El carrusel ‘tocó’ a la Policía
Millonario negocio en el Fondo Rotatorio le fue adjudicado al hoy detenido contratista Julio Gómez. Hermano del salpicado concejal Orlando Parada, el general Gabriel Parada, dice que sólo se ejecutó el 25% del contrato.
María del Rosarío Arrázola, Juan David Laverde
A pesar de todo el ruido que había en torno al contratista Julio Gómez como uno de los puntales del llamado carrusel que desfalcó a Bogotá —hechos ya públicamente aceptados por él mismo a la Fiscalía—, el 13 de julio de 2011 el Fondo Rotatorio de la Policía le otorgó un contrato por $5.774 millones para la construcción del Centro de Rehabilitación Valentina AOS de la Dirección de Sanidad de la entidad.
A pesar de todo el ruido que había en torno al contratista Julio Gómez como uno de los puntales del llamado carrusel que desfalcó a Bogotá —hechos ya públicamente aceptados por él mismo a la Fiscalía—, el 13 de julio de 2011 el Fondo Rotatorio de la Policía le otorgó un contrato por $5.774 millones para la construcción del Centro de Rehabilitación Valentina AOS de la Dirección de Sanidad de la entidad. El predio está ubicado en la vereda Fusca, del municipio de Chía (Cundinamarca), y la obra debía estar terminada el 16 de diciembre de ese año, “para lo cual se ejecutará a doble jornada de ocho horas sin interrupción”.
Hoy dicho contrato constituye la primera evidencia para las autoridades de cómo los tentáculos del carrusel de la contratación terminaron colándose también en la Policía. De hecho, el mismo día de la adjudicación de este negocio a la Constructora Arkgo Ltda., de propiedad de Gómez y de su esposa Jannett Arévalo, por recomendación de la Procuraduría, se le solicitó información al Hospital de Meissen y al Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, en donde esta firma de Gómez también tenía contratos. Según se lee, este rastreo se hizo “a raíz de lo publicado en los diferentes medios de comunicación” sobre el cartel.
La respuesta que recibió la Policía poco después es que hasta ese momento ninguno de los socios de Arkgo Ltda. tenía sanciones o inhabilidades. Dicho de otro modo, aunque existían hondas sospechas sobre Julio Gómez, pues ya entonces había señalamientos directos que lo vinculaban con los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, así como con el contratista Emilio Tapia, en la Policía decidieron seguir adelante con el negocio. El coronel (r) Alfonso Rueda Celis, director del Fondo Rotatorio, fue quien firmó el contrato con Ricardo Godoy Arteaga, representante legal de la empresa de Julio Gómez. La oferta de Arkgo le ganó a otras 22 compañías que licitaron.
Es decir, cuando el escándalo del carrusel estaba más candente que nunca —ya el alcalde Samuel Moreno había sido suspendido por el procurador y estaba ad portas de una acusación de la Fiscalía por la cual terminó preso—, la empresa de Julio Gómez siguió de largo. Con una particularidad: en noviembre de 2011, cuatro meses después de obtener el negocio, el todopoderoso contratista estaba sentado en el banquillo de los acusados en una audiencia de imputación de cargos, la primera de muchas, por los múltiples contratos que amasó en los tiempos del cartel que desangró al Distrito. Un mes antes el coronel Rueda Celis había decidido quitarle el negocio con el Fondo Rotatorio.
Desde hace dos meses y medio el general de la Policía Gabriel Parada es el director del Fondo Rotatorio. Según le confesó a El Espectador, tan sólo se ha ejecutado el 25% de la construcción del Centro de Rehabilitación ubicado en Chía debido a que el contrato, desde el principio, estuvo repleto de problemas. Señaló, por ejemplo, que cuando la Policía se enteró de que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) le había caducado varios contratos de malla vial a Julio Gómez, en octubre de 2011 se procedió a quitarle el negocio y se entregó la cesión en febrero de 2012 a la firma Edgar Osvaldo Construcción. Dicha compañía presentó problemas de liquidez y hubo que volver a barajar el contrato.
Finalmente se le dio a la empresa Netfom Construcción, pero ya ha pasado casi un año y ni siquiera la cuarta parte del Centro de Rehabilitación de la Policía está construida. Lo paradójico del asunto es que el general Parada es hermano del concejal Orlando Parada, señalado por la Fiscalía den recibir millonarias comisiones del carrusel de Julio Gómez y compañía. De hecho, Emilio Tapia ha declarado que Orlando Parada llegó a presidir el Concejo de Bogotá en el año 2007 gracias a la gestión de un binomio de poder desconocido para los medios: el contratista Julio Gómez y el abogado Manuel Sánchez. Este último también negocia con la Fiscalía un marco de colaboración.
