El 8.000: la fractura entre política y narcotráfico que no fue

El escándalo estaba cantado. Era cuestión de horas y la señal se dio el viernes 21 de abril de 1995. Ese día, el fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento anunció la reapertura de la investigación por la presencia de dineros del narcotráfico en la campaña del presidente Ernesto Samper, al tiempo que pidió a la Corte Suprema de Justicia indagar sobre la conducta de nueve congresistas. Con una redada adicional a varios señalados de “narcopolítica” comenzó el llamado proceso 8.000, que provocó un terremoto judicial y político.

Solo faltaba este detonante, porque ya habían transcurrido diez meses de alta tensión. El punto de partida fue la denuncia de los “narcocasetes”, planteada por Andrés Pastrana, excandidato presidencial, dos días después de perder las elecciones contra Ernesto Samper, el 19 de junio de 1994. Según Pastrana, un presidente que hubiese recibido dineros del narcotráfico no tenía título moral para conducir a su pueblo, y eso era lo que parecían demostrar unas grabaciones entre el periodista Alberto Giraldo y Gilberto Rodríguez Orejuela, capo del cartel de Cali.

La reacción inmediata de Samper fue entrevistarse con el fiscal Gustavo de Greiff para poner a disposición del organismo investigador las cuentas de su campaña. A su vez, De Greiff admitió que días antes el ministro de Defensa, Rafael Pardo, le había entregado esos casetes que contenían diálogos sospechosos sobre las dos campañas. Sin embargo, antes de que el fiscal evaluara esos casetes, la Corte Suprema le ordenó acatar su retiro forzoso por haber cumplido 65 años. Entonces, empezaron a ajustarse las piezas del ajedrez del escándalo.

El 12 de julio de 1994, llegó a Colombia el nuevo embajador de Estados Unidos, Myles Frechette, quien de entrada declaró que esperaba que Samper fuera tan cooperativo como César Gaviria y que estaba atento a reanudar la colaboración judicial con las autoridades nacionales, pues esta se había perdido con el fiscal De Greiff. Dos semanas después, de la terna que pasó Gaviria a escasas horas de concluir su presidencia y ya elegido como nuevo secretario de la OEA, la Corte escogió como nuevo fiscal al excongresista Alfonso Valdivieso.

Sin embargo, antes de irse, el malogrado fiscal De Greiff archivó el expediente de los “narcocasetes”, al señalar que eran producto de grabaciones ilícitas, y que habían sido editados y manipulados. Fue su última actuación oficial, porque Valdivieso asumió la Fiscalía el 18 de agosto. Samper llevaba apenas once días en el gobierno. A pesar de que el presidente estaba confiado, porque el lío de los “narcocasetes” ya había quedado resuelto, Estados Unidos empezó a jugarse a fondo por darles otro giro a las revelaciones.

Y el primero que puso el dedo en la llaga fue el saliente director de la DEA en Colombia, Joseph Toft, quien declaró en una improvisada rueda de prensa que Colombia era una “narcodemocracia”, y que Samper había recibido dineros del narcotráfico en su campaña. Esta explosiva declaración tensionó al mundo político y fue el momento en el que el exministro de Justicia, Enrique Parejo González, instó al fiscal Valdivieso, incluso a través de tutela, a que reabriera el expediente de los “narcocasetes” y se supiera la verdad.

Con el calendario ya marcando el reloj de 1995, el avispero político derivó en una pelea cerrada entre el periódico La Prensa, de la familia Pastrana, y el gobierno. La publicación en primera página de un fotomontaje de Samper como si fuera el general Noriega, de Panamá, preso en Estados Unidos por narcotráfico, fue el florero de Llorente. El Congreso estadounidense se sumó al debate. La política alcanzó un alto voltaje, y fue en este ambiente enrarecido cuando Valdivieso anunció, el 21 de abril, el comienzo del 8.000.

