El accidentado proceso contra el empresario Andrés Jaramillo

El 26 de junio de 2019, casi una década después de que estallara el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, culminó la audiencia pública de juicio contra el empresario Andrés Jaramillo López, expresidente de Conalvías. Ese día la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron su condena por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por la presunta entrega de millonarias coimas a tres concejales y al entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) a cambio de un jugoso contrato de obra pública que al final le terminó costando a Bogotá $65 mil millones. Más allá de su inocencia o culpabilidad, han pasado 22 meses y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá aún no ha dictado sentido de fallo. Según la ley, una vez culminado el juicio, el juez tiene hasta dos horas para hacerlo. Dos horas que se convirtieron en casi dos años y contando. (Lea también: Más de 67 personas serán investigadas por el carrusel de la contratación)

El Espectador le puso la lupa al caso y constató con fuentes cercanas al proceso que hay una preocupación por la excesiva tardanza de ese despacho para pronunciarse en un proceso tan sensible para la ciudad. “No es razonable, es que no es razonable, la ley habla de dos horas y vea en lo que vamos”, le dijo a este diario un reputado abogado que prefirió omitir su nombre. De hecho, representantes de las víctimas, la Fiscalía y la Contraloría le han enviado distintas comunicaciones a ese juzgado pidiéndole celeridad en este caso. Se trata de uno de los expedientes más sonados del carrusel. El expresidente de Conalvías, una de las firmas de construcción más importantes del país, fue acusado de haber entregado entre 2010 y 2011 cerca de $1.930 millones en comisiones a los exconcejales Andrés Camacho Casado, Orlando Parada Díaz e Hipólito Moreno Gutiérrez, así como al director de la UMV, Iván Hernández Daza.

Todos ellos ya fueron condenados por estos hechos. Dicho dinero, según la Fiscalía, habría sido el pago del empresario Andrés Jaramillo López y su socio en la Unión Temporal Vías Patria Ingeniería, Javier Mejía Bernal, a sus campañas políticas. De acuerdo con la investigación, a Iván Hernández, como ordenador del gasto en la UMV, le dieron $150 millones, mientras que Andrés Camacho Casado recibió $300 millones, Hipólito Moreno $535 millones y Orlando Parada $944 millones. Esos dineros corresponderían al soborno del empresario a los políticos que eran los dueños de esa entidad del Distrito, al punto que fueron ellos quienes pusieron allí a Iván Hernández. Este último fue quien le adjudicó a la Unión Temporal de Jaramillo el contrato 078 de 2010 para rehabilitar la malla vial de la ciudad, cuyo costo inicial fue de $43.515 millones, pero que, sumadas sus dos adiciones, tuvo un valor final de $65.482 millones.

Uno de los intermediarios en esas vueltas para legalizar los pagos de esas coimas a través de facturas falsas fue el abogado Manuel Sánchez, testigo clave de la Fiscalía para documentar estos hechos de corrupción. Algunos de los implicados, como Camacho Casado, Hipólito Moreno e Iván Hernández aceptaron su participación en estos hechos y lograron acuerdos con la justicia. El punto es que si hubo un lado que recibió, hubo otro que entregó, y es allí donde ha sido complejo avanzar en el expediente. Para empezar, el representante legal de la Unión Temporal era el señor Javier Mejía Bernal, quien hoy enfrenta un juicio por los mismos hechos, aunque se ha documentado que se encuentra en Estados Unidos. Su socio, Andrés Jaramillo, ha negado todas las acusaciones y se ha declarado inocente. En mayo de 2017, sin embargo, la Fiscalía lo acusó formalmente y en junio de 2019 se culminó su audiencia de juicio. (Le puede interesar: La reparación que pide Bogotá por el carrusel de la contratación)

La gran pregunta es: ¿por qué no ha sido dictado ni siquiera el sentido del fallo? Documentos en poder de este diario constatan una cronología de aplazamientos y excusas. Por ejemplo, ese 26 de junio de 2019, una vez la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de Jaramillo presentaron sus alegatos de conclusión en este caso, el juez segundo del circuito manifestó que ese día no iba a poder dictar el sentido del fallo, tal como reza la ley. Entonces fijo el 2 de agosto siguiente como fecha para hacerlo. No obstante, la audiencia no se hizo por una incapacidad médica del acusado. De tal suerte que el despacho volvió a fijar una nueva audiencia para el 29 de noviembre de 2019, pero al final no se instaló y entonces se convocó para el 20 de marzo de 2020. No obstante, esta vez por la pandemia del coronavirus, no fue posible realizarla. Desde entonces han pasado 13 meses y el Juzgado Segundo Penal del Circuito no ha vuelto a fijar audiencia para dictar sentido de fallo.

Para la Fiscalía no hay duda de la culpabilidad de Andrés Jaramillo López. En su escrito de acusación, así resumió su responsabilidad: “Es evidente que los dos coautores actuaron con división de trabajo criminal, ya que mientras Andrés Jaramillo López creaba los contactos necesarios para el desarrollo del acto de corrupción e impartía las instrucciones para su ejecución, aprovechando su condición de miembro de la junta directiva de las dos empresas Conalvías y Patria S. A., a Javier Mejía Bernal le correspondió materializar el comportamiento mediante la entrega en efectivo de una parte del dinero y recibir las facturas ficticias que permitieron el pago de las indebidas comisiones, bajo el conocimiento de Jaramillo López. El aporte de Andrés Jaramillo López fue de tanta importancia en el comportamiento criminal ya que, ciertamente, sin su conocimiento y aval estos hechos no hubiesen tenido ocurrencia”.

No es el único proceso que tiene Jaramillo ante la justicia. También fue llamado a juicio por la repotenciación del contrato de la fase III de Transmilenio y en ese caso, que apenas está en audiencia preparatoria de juicio, fue acusado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, cohecho y peculado. De vuelta al proceso de la Unidad de Mantenimiento Vial, El Espectador consultó a todas las partes involucradas, pero nadie quiso decir nada. Ni la entidad afectada, ni el abogado que la representa, ni la Fiscalía y tampoco el abogado de Jaramillo, Jaime Granados. Todos señalaron que son respetuosos de los tiempos de la justicia y alguno más reprochó cualquier tipo de presión al juez con esta publicación. Más allá de esas consideraciones, el delito de cohecho, en este caso, prescribirá en febrero de 2022. Mientras tanto, Andrés Jaramillo enfrenta sus dos procesos en libertad. (Noticia relacionada: Remueven al fiscal Valbuena del caso del carrusel de contratos)