El álgido debate en la Corte Suprema por el caso de Luis Alfredo Ramos

Desde agosto de 2013, cuando fue capturado, el exgobernador de Antioquia y exsenador Luis Alfredo Ramos ha cargado el pesado fardo de estar investigado por presuntos nexos con grupos de autodefensa. Aunque siempre ha reivindicado su inocencia, su precandidatura presidencial por el Centro Democrático en 2014 terminó frustrada por el carcelazo, y para estas elecciones, todavía sin un fallo a su favor, apenas le alcanzó para adherir a la campaña de Iván Duque, de quien oficia como jefe de debate. Su caso ha sido objeto de controversia. Durante 39 meses estuvo detenido, pero recuperó su libertad en noviembre de 2016 y así atendió las últimas audiencias de su juicio en la Corte Suprema de Justicia. Desde hace 14 meses su proceso está para fallo en el despacho del magistrado Eyder Patiño Cabrera. Pero el expediente está aún bastante lejos de resolverse.

El Espectador conoció que el magistrado Patiño Cabrera ya les dijo a sus colegas de la Sala Penal que no iba a presentar ponencia en este caso porque la Corte, en su criterio, perdió la competencia para juzgar casos como el de Ramos. ¿La razón? La entrada en vigencia, el pasado 18 de enero, del acto legislativo que dispuso la segunda instancia para aforados constitucionales. Según el magistrado Patiño Cabrera, el expediente de Luis Alfredo Ramos lo debe resolver una sala de primera instancia, tal como lo ordenó la norma. El problema es que esos nuevos magistrados —nueve en total, contando seis de la Sala de Instrucción— todavía no han sido elegidos y dicho proceso podría tardar, cuando menos, tres meses más. La posición del magistrado Patiño se dio luego de que varios de sus colegas le pidieran desde hace semanas que presentara el proyecto de fallo.

(En contexto: Segunda instancia para aforados arranca cuando se posesionen los magistrados: Corte)

Ante la negativa de Patiño, la Sala Penal le pidió al magistrado que dejara por escrito su decisión. Así lo hizo en un documento cuyos detalles conoció este diario. El magistrado Patiño sustentó que, en virtud de las modificaciones del acto legislativo, este proceso debía trasladarse a esa primera instancia. Y que, por tanto, no podía elaborar una ponencia para valorar la responsabilidad del exgobernador en los hechos que todavía lo mantienen bajo sospecha: una reunión, a comienzos del año 2005, con los jefes de las autodefensas Ernesto Báez y Julián Bolívar. Dicho encuentro se llevó a cabo en la finca Bellanita, de Hugo Albeiro Quintero, más conocido como el Patrón de Bello, un hombre condenado por paramilitarismo. A esa reunión también asistieron los congresistas Óscar Arboleda, Manuel Ramiro Velásquez y Óscar Suárez Mira.

A propósito de Suárez Mira, en julio de 2013 la Corte Suprema lo condenó a 108 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir. En esa sentencia se señala: “La reunión a la cual asistió el doctor Óscar de Jesús Suárez Mira junto a otros miembros del Congreso en el municipio de Bello no puede aislarse del contexto histórico en que se realizó (…) No obstante que según Ernesto Báez la reunión de Bello no tuvo finalidad distinta que tratar temas relacionados con el proyecto de ley de justicia y paz, en este caso la presencia del doctor Suárez Mira no tiene ese don de relativa filantropía política, pues su asistencia se constituye en un hecho indicador de sus relaciones con grupos al margen de la ley”. Un antecedente complejo para Ramos, aunque a Suárez Mira lo sentenciaron por varios hechos más relacionados con su complicidad con las autodefensas.

Pero hay más. El Espectador también pudo establecer que meses antes de que el exsenador Óscar Arboleda falleciera como consecuencia de un cáncer de hígado, en agosto de 2017, la Corte Suprema de Justicia estudiaba un proyecto de fallo condenatorio. Dicha ponencia fue elaborada por el despacho del magistrado Gustavo Malo Fernández —suspendido de sus funciones por la propia Corte, por sus sospechas de que integró el cartel de la toga—. Arboleda fue otro de los asistentes a la famosa reunión en la finca Bellanita. Precisamente, cuando la Corte comenzó el estudio del caso Arboleda, se pidió a los magistrados ponentes que este caso y el de Luis Alfredo Ramos fueran fallados al mismo tiempo, por tratarse de hechos similares. No obstante, tras el deceso del político antioqueño ese proyecto de fallo quedó en el limbo.