Desde ese día, empezó una carrera contra el tiempo. Mientras la Fiscalía comenzaba a capturar a políticos o particulares comprometidos con el cartel de Cali; el gobierno Samper, a través del bloque de búsqueda de la Policía, orientada por el general Rosso José Serrano, concretaba la cacería de los capos. El 9 de junio cayó Gilberto Rodríguez Orejuela en Cali. A la semana siguiente fue detonado un artefacto explosivo dentro del Congreso. En medio del río revuelto, los capos del cartel del norte del Valle empezaron a entregarse.

Fueron días de noticia al rojo vivo. La sede de la Federación Colombiana de Fútbol fue allanada y su presidente, Juan José Bellini, incluido en el listado de procesados del 8.000. El día 26 de julio fue capturado el extesorero de la campaña Samper, Santiago Medina Serna, quien en pocos días decidió colaborar con la Fiscalía para revelar lo sucedido. Fue en ese momento cuando Samper anunció el sometimiento a su “juez natural”: el Congreso, y cuando monseñor Pedro Rubiano acuñó el símbolo del elefante para representar el escándalo.

Según el prelado, era imposible que alguien no viera a un elefante entrar a la sala de su casa. En lo sucesivo, desde los caricaturistas hasta los opositores usaron ese animal como emblema del 8.000. Pero mientras Samper parecía estar contra las cuerdas, el 6 de agosto de 1995 cayó Miguel Rodríguez Orejuela, en Cali, y se equilibraron las cargas. No obstante, Estados Unidos respondió con otro as: Guillermo Pallomari, contador del cartel de Cali, se había entregado a la DEA y ya revelaba los pormenores de la “narcopolítica”.

Al tiempo que la Fiscalía seguía capturando personajes y el gobierno señalaba al vicefiscal Adolfo Salamanca como uno de los gestores de la conspiración en marcha, el 27 de septiembre, desconocidos atentaron contra Antonio Cancino, abogado del presidente. De inmediato, Samper aseguró que la acción era parte de la conspiración para que no pudiera probar su inocencia, mientras que su escudero, el ministro del Interior, Horacio Serpa, ante una pregunta sobre la hipótesis de que fuera la DEA, contestó: “A mí me suena bastante”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció indignado, y el vicefiscal Salamanca sostuvo públicamente que el gobierno había llegado al poder con dineros del narcotráfico y ahora entorpecía las investigaciones judiciales. En medio de esa calentura, a finales de octubre, empezó la redada contra los congresistas involucrados en el escándalo, ordenada por la Corte Suprema. Rodrigo Garavito, Alberto Santofimio, María Izquierdo, Gustavo Espinosa... la lista iba en aumento, cuando fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado, el 2 de noviembre.

La reacción del gobierno fue la declaratoria de la conmoción interior, pero desde ese día empezaron las conjeturas sobre las razones del magnicidio de Gómez. Se desató un trazado de impunidad en medio de rumores de conspiración, ruido de sables y el juego del cartel del norte del Valle. El ocaso de ese escandaloso 1995 ocurrió el 14 de diciembre. Al mismo tiempo que fue descolgado un “narcomico” que se quería colar en un proyecto de ley para favorecer a los procesados del 8.000, la Comisión de Acusación de la Cámara le tiró un flotador a Samper.

Con un auto inhibitorio a su favor, expedido por la Comisión de Acusación, Samper promovió el cambio de su gabinete y pasó Navidad confiado en haber pasado la página, pero el lunes 22 de enero de 1996, Fernando Botero, su exministro de Defensa, quien además había dirigido su campaña a la presidencia, salió en la televisión a decir que Samper sí sabía del ingreso de dineros del narcotráfico a su empresa electoral. Y de nuevo fue Troya. Empezó un nuevo capítulo del escándalo, esta vez con juicio político incluido contra el presidente.

Al final, Samper fue absuelto, Estados Unidos le quitó la visa y el vicepresidente Humberto de la Calle dio un paso al costado; pero el escándalo del 8.000 se prolongó varios meses más. Al desfile de presos terminaron sumándose futbolistas, artistas, escritores; unos famosos, otros no tanto, pero todos con dineros del cartel de Cali que no supieron explicar. Nunca se cortaron los nexos entre política y narcotráfico, y el 8.000 declinó por desgano judicial, pero marcó una época que causó un escándalo que el río de la impunidad se llevó aguas abajo.

