Dominar las plazas de mercado, amedrentando a campesinos y a comerciantes, y legalizando su crimen a través de cooperativas fachada, fue uno de los esquemas de financiación que usaron los paramilitares. En Caldas fue “el cartel de la cebolla”; en Tolima, “el cartel del cilantro”, y ahora, con la sentencia al exconcejal de Ciénaga (Magdalena) Carlos Enrique Padilla Peña, se conoce “el cartel del mango”.
Mangoazúcar Ltda. fue la cooperativa que usó el político para tener bajo control a los productores de fruta de varios municipios de la costa y crear un monopolio propiedad de las autodefensas. En la zona no se movía ni se vendía una fruta sin la autorización de Padilla Peña y los paramilitaes.
Antes de la cooperativa, el negocio se movía por amenaza directa a los campesinos, quienes sabían que sólo le podían vender la fruta al exconcejal. Desobedecer esa orden era condenarse a la muerte o al destierro, como les sucedió a Tomás Méndez y a Raúl Carrascal, a los que asesinaron supuestamente por negarse a negociar con Padilla Peña.
Tras el crimen de Carrascal, los delincuentes decidieron “legalizar” sus delitos y crearon la cooperativa. Obligaron a los campesinos a asociarse y los nombraron en la junta directiva para no levantar sospechas. Quien no se asociaba, eran objetivo militar.
Detrás de la organización siempre estuvieron Padilla Peña y José Mangones Lugo, alias Tijeras, comandante del frente del bloque Norte que operaba en la población. A través de Mangoazúcar lavaron dinero provenientes de extorsiones a campesinos y comerciantes de la región.
También la usaban para legalizar expropiaciones de tierras. Los paramilitares amenazaban a los campesinos para obligarlos a vender sus propiedades, quienes debían ir a la cooperativa y prácticamente regalar sus propiedades al venderlas a precios irrisorios.
En la investigación se comprobó que Padilla Peña era el testaferro de alias Tijeras y que gracias a esta relación, desde 1998 empezó a amasar su fortuna, que para 2006 se calculaba en $4.000 millones en propiedades, sin contar las que tenía a nombre de otros socios y parientes. Gracias al apoyo delincuencial llegó en 2001 al Concejo, donde permaneció hasta 2007, cuando lo capturaron por orden de la Fiscalía para vincularlo al proceso.
La relación entre el político y el paramilitar fue tan cercana que, incluso, dicen que Padilla Peña fue padrino de bautizo de una de las hijas de Tijeras, evidencia que supuestamente eliminó una de las hermanas del exconcejal, al indicarle al sacerdote de la parroquia donde se realizó el bautizo que borrara los nombres del registro.
Debido a las constantes denuncias de amenazas y seguimientos a los testigos, el proceso penal lo trasladaron de Santa Marta a Bogotá. Quienes declararon en contra de Padilla Peña mencionaron que en Ciénaga lo conocieron como “el capo del mango” y ahora tendrá que pagar 19 años de prisión por los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir y lavado de activos.
Por este caso, la Procuraduría adelanta un disciplinario en su contra y la investigación por su posible participación en algunos homicidios sigue en trámite.
Por sus crímenes, toda la fortuna que consiguió el exconcejal trabajando para los paramilitares pasaría a manos del Estado, ya que estaría en marcha la extinción de dominio. A su socio Gabriel Moscarella Torrijos lo investigarán por testaferrato y lavado de activos.
La condena al exconcejal es una decisión de primera instancia, la cual puede ser apelada.
Otros investigados
En la sentencia en contra del exconcejal Carlos Enrique Padilla, el juez pidió investigar a varios políticos costeños por posibles nexos con las Auc y corrupción. Entre ellos, a los concejales de Ciénaga en 2006, a los que llamaron “los 12 apóstoles” y quienes supuestamente incrementaron su patrimonio injustificadamente. De igual forma, a José David Name, senador del Partido de la U; Trino Luna Morón, exgobernador del Magdalena, y al político barranquillero David Char Navas. Según el juez, en el expediente del exconcejal existen evidencias que involucra a estos políticos en posibles casos de corrupción y que deben ser analizadas por la Corte Suprema. Entre las evidencias menciona archivos del computador de ‘Jorge 40’, que le incautaron al paramilitar Édgar Ignacio Ferro Flórez, alias ‘Don Antonio’.
Por Alexánder Marín Correa
