ervin Riaño Gómez, miembro del comité estructurador, al sargento mayor (r) Carlos Castaño, estructurador de la ficha técnica, al sargento mayor (r) Julio Ñustes, miembro del comité evaluador, al mayor Edwin Martín Campo, asesor contractual, al sargento (r) José William Bustos y al intendente (r) Kendry Caro, ambos inspectores, y a Harold Bocanegra, contratista de Aviacpol USA Corp.
De acuerdo con la Fiscalía, es necesario que los investigados permanezcan en prisión, para evitar que “en el futuro obstruyan el debido ejercicio de la justicia; que los imputados constituyen un peligro para la sociedad, en otros; como también resulta probable que los imputados no comparecerán al proceso o no cumplan la sentencia”. El ente investigador aseguró que incluso se habría presentado falsificación de firmas.
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“Se generaron alternativas modificatorias del término y del objeto del contrato cuando ya estaba en etapa de ejecución. Los aparatos de visión nocturna que se recibieron de manera parcial el 28 de diciembre de 2017 no cumplieron con lo establecido en la ficha técnicas acordadas y fueron devueltos por garantía”, dijo el fiscal del caso.