El escándalo estaba cantado. Era cuestión de horas y la señal se dio el viernes 21 de abril de 1995. Ese día, el fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento anunció la reapertura de la investigación por la presencia de dineros del narcotráfico en la campaña del presidente Ernesto Samper, al tiempo que pidió a la Corte Suprema de Justicia indagar sobre la conducta de nueve congresistas. Con una redada adicional a varios señalados de “narcopolítica” comenzó el llamado proceso 8.000, que provocó un terremoto judicial y político.

Solo faltaba este detonante, porque ya habían transcurrido diez meses de alta tensión. El punto de partida fue la denuncia de los “narcocasetes”, planteada por Andrés Pastrana, excandidato presidencial, dos días después de perder las elecciones contra Ernesto Samper, el 19 de junio de 1994. Según Pastrana, un presidente que hubiese recibido dineros del narcotráfico no tenía título moral para conducir a su pueblo, y eso era lo que parecían demostrar unas grabaciones entre el periodista Alberto Giraldo y Gilberto Rodríguez Orejuela, capo del cartel de Cali.

La reacción inmediata de Samper fue entrevistarse con el fiscal Gustavo de Greiff para poner a disposición del organismo investigador las cuentas de su campaña. A su vez, De Greiff admitió que días antes el ministro de Defensa, Rafael Pardo, le había entregado esos casetes que contenían diálogos sospechosos sobre las dos campañas. Sin embargo, antes de que el fiscal evaluara esos casetes, la Corte Suprema le ordenó acatar su retiro forzoso por haber cumplido 65 años. Entonces, empezaron a ajustarse las piezas del ajedrez del escándalo.

El 12 de julio de 1994, llegó a Colombia el nuevo embajador de Estados Unidos, Myles Frechette, quien de entrada declaró que esperaba que Samper fuera tan cooperativo como César Gaviria y que estaba atento a reanudar la colaboración judicial con las autoridades nacionales, pues esta se había perdido con el fiscal De Greiff. Dos semanas después, de la terna que pasó Gaviria a escasas horas de concluir su presidencia y ya elegido como nuevo secretario de la OEA, la Corte escogió como nuevo fiscal al excongresista Alfonso Valdivieso.

Sin embargo, antes de irse, el malogrado fiscal De Greiff archivó el expediente de los “narcocasetes”, al señalar que eran producto de grabaciones ilícitas, y que habían sido editados y manipulados. Fue su última actuación oficial, porque Valdivieso asumió la Fiscalía el 18 de agosto. Samper llevaba apenas once días en el gobierno. A pesar de que el presidente estaba confiado, porque el lío de los “narcocasetes” ya había quedado resuelto, Estados Unidos empezó a jugarse a fondo por darles otro giro a las revelaciones.

Y el primero que puso el dedo en la llaga fue el saliente director de la DEA en Colombia, Joseph Toft, quien declaró en una improvisada rueda de prensa que Colombia era una “narcodemocracia”, y que Samper había recibido dineros del narcotráfico en su campaña. Esta explosiva declaración tensionó al mundo político y fue el momento en el que el exministro de Justicia, Enrique Parejo González, instó al fiscal Valdivieso, incluso a través de tutela, a que reabriera el expediente de los “narcocasetes” y se supiera la verdad.

Con el calendario ya marcando el reloj de 1995, el avispero político derivó en una pelea cerrada entre el periódico La Prensa, de la familia Pastrana, y el gobierno. La publicación en primera página de un fotomontaje de Samper como si fuera el general Noriega, de Panamá, preso en Estados Unidos por narcotráfico, fue el florero de Llorente. El Congreso estadounidense se sumó al debate. La política alcanzó un alto voltaje, y fue en este ambiente enrarecido cuando Valdivieso anunció, el 21 de abril, el comienzo del 8.000.

Desde ese día, empezó una carrera contra el tiempo. Mientras la Fiscalía comenzaba a capturar a políticos o particulares comprometidos con el cartel de Cali; el gobierno Samper, a través del bloque de búsqueda de la Policía, orientada por el general Rosso José Serrano, concretaba la cacería de los capos. El 9 de junio cayó Gilberto Rodríguez Orejuela en Cali. A la semana siguiente fue detonado un artefacto explosivo dentro del Congreso. En medio del río revuelto, los capos del cartel del norte del Valle empezaron a entregarse.

