El alcalde procesado por hacerse pasar como campesino para recibir lote baldío

Con la presentación de varios documentos falsos en abril del 2000 el entonces abogado Carlos Andrés Prada Jiménez logró que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) le otorgara un lote de 2.600 metros cuadrados en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca) destinado para el cultivo.

Prada Jiménez manifestó en su petición que no contaba con recursos económicos para adquirir un predio y tenía necesidades para mantener a su familia. Este discurso convenció a los funcionarios del Instituto que además le dieron credibilidad a los documentos presentados.

Después de adquirir el lote baldío en su municipio de origen el abogado instaó una pista de ‘motocross’ para buscar un beneficio personal y económico. El campesino no resultó ser tal, puesto que era hijo del entonces alcalde del municipio.

Prada continuó con la tradición política de su familia y en 2015 fue elegido como alcalde del municipio de Ricaurte. El lote seguía a su nombre y se seguía beneficiando del mismo pese a que contaba con los recursos económicos suficientes. 

Por este hecho de corrupción administrativa la Fiscalía General le imputó los delitos de fraude procesal y falsedad materialen documento privado. El pasado viernes el juez 56 de control de garantías lo cobijó con medida de aseguramiento en detención domiciliaria mientras se adealnta el juicio en su contra.

"La Fiscalía presentó el elemento material probatorio suficienre con el cual comprobó que Prada Jiménez, se postuló como un campesino en estado de vulnerabilidad ante el Incoder, para que se le adjudicara un terreno de más de 2.600 metros cuadrados en el municipio legalizado y que fue legalizado a su nombre durante la administración municipal anterior a la suya", precisó el juez.

En su decisón consideró que "dicho procedimiento se adelantó de forma irregular como lo demostró la Fiscalía en el marco de la investigación, además ordena la medida restrictiva con el objeto de evitar manipulaciones al proceso, la no comparecencia al proceso penal, presiones a los testigos en el caso". 

Con la presentación de varios documentos falsos en abril del 2000 el entonces abogado Carlos Andrés Prada Jiménez logró que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) le otorgara un lote de 2.600 metros cuadrados en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca) destinado para el cultivo.

Prada Jiménez manifestó en su petición que no contaba con recursos económicos para adquirir un predio y tenía necesidades para mantener a su familia. Este discurso convenció a los funcionarios del Instituto que además le dieron credibilidad a los documentos presentados.

Después de adquirir el lote baldío en su municipio de origen el abogado instaó una pista de ‘motocross’ para buscar un beneficio personal y económico. El campesino no resultó ser tal, puesto que era hijo del entonces alcalde del municipio.

Prada continuó con la tradición política de su familia y en 2015 fue elegido como alcalde del municipio de Ricaurte. El lote seguía a su nombre y se seguía beneficiando del mismo pese a que contaba con los recursos económicos suficientes. 

Por este hecho de corrupción administrativa la Fiscalía General le imputó los delitos de fraude procesal y falsedad materialen documento privado. El pasado viernes el juez 56 de control de garantías lo cobijó con medida de aseguramiento en detención domiciliaria mientras se adealnta el juicio en su contra.

"La Fiscalía presentó el elemento material probatorio suficienre con el cual comprobó que Prada Jiménez, se postuló como un campesino en estado de vulnerabilidad ante el Incoder, para que se le adjudicara un terreno de más de 2.600 metros cuadrados en el municipio legalizado y que fue legalizado a su nombre durante la administración municipal anterior a la suya", precisó el juez.

En su decisón consideró que "dicho procedimiento se adelantó de forma irregular como lo demostró la Fiscalía en el marco de la investigación, además ordena la medida restrictiva con el objeto de evitar manipulaciones al proceso, la no comparecencia al proceso penal, presiones a los testigos en el caso".