El archivo engavetado del caso Petro

Petro fue destituido por la Procuraduría, pero regresó gracias a unas medidas cautelares. / Archivo

El 9 de diciembre de 2013, el procurador Alejandro Ordóñez, en una publicitada rueda de prensa, anunció la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Según dijo, el polémico cambio de modelo de recolección de basuras de esa administración provocó un caos los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012, al punto que se dejaron de recoger 9.000 toneladas de desechos. Pocas horas después, Petro, desde el balcón del Palacio Liévano, acusó a Ordóñez de perseguirlo y ante una plaza de Bolívar repleta enarboló las banderas de los indignados de Colombia.

Lo que siguió es de todos conocido: Petro apeló, el procurador confirmó el fallo, después vino una “tutelatón”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares al alcalde, el presidente Santos terció en el debate y firmó la destitución el 19 de marzo de este año y Petro dijo adiós. Pero un mes después regresó a su cargo gracias a una tutela. Justo entonces, cuando la campaña presidencial entraba en su recta final, el jefe de Estado aceptó súbitamente las medidas cautelares de la CIDH y el Progresismo se volcó a apoyar la reelección. En medio de ese galimatías jurídico, el procurador Ordóñez resultó golpeado y Petro salió fortalecido. Y en la trasescena de este pulso de poderes estaba la Fiscalía.

Por cuenta del caos de diciembre de 2012, el alcalde Petro y dos de sus funcionarios también fueron denunciados penalmente. El caso le correspondió al fiscal delegado ante la Corte Mauricio Martínez, quien de inmediato dispuso la recolección de pruebas y testimonios para establecer si el cambio de modelo de basuras en Bogotá había sido ilegal. Desde agosto de 2013, es decir, cuatro meses antes de la destitución, comenzó a rumorarse que la Fiscalía archivaría el caso en favor del alcalde. No obstante, esa decisión jamás se produjo y, en cambio, el mismo día en que Petro era notificado de que debía salir del Palacio Liévano, el proceso le fue reasignado al vicefiscal Jorge Fernando Perdomo.

Hasta ahí ninguna novedad. Sin embargo, El Espectador conoció el documento de 48 páginas que el fiscal Martínez dejó listo y en el que archivaba la investigación contra Petro. La conclusión de Martínez, quien enteró a sus superiores de su decisión, fue que ese cambio de modelo de basuras no había representado detrimento patrimonial para el Distrito, que ningún particular se había beneficiado, que las actuaciones de Petro fueron lícitas y que la justicia penal no podía ser utilizada “para realizar balances de carácter político por parte de quienes no están de acuerdo con la actual administración”. Según dijo, eventuales errores o imprevisiones no necesariamente constituían delitos, y si se quieren hacer juicios políticos, para ello existen otros instrumentos de carácter social, “como el control político y ciudadano”.

El origen de la investigación fue la denuncia que interpuso a finales de diciembre de 2012 el ciudadano Isnardo Gómez, quien aseguró que el alcalde Petro, el director de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp) Henry Romero y el gerente de la Empresa de Acueducto Diego Bravo habían sido los responsables del desastre que vivió la ciudad pocos días antes y que debían ser procesados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés ilícito en la celebración de contratos, prevaricato, peculado y concierto para delinquir. La denuncia señaló que, con el propósito de sacar a los operadores privados del multimillonario negocio del aseo y entregárselo al Distrito, Petro violó las leyes.

Según el borrador conocido por este diario, informes financieros de la Contraloría determinaron que había sobrecostos en la forma de estipular tarifas y una rentabilidad del 44% de los ingresos que terminaba en manos de los operadores privados Lime, Atesa, Aseo Capital y Ciudad Limpia. El fiscal Martínez hizo un detallado análisis de los antecedentes de esta contratación que empezó en julio de 2003. Allí se estableció un plazo de siete años de concesión a estas empresas, con varias prórrogas que se cumplieron en diciembre de 2012. Ya entonces el alcalde Petro libraba una batalla contra los operadores privados, a quienes había notificado que a partir del 18 de diciembre quedarían por fuera del negocio de las basuras.

Martínez resaltó en su documento que, desde el principio, esta contratación empezó chueca porque la comunidad de recicladores estimó vulnerados sus derechos al haber sido excluida de la licitación. Fue en ese contexto que los recicladores interpusieron una tutela que la Corte Constitucional falló a su favor en 2003. Durante siete años nada pasó con las recomendaciones contenidas en esa decisión, por lo que el alto tribunal regañó al Distrito en 2010. En agosto de 2011, poco antes de que venciera la operación de los privados, la Corte ordenó suspender la nueva licitación para el servicio de aseo por la exclusión de los recicladores. La cosa quedó en el limbo hasta que, vencidas las prórrogas a los privados, la administración Petro le entregó en diciembre de 2012 la operación al Acueducto de Bogotá.

