En más de 200 años de historia republicana de Colombia, ninguna organización había sido depositaria de tantos secretos del poder como los masones. Cuarenta y dos presidentes han llegado al grado de gran maestro, desde Francisco de Paula Santander hasta Alberto Lleras. Fiscales, procuradores, ministros, congresistas, escritores y generales han hecho parte de esta hermandad secreta y todos, sin excepción, han tenido que sortear las especulaciones que rondan sus códigos y rituales. Sin embargo, desde su fundación en 1922, la Gran Logia de Masones de Colombia jamás había vivido un pleito judicial como el de hoy, con tutelas y acusaciones de por medio.
Un agarrón de marca mayor que tiene dividido a un sector de los masones en Colombia —se calcula que hay unos 5.000— y que comenzó en estas mismas páginas el 29 de marzo de 2009. Ese domingo, El Espectador publicó la historia “La hermandad en secreto”, en la que se reseñaban algunas intimidades de esta orden, se anunciaba la realización en Bogotá del Congreso Internacional de la Confederación Masónica Interamericana y se advertía que creían en un ser supremo al que llaman el “gran arquitecto del universo”. Uno de los entrevistados para el artículo fue el venerable maestro Manuel Nicolás Meoño Távara.
En el reportaje, Meoño Távara, nacido en Perú, señaló que había llegado el momento para que los masones dejaran de esconderse y dieran a conocer su trabajo como sociedad filantrópica y progresista. Una orden a la que pertenecen políticos del calado de Horacio Serpa Uribe, el exfiscal Mario Iguarán Arana, el excomandante de las Fuerzas Militares Freddy Padilla de León, y de la que son aparentemente muy cercanos los expresidentes Álvaro Uribe y Ernesto Samper —en orillas opuestas de la realidad política del país—.
Pocos días más tarde, en la revista Don Juan apareció otro artículo, titulado “El poder de los masones”. Y quién dijo miedo. El 27 de abril de 2009 la logia Aquileo Parra Nº 2 denunció ante el muy respetable gran maestro Jorge Valencia Jaramillo a Meoño Távara y a su orden por haber intervenido en el reportaje de El Espectador por su presunta infracción al Estatuto Penal Masónico. De inmediato la Gran Asamblea de la Gran Logia de Colombia convocó a una reunión extraordinaria para definir si debía adelantar un proceso por las revelaciones que se documentaron en los artículos periodísticos.
El 18 de mayo de 2009, por una votación mayoritaria de 26 votos se decidió no adelantar ninguna indagación por el artículo de Don Juan. Pero ese mismo día, en una reñida votación de 16 a favor y 14 en contra, sí se resolvió iniciar una investigación por la información consignada en El Espectador. Meoño Távara no fue suspendido. Cuatro años después, en abril de 2013, la Gran Comisión de Justicia de la Gran Logia de Colombia entregó su fallo: “expulsión a perpetuidad” del venerable maestro Manuel Nicolás Meoño Távara. Se aludió que se había violado el principio de la verdad sabida y buena fe guardada, una especie de precepto de la Inquisición.
Desconcertado, Meoño Távara interpuso una tutela con el fin de que se le devolvieran sus derechos como gran maestro de la orden Víctor Raúl Haya de la Torre Nº 36, señalando además que se había desatado una persecución infame en su contra. Según se lee en la tutela, no existen mayores secretos sobre los masones, pues éstos han sido revelados y difundidos profusamente. Como ejemplo se citó que la página “Masonería en Colombia” reúne 334 mil archivos y la “Masonería en Estados Unidos” más de 46 millones. “En esas condiciones, hablar de rituales, alegorías o leyendas masónicas ocultas resulta ingenuo o, incluso, mendaz”, dice la tutela.
La defensa del peruano Manuel Nicolás Meoño Távara resaltó además que el principio de verdad sabida y buena fe guardada “fue proscrito de nuestro ordenamiento procesal” colombiano y que le parecía un absurdo la respuesta a la tutela de la Gran Logia de Colombia, que señaló que “las normas constitucionales no eran aplicables a este caso, pues son propias de un ordenamiento profano, que es un marco jurídico diferente al que regula el funcionamiento interno de la Gran Logia de Colombia, regido por principios universales distintos a las preceptivas comunes”.
El venerable maestro —proscrito hoy— se quejó también de que se le violó el debido proceso y de que la Gran Comisión de Justicia en su fallo del 13 de abril pasado no era la competente para juzgarlo, debido a su condición de jerarquía dentro de la hermandad. De acuerdo con Meoño, quien debía haber resuelto este asunto era la Gran Asamblea de la orden. En esencia, lo que resaltó la tutela es que la expulsión fue ilegal y que el Código Penal Masónico, expedido en 1963, violó normas constitucionales. Por eso solicitó que en menos de 48 horas la condición como venerable maestro de Meoño —llevaba 12 años como tal— tenía que ser restituida.
Esa fue la petición que se le elevó al muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Colombia, Álvaro Younes Arboleda. No obstante, el pasado 16 de julio la jueza octava penal municipal de Bogotá, Rosa Esperanza Hernández, negó la tutela advirtiendo que “se respetaron las formas del juicio masónico” y que el juez natural del peruano sí era la Gran Comisión de Justicia. Además, consideró que “la expulsión a perpetuidad se encuentra reglada dentro de los Estatutos Generales y el Estatuto Penal Masónico”.
La semana pasada la defensa de Meoño Távara apeló el fallo y se espera que antes de una semana se conozca la decisión de segunda instancia. El Espectador buscó a Meoño Távara, quien aseguró: “No me voy a pronunciar hasta que no se emita la sentencia porque confío en la justicia colombiana y porque creo en la sabiduría de la institución más poderosa del mundo: la masonería. Pero recurriré hasta las últimas instancias internacionales con el fin de sentar un precedente para que las nuevas generaciones de hermanos masones no sufran este tipo de intolerancia. La masonería es la cura de la democracia”.
A pesar del poder de una orden como esta, los masones andan divididos. Algunos se alinearon del lado del peruano, un reconocido empresario. Otros mantuvieron la línea del secreto y la confidencialidad, aumentando, quizá, ese halo oscurantista que por siglos ha perseguido a esta hermandad. De cualquier manera, nunca antes los masones colombianos habían vivido una pelea de estas proporciones. Mucho menos que trascendiera a los escenarios públicos y judiciales. Ahora ya sabemos, al menos, que su Código Penal tiene 50 años.
Por Juan David Laverde Palma
