Ejército enfrenta desfalco a la salud

Después de dos años de investigación solicitada por el mismo Ejército se destapó este viernes un gran escándalo por el desfalco al sistema de salud de esta institución a través de una red de tráfico de conceptos médicos que permitía a sus miembros acceder a pensiones de invalidez e indemnizaciones millonarias que no correspondían a los valores legales.

En julio de 2013 la Dirección de Sanidad del Ejército detectó ciertas irregularidades en el informe final de una auditoría interna. Al asumir la denuncia la Fiscalía dio comienzo a la investigación haciendo seguimientos e interceptaciones, y al parecer logró infiltrar la red con ayuda de uno de sus integrantes. Las pesquisas determinaron que, por medio de procedimientos ilegales, cerca de 200 personas habrían logrado el pago de indemnizaciones y pensiones muy por encima del valor al que tenían derecho.

En Neiva, Medellín, San Vicente del Caguán, Bogotá y Bucaramanga se identificaron casos de documentos falsos en los que constaba que los militares tenían una elevada disminución de su capacidad laboral, lo cual les permitía obtener estas indemnizaciones y pensiones. Para iniciar el trámite, los miembros de la red solicitaban el pago de $2 millones y posteriormente, para sacar los documentos, el cobro llegaba a $22 millones. Problemas psiquiátricos, de articulaciones, enfermedades de la piel y hasta cáncer eran los diagnósticos descritos por los médicos y gracias a los cuales se conseguían las indemnizaciones. Los médicos recibían $6 millones por su labor, mientras que la banda se quedaba con el 44% del valor que les aprobaban como indemnización o pensión. Las primeras oscilaban entre $60 millones y $100 millones, mientras las pensiones se tramitaban de acuerdo al rango de la persona que solicitara el servicio.

La operación conjunta entre el Ejército, la Policía y la Fiscalía logró que se emitieran 35 órdenes de captura contra las personas vinculadas en estas redes. De ellas, 33 se hicieron efectivas este mismo viernes. Entre los presuntos miembros de las redes se encuentran 17 militares retirados, 12 en servicio activo, tres médicos y un abogado. Al parecer, los líderes del negocio eran los sargentos retirados Julio César Zapata y César Alberto Posada. De la parte administrativa se encargaba presuntamente el capitán Carlos Andrés Pino, mientras el abogado José Ovidio Reyes tramitaba las indemnizaciones y pensiones, asesoraba a los militares y recibía los pagos.

Las justificaciones médicas las realizaban tres médicos civiles y tres oficiales. Según información de las autoridades, los primeros son Álvaro Ernesto Díaz, dermatólogo; Graciela Marín Trujillo, psicóloga, y Julián Andrés Lozada, fonoaudiólogo. Los oficiales son las coroneles Rosmery Garzón e Íngrid Cristina Guzmán, psiquiatras, y el mayor William Jiménez, ortopedista y traumatólogo. Se supo que entre los beneficiarios estarían el teniente (r) Óscar Fernando Murcia y el mayor (r) Jairo Guerrero. Los análisis determinaron que se trata de dos redes distintas, una asentada en Neiva (Huila) y otra en Bogotá.

La cifra del desfalco, según informó la Fiscalía, alcanzaría los $24.000 millones. Sólo en indemnizaciones serían $20.000 millones y en pensiones $4.000 millones. Se cree que estos procesos ilegales se estarían realizando desde hace seis años. Los implicados tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y omisión, y peculado.

Una vez se conoció el escándalo, las Fuerzas Militares tomaron medidas: ejercer mayor control sobre los conceptos médicos, incrementar las auditorías en todos los centros de salud militar, capacitar a los jefes de dispensario y personal de control interno, y reducir el déficit fiscal mediante la implementación de medidas de control en todos los niveles para un mejor servicio.

vobando@elespectador.com 

Después de dos años de investigación solicitada por el mismo Ejército se destapó este viernes un gran escándalo por el desfalco al sistema de salud de esta institución a través de una red de tráfico de conceptos médicos que permitía a sus miembros acceder a pensiones de invalidez e indemnizaciones millonarias que no correspondían a los valores legales.

En julio de 2013 la Dirección de Sanidad del Ejército detectó ciertas irregularidades en el informe final de una auditoría interna. Al asumir la denuncia la Fiscalía dio comienzo a la investigación haciendo seguimientos e interceptaciones, y al parecer logró infiltrar la red con ayuda de uno de sus integrantes. Las pesquisas determinaron que, por medio de procedimientos ilegales, cerca de 200 personas habrían logrado el pago de indemnizaciones y pensiones muy por encima del valor al que tenían derecho.

En Neiva, Medellín, San Vicente del Caguán, Bogotá y Bucaramanga se identificaron casos de documentos falsos en los que constaba que los militares tenían una elevada disminución de su capacidad laboral, lo cual les permitía obtener estas indemnizaciones y pensiones. Para iniciar el trámite, los miembros de la red solicitaban el pago de $2 millones y posteriormente, para sacar los documentos, el cobro llegaba a $22 millones. Problemas psiquiátricos, de articulaciones, enfermedades de la piel y hasta cáncer eran los diagnósticos descritos por los médicos y gracias a los cuales se conseguían las indemnizaciones. Los médicos recibían $6 millones por su labor, mientras que la banda se quedaba con el 44% del valor que les aprobaban como indemnización o pensión. Las primeras oscilaban entre $60 millones y $100 millones, mientras las pensiones se tramitaban de acuerdo al rango de la persona que solicitara el servicio.

La operación conjunta entre el Ejército, la Policía y la Fiscalía logró que se emitieran 35 órdenes de captura contra las personas vinculadas en estas redes. De ellas, 33 se hicieron efectivas este mismo viernes. Entre los presuntos miembros de las redes se encuentran 17 militares retirados, 12 en servicio activo, tres médicos y un abogado. Al parecer, los líderes del negocio eran los sargentos retirados Julio César Zapata y César Alberto Posada. De la parte administrativa se encargaba presuntamente el capitán Carlos Andrés Pino, mientras el abogado José Ovidio Reyes tramitaba las indemnizaciones y pensiones, asesoraba a los militares y recibía los pagos.

Las justificaciones médicas las realizaban tres médicos civiles y tres oficiales. Según información de las autoridades, los primeros son Álvaro Ernesto Díaz, dermatólogo; Graciela Marín Trujillo, psicóloga, y Julián Andrés Lozada, fonoaudiólogo. Los oficiales son las coroneles Rosmery Garzón e Íngrid Cristina Guzmán, psiquiatras, y el mayor William Jiménez, ortopedista y traumatólogo. Se supo que entre los beneficiarios estarían el teniente (r) Óscar Fernando Murcia y el mayor (r) Jairo Guerrero. Los análisis determinaron que se trata de dos redes distintas, una asentada en Neiva (Huila) y otra en Bogotá.

La cifra del desfalco, según informó la Fiscalía, alcanzaría los $24.000 millones. Sólo en indemnizaciones serían $20.000 millones y en pensiones $4.000 millones. Se cree que estos procesos ilegales se estarían realizando desde hace seis años. Los implicados tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y omisión, y peculado.

Una vez se conoció el escándalo, las Fuerzas Militares tomaron medidas: ejercer mayor control sobre los conceptos médicos, incrementar las auditorías en todos los centros de salud militar, capacitar a los jefes de dispensario y personal de control interno, y reducir el déficit fiscal mediante la implementación de medidas de control en todos los niveles para un mejor servicio.

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