Fueron días de noticia al rojo vivo. La sede de la Federación Colombiana de Fútbol fue allanada y su presidente, Juan José Bellini, incluido en el listado de procesados del 8.000. El día 26 de julio fue capturado el extesorero de la campaña Samper, Santiago Medina Serna, quien en pocos días decidió colaborar con la Fiscalía para revelar lo sucedido. Fue en ese momento cuando Samper anunció el sometimiento a su “juez natural”: el Congreso, y cuando monseñor Pedro Rubiano acuñó el símbolo del elefante para representar el escándalo.

Según el prelado, era imposible que alguien no viera a un elefante entrar a la sala de su casa. En lo sucesivo, desde los caricaturistas hasta los opositores usaron ese animal como emblema del 8.000. Pero mientras Samper parecía estar contra las cuerdas, el 6 de agosto de 1995 cayó Miguel Rodríguez Orejuela, en Cali, y se equilibraron las cargas. No obstante, Estados Unidos respondió con otro as: Guillermo Pallomari, contador del cartel de Cali, se había entregado a la DEA y ya revelaba los pormenores de la “narcopolítica”.

Al tiempo que la Fiscalía seguía capturando personajes y el gobierno señalaba al vicefiscal Adolfo Salamanca como uno de los gestores de la conspiración en marcha, el 27 de septiembre, desconocidos atentaron contra Antonio Cancino, abogado del presidente. De inmediato, Samper aseguró que la acción era parte de la conspiración para que no pudiera probar su inocencia, mientras que su escudero, el ministro del Interior, Horacio Serpa, ante una pregunta sobre la hipótesis de que fuera la DEA, contestó: “A mí me suena bastante”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció indignado, y el vicefiscal Salamanca sostuvo públicamente que el gobierno había llegado al poder con dineros del narcotráfico y ahora entorpecía las investigaciones judiciales. En medio de esa calentura, a finales de octubre, empezó la redada contra los congresistas involucrados en el escándalo, ordenada por la Corte Suprema. Rodrigo Garavito, Alberto Santofimio, María Izquierdo, Gustavo Espinosa... la lista iba en aumento, cuando fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado, el 2 de noviembre.

La reacción del gobierno fue la declaratoria de la conmoción interior, pero desde ese día empezaron las conjeturas sobre las razones del magnicidio de Gómez. Se desató un trazado de impunidad en medio de rumores de conspiración, ruido de sables y el juego del cartel del norte del Valle. El ocaso de ese escandaloso 1995 ocurrió el 14 de diciembre. Al mismo tiempo que fue descolgado un “narcomico” que se quería colar en un proyecto de ley para favorecer a los procesados del 8.000, la Comisión de Acusación de la Cámara le tiró un flotador a Samper.

Con un auto inhibitorio a su favor, expedido por la Comisión de Acusación, Samper promovió el cambio de su gabinete y pasó Navidad confiado en haber pasado la página, pero el lunes 22 de enero de 1996, Fernando Botero, su exministro de Defensa, quien además había dirigido su campaña a la presidencia, salió en la televisión a decir que Samper sí sabía del ingreso de dineros del narcotráfico a su empresa electoral. Y de nuevo fue Troya. Empezó un nuevo capítulo del escándalo, esta vez con juicio político incluido contra el presidente.

Al final, Samper fue absuelto, Estados Unidos le quitó la visa y el vicepresidente Humberto de la Calle dio un paso al costado; pero el escándalo del 8.000 se prolongó varios meses más. Al desfile de presos terminaron sumándose futbolistas, artistas, escritores; unos famosos, otros no tanto, pero todos con dineros del cartel de Cali que no supieron explicar. Nunca se cortaron los nexos entre política y narcotráfico, y el 8.000 declinó por desgano judicial, pero marcó una época que causó un escándalo que el río de la impunidad se llevó aguas abajo.