Entonces fue Troya. Los privados pararon, se dejaron de recoger 9.000 toneladas de basura y todo el mundo le cayó a Petro. Exactamente un año después, el procurador lo destituyó fulminantemente. Sin embargo, el fiscal Martínez consideró que dicho cambio de modelo, “lejos de ser un acto arbitrario o caprichoso”, estuvo ajustado a las normas y principios legales de la contratación. De acuerdo con su borrador, los fracasos de las licitaciones de 2003 y 2011 pusieron a Bogotá en un riesgo ambiental que obligó al Distrito a resolver “una situación calamitosa de incalculables consecuencias”. En ese contexto extremo, sostuvo Martínez, debía conjurarse la dificultad que se avecinaba.

Dadas las excepcionales circunstancias que desencadenaron la suspensión de la última licitación del aseo, según el fiscal, a Petro no podía exigírsele nada distinto a solucionar la emergencia para garantizar la recolección de las basuras. De no haberlo hecho, ahí sí “podría el alcalde verse incurso en violaciones a la ley por actitudes negligentes”. El fiscal Martínez fue más allá y aseguró que Gustavo Petro acató las órdenes de la Corte Constitucional de incluir a los recicladores en el esquema de aseo y que su modelo Basura Cero cumplió las disposiciones de ese alto tribunal. Aún más, advirtió el fiscal, la contratación que le dio la Uaesp al Acueducto se hizo entre dos entes distritales totalmente habilitados.

El fiscal delegado se preguntó qué habría pasado si la administración Petro, acatando las órdenes de la Corte Constitucional, no hubiera implementado el esquema que dejó en medio de una situación tan apremiante. De allí que concluyera que la entrega del modelo de basuras al Distrito no obedeció a un capricho de la Alcaldía sino a una salida legal, “a una opción salvadora” para “superar la grave problemática generada por la suspensión del proceso licitatorio”, con la particularidad de que al hacer la contratación entre entidades del Distrito “se descartaba cualquier interés personal de los funcionarios involucrados”.

En conclusión, el fiscal proyectó el archivo de este proceso al considerar que “los comportamientos aquí analizados se podrían adecuar como faltas de previsión, errores de cálculo político, pero no como injustos punibles”, es decir, delitos. “El justo malestar que ocasionó la presencia de los residuos por horas en la ciudad y la utilización de un transporte tal vez inadecuado para dar respuesta a la crisis que se sobrevenía fue ocasionado por la negativa de los operadores privados a revertir oportunamente los equipos como se debía”, sostuvo el fiscal.

* ¿Qué pasó con este archivo?

El gran interrogante que orbita sobre este borrador es por qué no fue firmado por Martínez ni vio la luz del día. El Espectador conoció que el fiscal delegado informó a sus superiores de la decisión que iba a tomar y a algunos les entregó el proyecto que hoy revela este diario. Eso lo hizo en agosto de 2013, es decir, varios meses antes de que el procurador Alejandro Ordóñez prácticamente decretara la muerte política de Gustavo Petro. “En su momento existieron rumores sobre este borrador, pero con sorpresa recibimos la determinación del fiscal general, Eduardo Montealegre, de reasignar el caso al vicefiscal, quien catorce meses después de que se hubiera proyectado ese archivo todavía no toma una decisión”, señaló un cercano colaborador del alcalde de Bogotá.

Otra fuente consultada fue más allá y explicó: “Ese archivo sigue ahí en salmuera, engavetado, porque no quieren que el alcalde se pronuncie sobre el expediente del carrusel de la contratación y sobre algunos temas claves de la ciudad en los que poderosos contratistas aparecen salpicados con el desfalco a Bogotá”. En entrevista con este diario en marzo de este año, dos días después de haber dejado la Alcaldía, Petro señaló que detrás de su salida estuvieron los contratistas William Vélez y Alberto Ríos, con quienes mantiene un enfrentamiento público.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que nada saben de procesos engavetados, que hoy el caso está en el despacho del vicefiscal Perdomo por expresa designación de Eduardo Montealegre, que más de 13 denuncias contra Petro por el caso de las basuras fueron acumuladas para tomar una gran decisión al respecto, que no se pueden mirar de manera aislada muchos aspectos de esta cuestionada contratación y que al fiscal Martínez le faltaban aristas por indagar. Un penalista consultado definió así esta controversia: “En todo caso, preocuparía más una imputación engavetada que un archivo engavetado, ¿no?”. El vicefiscal se abstuvo de entregar cualquier declaración sobre el caso.

Mientras cercanos colaboradores de Petro aún no saben cómo digerir la noticia, en la Fiscalía garantizan investigaciones imparciales y sin sesgos.

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@jdlaverde9