El general Parada, en diálogo con este diario, manifestó que lo primero que va a hacer la siguiente semana será liquidar por incumplimiento el contrato para la construcción del Centro de Rehabilitación en Chía. Consultado sobre cuánto dinero se le entregó a la firma de Julio Gómez en 2011, el alto oficial sostuvo que sólo se le dieron $493 millones del anticipo. Sin embargo, no tenía claro si a las dos empresas a las que les cayó el contrato después, también se les había girado dinero. En todo caso, según el contrato original en poder de El Espectador, la Policía se comprometía a dar un anticipo equivalente al 50% del valor total del negocio. ¿Se le dieron a Julio Gómez más de $2.800 millones?
“Llegué hace poco al cargo y encontré esto. Voy a liquidar el contrato porque han sido incumplidos y Netfom no tiene las pólizas al día”, sostuvo el general Parada. Dicho en cristiano, esto significa que el hermano de uno de los concejales vinculados con el carrusel se dispone a caducar un millonario contrato que originalmente se le otorgó a Julio Gómez, hoy testigo de la Fiscalía y ventilador de sus exsocios políticos y económicos. “Yo llevo 31 años en la Policía y lo único que he hecho es servir. Jamás he tenido cargos para hacer contratos de obras y nada tengo que ver con la actividad de mi hermano Orlando. Él en la política y yo en la Policía”.
El oficial Parada dijo que en el Fondo Rotatorio no hay más contratos de Julio Gómez. Ante versiones conocidas por El Espectador en el sentido de que su nombre ha salido a relucir en el expediente del carrusel, Parada resaltó tajante: “Nunca he influido en contrato alguno. Para 2011, cuando se firmó el contrato con Julio Gómez, oficiaba como jefe de control interno de la Policía. Después me trasladaron como comandante de la regional 7 que cubre los departamentos de Vichada, Guainía, Guaviare, Meta y Casanare. Amo a mi hermano Orlando, confío en su inocencia, pero siempre hemos tenido caminos distintos”.
Y añadió: “Ahora lo estamos acompañando, esperando que todo se aclare. Tiene nuestro apoyo incondicional. En este momento no ha sido condenado, aunque se hable de él en todas partes. Él es el menor de la casa. Somos cinco hermanos. Él y yo nos llevamos cuatro años. Orlando nos ha dicho que no va a aceptar los cargos de la Fiscalía. Me preocupa sí la salud de nuestra madre, que tiene 83 años. Por mi parte estoy tranquilo, porque en 31 años en la Policía he escalado sin necesidad de apoyarme políticamente en nadie. Estoy donde estoy por mi transparencia y esfuerzo. Estoy presto a que las autoridades revisen toda mi vida”.
De todas maneras, no hay duda de que el proceso en contra de su hermano sí puede enredarle la carrera al conocido oficial. Es que las evidencias y los testimonios que involucran a Orlando Parada no son de poca monta. El propio exconcejal Hipólito Moreno —quien ya reconoció su mano larga en el cartel y pidió perdón— ya ha aportado información que lo salpica en relación con tres contratos revelados por El Espectador hace dos semanas para el mantenimiento de la malla vial de Bogotá. Hipólito y otros dos testigos señalaron que por estos tres contratos, cuyo valor era de $115 mil millones, se repartió una comisión del 10%.
Según se dijo, los concejales Orlando Parada, Hipólito Moreno y Andrés Camacho Casado —a quien la Fiscalía también le imputará cargos— fueron los beneficiarios de estas ‘mordidas’. Contratos que terminaron por salpicar al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien según se desprende de las declaraciones conocidas por este diario, habría sido quien entregó la comisión. La firma ICM Ingenieros, en la que Cruz ha trabajado durante 18 años, con excepción de sus lapsos como funcionario, se ganó uno de los tres contratos cuestionados, adjudicados todos en el año 2009.
Mientras la Fiscalía continúa sus pesquisas, alista nuevas evidencias, se preparan nuevos ventiladores y los exsocios del carrusel parecen jugar al ‘sálvese quien pueda’, el general Parada vive su propio viacrucis por cuenta del escándalo que tiene a su hermano a las puertas de la cárcel. ¿Podrá probar su inocencia?
@nenarrazola
@jlaverde9
A pesar de todo el ruido que había en torno al contratista Julio Gómez como uno de los puntales del llamado carrusel que desfalcó a Bogotá —hechos ya públicamente aceptados por él mismo a la Fiscalía—, el 13 de julio de 2011 el Fondo Rotatorio de la Policía le otorgó un contrato por $5.774 millones para la construcción del Centro de Rehabilitación Valentina AOS de la Dirección de Sanidad de la entidad.
A pesar de todo el ruido que había en torno al contratista Julio Gómez como uno de los puntales del llamado carrusel que desfalcó a Bogotá —hechos ya públicamente aceptados por él mismo a la Fiscalía—, el 13 de julio de 2011 el Fondo Rotatorio de la Policía le otorgó un contrato por $5.774 millones para la construcción del Centro de Rehabilitación Valentina AOS de la Dirección de Sanidad de la entidad. El predio está ubicado en la vereda Fusca, del municipio de Chía (Cundinamarca), y la obra debía estar terminada el 16 de diciembre de ese año, “para lo cual se ejecutará a doble jornada de ocho horas sin interrupción”.
