El 7 de julio se iniciará debate de la demanda contra resolución que dio origen al proceso de paz
El Consejo de Estado no aceptó la solicitud de medidas cautelares para suspender la resolución que abrió los diálogos de paz en La Habana (Cuba) con las Farc.
Redacción Judicial
Pese a que estaba programada para un principio para el 19 de septiembre la Sección Primera del Consejo de Estado consideró que debido a la importancia jurídica y la trascendencia nacional era menester adelantar la fecha para el estudio de la demanda en contra de la resolución que le dio inició al proceso de paz con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba).
El ciudadano Tomás Javier Oñate Acosta demandó la resolución 108 de 2015 y 339 de 2012 al considerar que se había presentado una falsa motivación puesto que la guerrilla de las Farc puesto que dicho grupo ha continuado con ataques contra la población civil. Igualmente se considera que no se vinculó al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En la diligencia judicial la magistrada ponente María Elizabeth García escuchará los argumentos del demandante, así como las intervenciones de los representantes del Gobierno y la Procuraduría General. En la demanda se pide una medida cautelar de suspender el proceso de paz hasta que no se incluyan a todos los protagonistas de “la guerra interna” en Colombia.
La magistrada ponente rechazó la solicitud para suspender provisonalmente la resolución demandada argumentando que no existe una violación de la Constitución Política, por cuanto el actor se limita a transcribir apartes de noticias sobre actos violentos cometidos por los grupos armados de las Farc y el ELN.
“En el texto de la demanda se hacen elucubraciones acerca de la inconveniencia de adelantar un proceso de paz sin participación de todos los grupos al margen de la ley (…) y en contravía del bienestar común que debe defender el Estado, pues hasta la fecha no han cesado los ataques a la población civil”, señala el auto.
En este sentido citó a las bandas criminales, el ELN "y todo aquel que produzca efectos contrarios al término de la paz". El máximo tribunal de lo contencioso administrativo deberá determinar si le existen razones al demandante que considera que las resoluciones citadas van en contravía de una "paz estable y duradera" en Colombia.
El pasado 19 de mayo el Consejo de Estado le dio prioridad al estudio de esta demanda después de considerar que no tenía relación con la demanda presentada por el exfiscal General, Eduardo Montealegre Lynnet que considera que los acuerdos firmados en La Habana deben tener la categoría de acuerdo especial.
Pese a que estaba programada para un principio para el 19 de septiembre la Sección Primera del Consejo de Estado consideró que debido a la importancia jurídica y la trascendencia nacional era menester adelantar la fecha para el estudio de la demanda en contra de la resolución que le dio inició al proceso de paz con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba).
El ciudadano Tomás Javier Oñate Acosta demandó la resolución 108 de 2015 y 339 de 2012 al considerar que se había presentado una falsa motivación puesto que la guerrilla de las Farc puesto que dicho grupo ha continuado con ataques contra la población civil. Igualmente se considera que no se vinculó al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En la diligencia judicial la magistrada ponente María Elizabeth García escuchará los argumentos del demandante, así como las intervenciones de los representantes del Gobierno y la Procuraduría General. En la demanda se pide una medida cautelar de suspender el proceso de paz hasta que no se incluyan a todos los protagonistas de “la guerra interna” en Colombia.
La magistrada ponente rechazó la solicitud para suspender provisonalmente la resolución demandada argumentando que no existe una violación de la Constitución Política, por cuanto el actor se limita a transcribir apartes de noticias sobre actos violentos cometidos por los grupos armados de las Farc y el ELN.
“En el texto de la demanda se hacen elucubraciones acerca de la inconveniencia de adelantar un proceso de paz sin participación de todos los grupos al margen de la ley (…) y en contravía del bienestar común que debe defender el Estado, pues hasta la fecha no han cesado los ataques a la población civil”, señala el auto.
En este sentido citó a las bandas criminales, el ELN "y todo aquel que produzca efectos contrarios al término de la paz". El máximo tribunal de lo contencioso administrativo deberá determinar si le existen razones al demandante que considera que las resoluciones citadas van en contravía de una "paz estable y duradera" en Colombia.
El pasado 19 de mayo el Consejo de Estado le dio prioridad al estudio de esta demanda después de considerar que no tenía relación con la demanda presentada por el exfiscal General, Eduardo Montealegre Lynnet que considera que los acuerdos firmados en La Habana deben tener la categoría de acuerdo especial.