Salvatore Mancuso tiene que volver a Colombia para que siga cumpliendo con los compromisos que asumió cuando se desmovilizó. Así lo ordenó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá en un pronunciamiento con el que los magistrados quisieron ponerle punto final a una discusión que lleva ya más de nueve meses siendo noticia: la de qué pasará con el exjefe paramilitar una vez cumpla su sentencia en Estados Unidos. Y es que, a todo el proceso judicial del excomandante del bloque Catatumbo de las autodefensas, se le cruzaron interpretaciones sobre su libertad, una solicitud para entrar a la JEP y, además, la pandemia del COVID-19.
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La conclusión del Tribunal de Bogotá, sin embargo, es que Mancuso debe seguir compareciendo ante la justicia y que suficiente requerimiento judicial son los compromisos que el mismo Mancuso adquirió cuando se desmovilizó. “Si la duda respecto a la viabilidad de la extradición estaba sembrada en la falta de requerimientos judiciales, son las mismas sentencias que el juzgado vigila suficientes para solicitar la comparecencia (de Mancuso), pues dicha vigilancia es la que permite honrar los compromisos adquiridos al momento de la suscripción de los Acuerdos de Paz”, dijo el Tribunal en un pronunciamiento de 155 páginas.
Mancuso ha sido una de las caras visibles del paramilitarismo, con un perfil que no cuadra con los del resto de excomandantes. Hijo de una colombiana y un acaudalado italiano del que heredó más que el apellido: estudió ingeniería en la Universidad Javeriana y hasta inglés en Estados Unidos. En la guerra se volvió bastión militar e ideológico y es recordado cuando fue invitado al Congreso en 2004, o cuando dijo que el 35 % de las curules eran de las autodefensas. Una vez se sometió a la Ley de Justicia y Paz prendió el ventilador contra los poderosos. Aunque él mismo ha dicho que quiere regresar a Colombia, es claro que para muchos estaría mejor que no volviera.
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El novelón por su regreso comenzó en diciembre de 2019, cuando la jueza de ejecución de penas Luz Marina Zamora, quien vigila sus condenas, canceló la orden de captura en su contra por considerar que, tras pagar más de ocho años de cárcel en EE. UU., cumplía con los requisitos de Justicia y Paz para quedar en libertad condicional. La Fiscalía y las víctimas apelaron, pero mientras se decidía de nuevo, la emergencia sanitaria aplazó el traslado del exparamilitar por extradición o deportación. El 15 de abril, el Gobierno hizo el pedido formal de extradición con base en otra orden de captura y, casi un mes más tarde, Mancuso dio positivo para coronavirus.
Enfermo con el virus que ha paralizado al mundo, el exjefe paramilitar está en custodia de la agencia migratoria de Estados Unidos. Hace ya un mes, sin embargo, la misma jueza, Luz Marina Zamora, canceló dos órdenes de captura más por condenas que le impusieron al exjefe. Y, así, el pedido de extradición que formuló el Gobierno se quedó sin piso jurídico. Ahora, en una providencia de 155 páginas, Justicia y Paz explicó que, si bien la jueza tuvo la razón al contarle el tiempo que ha estado preso, se equivocó al cancelar las órdenes de captura, pues debe mantener encendido su ventilador en Colombia, compromiso que adquirió desde que se desmovilizó.
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Y es que Mancuso ha dicho varias veces que a él lo extraditaron para callarlo por las revelaciones que venía haciendo en sus versiones libres. Unos meses antes de que se lo llevaran a EE. UU., por ejemplo, contó en una diligencia: “Fuimos infiltrando la Policía, el Ejército, la Fiscalía, el DAS, entes gubernamentales, empresas y a la misma sociedad civil, a organizaciones sociales, sindicales y comunales a través de las cuales se obtuvo información de inteligencia para la realización de operativos militares, apoyamos campañas políticas a través de la comunidad en la que habíamos logrado incidir y generar espacios políticos que respondían a la filosofía de la autodefensa”.
Ya sus declaraciones, aun desde Estados Unidos, han servido para condenar a parapolíticos como los excongresistas Eleonora Pineda, Miguel de la Espriella y Mario Uribe, así como a los firmantes del Pacto de Ralito, con el cual los paramilitares pretendían refundar la patria; o incluso a figuras de otros sectores, como el exrector de la Universidad de Córdoba Claudio Sánchez. Todos han sido salpicados por los detalles que ha dado el exjefe paramilitar en sus declaraciones, en las que también ha hablado de una supuesta simpatía ideológica que le expresaban relevantes figuras del uribismo, como el exvicepresidente Francisco Santos, a quien conoció como periodista.
Con esos antecedentes pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con la promesa de que hablaría sobre los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez, así como de los senadores Piedad Córdoba e Iván Cepeda, entre otros. La justicia especial lo rechazó en junio pasado con el argumento de que no había demostrado su condición de financiador del conflicto, sino que estaba probado que fue un “miembro orgánico” de las autodefensas. La decisión no fue unánime y de hecho hizo que tres magistrados de la Sala de Reconocimiento presentaran extensos salvamentos de votos de por qué sí debieron aceptarlo. Mancuso apeló y todavía está pendiente de la segunda instancia.
Para el Tribunal de Bogotá, este debe regresar a Colombia. Su futuro migratorio, sin embargo, todavía es incierto, pues desde que cumplió su condena Estados Unidos tampoco ha definido qué hacer con él. Otro país que podría requerirlo es Italia: al parecer, después de la desmovilización, Mancuso hizo negocios para lavar millonarias cifras del narcotráfico con el difunto empresario de ese país Giorgio Sale. Pero, según supo este diario, a la fecha no hay requerimientos en su contra en el país europeo. Mancuso dijo esta semana: “Reitero mi compromiso inquebrantable, inamovible con las víctimas, con las autoridades judiciales, con el país, con la paz de Colombia”. ¿Cumplirá?