Lo mismo ocurrió con Manuel Ramiro Velásquez, quien murió en febrero de 2015. Así las cosas, solo queda pendiente que la Corte resuelva el proceso de Ramos. El curtido dirigente ha asegurado que jamás hizo pactos oscuros con las autodefensas y le ha pedido al alto tribunal que falle cuanto antes. No obstante, parece que su caso se va a demorar un poco más. Este miércoles, la Sala Penal discutirá si acepta o no las razones que esgrimió el magistrado Eyder Patiño. Si es derrotado por la mayoría, muy a pesar de su convicción de que la Corte perdió competencia, deberá elaborar una ponencia para que sea estudiada por sus colegas. El único que, al parecer, avalaría la tesis de Patiño es el magistrado José Francisco Acuña, quien ha respaldado esa posición desde hace meses. Acuña, además, es el ponente del caso del exmagistrado Jorge Pretelt, investigado por corrupción.

Este diario se comunicó con el abogado de Ramos, Dagoberto Charry, quien señaló sobre el debate: “No existe principio de favorabilidad que diga que la nueva instancia creada para los aforados —que aún no se ha instalado— pueda beneficiarlo. De hecho, lo perjudica porque sigue corriendo el tiempo sin que se defina su situación judicial. En tal sentido, le corresponde al magistrado ponente, el doctor Eyder Patiño, llevar la ponencia y que la Sala Penal la vote. Ya le impidieron al doctor Ramos que fuera candidato presidencial, ahora no lo pueden mantener indefinidamente bajo sospecha. El caso lleva 14 meses en el despacho del magistrado esperando sentencia y nada que ocurre. Tan convencidos estamos de la inocencia del doctor Ramos, que no hemos nunca considerado una eventual segunda instancia, lo que queremos es que se falle cuanto antes”.

Charry añadió que su cliente sí estuvo en la cuestionada reunión en 2005 con varios jefes del paramilitarismo, pero que acudió allí para explicarles que debían someterse a procesos productivos una vez se presentara el proyecto de Justicia y Paz. Es decir, “ese encuentro fue en calidad de facilitador del proceso y no como cómplice de ese grupo ilegal. Así lo declararon los testigos y se corroboró en el juicio”, concluyó el abogado. Al margen de las minucias del expediente, el proceso está enredado. Y la discusión en la Corte, muy compleja. Entretanto, el jefe de debate del candidato del uribismo aguarda expectante las decisiones del alto tribunal.

Desde agosto de 2013, cuando fue capturado, el exgobernador de Antioquia y exsenador Luis Alfredo Ramos ha cargado el pesado fardo de estar investigado por presuntos nexos con grupos de autodefensa. Aunque siempre ha reivindicado su inocencia, su precandidatura presidencial por el Centro Democrático en 2014 terminó frustrada por el carcelazo, y para estas elecciones, todavía sin un fallo a su favor, apenas le alcanzó para adherir a la campaña de Iván Duque, de quien oficia como jefe de debate. Su caso ha sido objeto de controversia. Durante 39 meses estuvo detenido, pero recuperó su libertad en noviembre de 2016 y así atendió las últimas audiencias de su juicio en la Corte Suprema de Justicia. Desde hace 14 meses su proceso está para fallo en el despacho del magistrado Eyder Patiño Cabrera. Pero el expediente está aún bastante lejos de resolverse.

El Espectador conoció que el magistrado Patiño Cabrera ya les dijo a sus colegas de la Sala Penal que no iba a presentar ponencia en este caso porque la Corte, en su criterio, perdió la competencia para juzgar casos como el de Ramos. ¿La razón? La entrada en vigencia, el pasado 18 de enero, del acto legislativo que dispuso la segunda instancia para aforados constitucionales. Según el magistrado Patiño Cabrera, el expediente de Luis Alfredo Ramos lo debe resolver una sala de primera instancia, tal como lo ordenó la norma. El problema es que esos nuevos magistrados —nueve en total, contando seis de la Sala de Instrucción— todavía no han sido elegidos y dicho proceso podría tardar, cuando menos, tres meses más. La posición del magistrado Patiño se dio luego de que varios de sus colegas le pidieran desde hace semanas que presentara el proyecto de fallo.

(En contexto: Segunda instancia para aforados arranca cuando se posesionen los magistrados: Corte)

Ante la negativa de Patiño, la Sala Penal le pidió al magistrado que dejara por escrito su decisión. Así lo hizo en un documento cuyos detalles conoció este diario. El magistrado Patiño sustentó que, en virtud de las modificaciones del acto legislativo, este proceso debía trasladarse a esa primera instancia. Y que, por tanto, no podía elaborar una ponencia para valorar la responsabilidad del exgobernador en los hechos que todavía lo mantienen bajo sospecha: una reunión, a comienzos del año 2005, con los jefes de las autodefensas Ernesto Báez y Julián Bolívar. Dicho encuentro se llevó a cabo en la finca Bellanita, de Hugo Albeiro Quintero, más conocido como el Patrón de Bello, un hombre condenado por paramilitarismo. A esa reunión también asistieron los congresistas Óscar Arboleda, Manuel Ramiro Velásquez y Óscar Suárez Mira.

