Ejército deberá responsabilizarse por muerte de sus informantes
Los colaboradores e informantes del Ejército, si mueren ayudándoles, deben ser indemnizados aunque la muerte no sea culpa de ellos, ordenó el Consejo de Estado.
El Espectador
En el caso particular que atendió el Consejo de Estado, ordenaron pagarle a la familia más de 500 millones de pesos por la muerte de un civil que colaboraba con el Ejército.
"Para la Sala no cabe duda que la utilización de civiles como colaboradores ocasionales puede resultar necesaria y efectiva para el desarrollo de una misión oficial, sin embargo, los perjuicios que se llegaren a causar al particular que voluntariamente asiste a los miembros de la Fuerza Pública deben ser resarcidos por la Administración, pues la aceptación de dicha colaboración y la participación de esos civiles generó una circunstancia extraordinaria para quienes con buenas intenciones ayudaron al desarrollo de un servicio a cargo del Estado".
El Tribunal resaltó que no necesariamente tiene que existir un vínculo laboral cuando se requiera de ayuda de un civil, pero aclaró que esa falta de formalismos no exime al Estado de sus obligaciones indemnizatorias.
En 1993 en el lugar denominado 'Parranda Seca', en Ciénaga, Magdalena Hugo Darío Santana fue solicitado por el Comandante del Batallón de Córdoba para que "colaborara con la institución en labores de inteligencia". La vinculación oficial a la entidad empezó a tramitarse, pero no lo estaba por completo al momento de su muerte.
En septiembre del mismo año, el Ejército emprendió una misión. Buscaban una camioneta que había sido abandonada por las Farc, y unieron a esa labor a Hugo Darío que "colaboraría con el Ejército en el desplazamiento por la zona donde se llevaría a cabo el rescate, así como en el reconocimiento de los guerrilleros que se pudieran encontrar durante el recorrido hacia el objetivo", reseñó el Alto Tribunal.
Camino a ese sitio, sufrieron una emboscada por parte de integrantes del frente XIX de las Farc, dejando como saldo un total de siete militares y seis civiles muertos, estos últimos haciendo el papel de guías.
El Estado deberá pagarle a la familia de Hugo Darío, es decir, a sus padres, hermanos, esposa e hijos, un total de $415.350.000 millones por perjuicios morales, además de para la esposa y los hijos por perjuicios materiales - lucro cesante, $170.392.977.
En el caso particular que atendió el Consejo de Estado, ordenaron pagarle a la familia más de 500 millones de pesos por la muerte de un civil que colaboraba con el Ejército.
"Para la Sala no cabe duda que la utilización de civiles como colaboradores ocasionales puede resultar necesaria y efectiva para el desarrollo de una misión oficial, sin embargo, los perjuicios que se llegaren a causar al particular que voluntariamente asiste a los miembros de la Fuerza Pública deben ser resarcidos por la Administración, pues la aceptación de dicha colaboración y la participación de esos civiles generó una circunstancia extraordinaria para quienes con buenas intenciones ayudaron al desarrollo de un servicio a cargo del Estado".
El Tribunal resaltó que no necesariamente tiene que existir un vínculo laboral cuando se requiera de ayuda de un civil, pero aclaró que esa falta de formalismos no exime al Estado de sus obligaciones indemnizatorias.
En 1993 en el lugar denominado 'Parranda Seca', en Ciénaga, Magdalena Hugo Darío Santana fue solicitado por el Comandante del Batallón de Córdoba para que "colaborara con la institución en labores de inteligencia". La vinculación oficial a la entidad empezó a tramitarse, pero no lo estaba por completo al momento de su muerte.
En septiembre del mismo año, el Ejército emprendió una misión. Buscaban una camioneta que había sido abandonada por las Farc, y unieron a esa labor a Hugo Darío que "colaboraría con el Ejército en el desplazamiento por la zona donde se llevaría a cabo el rescate, así como en el reconocimiento de los guerrilleros que se pudieran encontrar durante el recorrido hacia el objetivo", reseñó el Alto Tribunal.
Camino a ese sitio, sufrieron una emboscada por parte de integrantes del frente XIX de las Farc, dejando como saldo un total de siete militares y seis civiles muertos, estos últimos haciendo el papel de guías.
El Estado deberá pagarle a la familia de Hugo Darío, es decir, a sus padres, hermanos, esposa e hijos, un total de $415.350.000 millones por perjuicios morales, además de para la esposa y los hijos por perjuicios materiales - lucro cesante, $170.392.977.