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La Comisión de la Verdad tendrá siete meses más para terminar y socializar el informe final del conflicto armado colombiano. La Corte Constitucional concluyó que, durante la pandemia del COVID-19, la entidad no pudo desarrollar de manera efectiva su labor, así que le amplió el periodo por un tiempo específico. La decisión obliga al Gobierno, además, a destinar recursos al funcionamiento de la Comisión en 2022, pues hoy se encuentra por fuera del proyecto de Presupuesto que es discutido en el Congreso. Y desde ya se anticipa que la publicación del documento más completo de memoria histórica que se haya hecho en el país será posterior a la muy posible segunda vuelta de elecciones presidenciales, agendada para el 19 de junio.
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A la Comisión de la Verdad, creada con el Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc, le pusieron fecha de vencimiento desde la norma misma que le dio vida: duraría solo tres años. Sin embargo, la Corte modificó por unanimidad la interpretación del Decreto Ley 588 de 2017, pues concluyó que el periodo no era la cuenta sucesiva de los días desde la fecha en que la Comisión inició sus labores —periodo nominal—, sino que se debía analizar si verdaderamente pudo llevar a cabo su mandato —periodo efectivo—. La tesis la llevaron al alto tribunal un grupo de víctimas, pues consideraban, por ejemplo, que la limitación para viajar a los territorios más golpeados por la guerra ponía en riesgo, por ejemplo, su derecho a la verdad.
Desde junio el caso llegó al despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Y luego de que admitiera la demanda comenzaron a llegar conceptos de asociaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos, universidades y hasta congresistas. La inmensa mayoría, incluida la procuradora Margarita Cabello, pidieron ampliar el periodo. Lo que no había era un consenso sobre cuánto tiempo sería suficiente. Las víctimas que demandaron y congresistas como Juanita Goebertus pidieron que se le diera a la entidad el mismo tiempo que duró la emergencia sanitaria; otros investigadores solicitaron que fuera un lapso equivalente al de las medidas de aislamiento preventivo.
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La Jurisdicción Especial para la Paz, en cabeza de su presidente, el magistrado Eduardo Cifuentes, escribió que la Corte, “cuenta con otra razón determinante para extender el periodo: el Decreto Ley 588 de 2017 no estableció un plazo para socializar el informe que elabore la Comisión, a pesar de que se trata de una función absolutamente esencial”. La Corte Constitucional acogió su pedido, así como el del presidente de la Comisión, padre Francisco de Roux, quien explicó que según sus estimaciones siete meses serían suficientes. Así que el alto tribunal corrió la fecha límite que tiene la entidad: debe terminar labores el 27 de junio de 2022 y tendrá dos meses más para la fase de socialización.
En su intervención ante la Corte, la Comisión de la Verdad explicó que entre marzo y septiembre de 2020 estuvieron totalmente cerradas sus sedes en todo el país. Así, la Corte concluyó que la pandemia afectó a la entidad de manera extraordinaria, pues la imprevisibilidad de los primeros meses en los que el COVID-19 rondó por el país “no se puede asimilar a ningún otro evento de ralentización del aparato estatal o crisis pública”. Intensa, pues se redujo en más del 80% el volumen de actividades realizadas en todos los frentes de trabajo de la Comisión. Y grave, pues en algunos frentes será imposible recuperar el tiempo perdido, según dijo la propia entidad.
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No ampliar el periodo, entonces, resultaría en violaciones a los derechos de las víctimas a la verdad, según la Corte. “La interpretación según la cual el periodo de tres años de operación de la Comisión se ha cumplido pese a las restricciones que impuso el aislamiento obligatorio, en el entendido que corresponde a un periodo nominal, que no efectivo, desconoce contenidos del Acuerdo de paz que rodearon los compromisos adquiridos en relación con el derecho fundamental de las víctimas a la verdad. En particular, se aleja del enfoque territorial, y los principios de reconocimiento y satisfacción de los derechos de las víctimas”, dice la ponencia de fallo que Ibáñez presentó en la Sala Plena.
Así tras declarar el 30 de septiembre que este era un caso de urgencia nacional, la Corte deliberó en poco más de un día y la posición fue compartida por los ocho magistrados que votaron —la magistrada Cristina Pardo estaba impedida—. Los togados Alejandro Linares y Antonio José Lizarazo dijeron que presentarían aclaración de sus votos, pero en esencia concordaron con la necesidad de ampliar el periodo de la entidad. En el fallo, además, se le dan órdenes claras al Gobierno y al Congreso de que debe hacer los ajustes presupuestales necesarios para garantizar el funcionamiento de la entidad por lo que queda de este año y para 2022. Así, el alto tribunal también logró limitar al máximo el temor de muchas voces: que la publicación del informe final coincidiera con las elecciones del próximo año.
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