A propósito de Suárez Mira, en julio de 2013 la Corte Suprema lo condenó a 108 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir. En esa sentencia se señala: “La reunión a la cual asistió el doctor Óscar de Jesús Suárez Mira junto a otros miembros del Congreso en el municipio de Bello no puede aislarse del contexto histórico en que se realizó (…) No obstante que según Ernesto Báez la reunión de Bello no tuvo finalidad distinta que tratar temas relacionados con el proyecto de ley de justicia y paz, en este caso la presencia del doctor Suárez Mira no tiene ese don de relativa filantropía política, pues su asistencia se constituye en un hecho indicador de sus relaciones con grupos al margen de la ley”. Un antecedente complejo para Ramos, aunque a Suárez Mira lo sentenciaron por varios hechos más relacionados con su complicidad con las autodefensas.

Pero hay más. El Espectador también pudo establecer que meses antes de que el exsenador Óscar Arboleda falleciera como consecuencia de un cáncer de hígado, en agosto de 2017, la Corte Suprema de Justicia estudiaba un proyecto de fallo condenatorio. Dicha ponencia fue elaborada por el despacho del magistrado Gustavo Malo Fernández —suspendido de sus funciones por la propia Corte, por sus sospechas de que integró el cartel de la toga—. Arboleda fue otro de los asistentes a la famosa reunión en la finca Bellanita. Precisamente, cuando la Corte comenzó el estudio del caso Arboleda, se pidió a los magistrados ponentes que este caso y el de Luis Alfredo Ramos fueran fallados al mismo tiempo, por tratarse de hechos similares. No obstante, tras el deceso del político antioqueño ese proyecto de fallo quedó en el limbo.

Lo mismo ocurrió con Manuel Ramiro Velásquez, quien murió en febrero de 2015. Así las cosas, solo queda pendiente que la Corte resuelva el proceso de Ramos. El curtido dirigente ha asegurado que jamás hizo pactos oscuros con las autodefensas y le ha pedido al alto tribunal que falle cuanto antes. No obstante, parece que su caso se va a demorar un poco más. Este miércoles, la Sala Penal discutirá si acepta o no las razones que esgrimió el magistrado Eyder Patiño. Si es derrotado por la mayoría, muy a pesar de su convicción de que la Corte perdió competencia, deberá elaborar una ponencia para que sea estudiada por sus colegas. El único que, al parecer, avalaría la tesis de Patiño es el magistrado José Francisco Acuña, quien ha respaldado esa posición desde hace meses. Acuña, además, es el ponente del caso del exmagistrado Jorge Pretelt, investigado por corrupción.

Este diario se comunicó con el abogado de Ramos, Dagoberto Charry, quien señaló sobre el debate: “No existe principio de favorabilidad que diga que la nueva instancia creada para los aforados —que aún no se ha instalado— pueda beneficiarlo. De hecho, lo perjudica porque sigue corriendo el tiempo sin que se defina su situación judicial. En tal sentido, le corresponde al magistrado ponente, el doctor Eyder Patiño, llevar la ponencia y que la Sala Penal la vote. Ya le impidieron al doctor Ramos que fuera candidato presidencial, ahora no lo pueden mantener indefinidamente bajo sospecha. El caso lleva 14 meses en el despacho del magistrado esperando sentencia y nada que ocurre. Tan convencidos estamos de la inocencia del doctor Ramos, que no hemos nunca considerado una eventual segunda instancia, lo que queremos es que se falle cuanto antes”.

Charry añadió que su cliente sí estuvo en la cuestionada reunión en 2005 con varios jefes del paramilitarismo, pero que acudió allí para explicarles que debían someterse a procesos productivos una vez se presentara el proyecto de Justicia y Paz. Es decir, “ese encuentro fue en calidad de facilitador del proceso y no como cómplice de ese grupo ilegal. Así lo declararon los testigos y se corroboró en el juicio”, concluyó el abogado. Al margen de las minucias del expediente, el proceso está enredado. Y la discusión en la Corte, muy compleja. Entretanto, el jefe de debate del candidato del uribismo aguarda expectante las decisiones del alto tribunal.