Hoy dicho contrato constituye la primera evidencia para las autoridades de cómo los tentáculos del carrusel de la contratación terminaron colándose también en la Policía. De hecho, el mismo día de la adjudicación de este negocio a la Constructora Arkgo Ltda., de propiedad de Gómez y de su esposa Jannett Arévalo, por recomendación de la Procuraduría, se le solicitó información al Hospital de Meissen y al Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, en donde esta firma de Gómez también tenía contratos. Según se lee, este rastreo se hizo “a raíz de lo publicado en los diferentes medios de comunicación” sobre el cartel.
La respuesta que recibió la Policía poco después es que hasta ese momento ninguno de los socios de Arkgo Ltda. tenía sanciones o inhabilidades. Dicho de otro modo, aunque existían hondas sospechas sobre Julio Gómez, pues ya entonces había señalamientos directos que lo vinculaban con los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, así como con el contratista Emilio Tapia, en la Policía decidieron seguir adelante con el negocio. El coronel (r) Alfonso Rueda Celis, director del Fondo Rotatorio, fue quien firmó el contrato con Ricardo Godoy Arteaga, representante legal de la empresa de Julio Gómez. La oferta de Arkgo le ganó a otras 22 compañías que licitaron.
Es decir, cuando el escándalo del carrusel estaba más candente que nunca —ya el alcalde Samuel Moreno había sido suspendido por el procurador y estaba ad portas de una acusación de la Fiscalía por la cual terminó preso—, la empresa de Julio Gómez siguió de largo. Con una particularidad: en noviembre de 2011, cuatro meses después de obtener el negocio, el todopoderoso contratista estaba sentado en el banquillo de los acusados en una audiencia de imputación de cargos, la primera de muchas, por los múltiples contratos que amasó en los tiempos del cartel que desangró al Distrito. Un mes antes el coronel Rueda Celis había decidido quitarle el negocio con el Fondo Rotatorio.
Desde hace dos meses y medio el general de la Policía Gabriel Parada es el director del Fondo Rotatorio. Según le confesó a El Espectador, tan sólo se ha ejecutado el 25% de la construcción del Centro de Rehabilitación ubicado en Chía debido a que el contrato, desde el principio, estuvo repleto de problemas. Señaló, por ejemplo, que cuando la Policía se enteró de que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) le había caducado varios contratos de malla vial a Julio Gómez, en octubre de 2011 se procedió a quitarle el negocio y se entregó la cesión en febrero de 2012 a la firma Edgar Osvaldo Construcción. Dicha compañía presentó problemas de liquidez y hubo que volver a barajar el contrato.
Finalmente se le dio a la empresa Netfom Construcción, pero ya ha pasado casi un año y ni siquiera la cuarta parte del Centro de Rehabilitación de la Policía está construida. Lo paradójico del asunto es que el general Parada es hermano del concejal Orlando Parada, señalado por la Fiscalía den recibir millonarias comisiones del carrusel de Julio Gómez y compañía. De hecho, Emilio Tapia ha declarado que Orlando Parada llegó a presidir el Concejo de Bogotá en el año 2007 gracias a la gestión de un binomio de poder desconocido para los medios: el contratista Julio Gómez y el abogado Manuel Sánchez. Este último también negocia con la Fiscalía un marco de colaboración.
El general Parada, en diálogo con este diario, manifestó que lo primero que va a hacer la siguiente semana será liquidar por incumplimiento el contrato para la construcción del Centro de Rehabilitación en Chía. Consultado sobre cuánto dinero se le entregó a la firma de Julio Gómez en 2011, el alto oficial sostuvo que sólo se le dieron $493 millones del anticipo. Sin embargo, no tenía claro si a las dos empresas a las que les cayó el contrato después, también se les había girado dinero. En todo caso, según el contrato original en poder de El Espectador, la Policía se comprometía a dar un anticipo equivalente al 50% del valor total del negocio. ¿Se le dieron a Julio Gómez más de $2.800 millones?
“Llegué hace poco al cargo y encontré esto. Voy a liquidar el contrato porque han sido incumplidos y Netfom no tiene las pólizas al día”, sostuvo el general Parada. Dicho en cristiano, esto significa que el hermano de uno de los concejales vinculados con el carrusel se dispone a caducar un millonario contrato que originalmente se le otorgó a Julio Gómez, hoy testigo de la Fiscalía y ventilador de sus exsocios políticos y económicos. “Yo llevo 31 años en la Policía y lo único que he hecho es servir. Jamás he tenido cargos para hacer contratos de obras y nada tengo que ver con la actividad de mi hermano Orlando. Él en la política y yo en la Policía”.
El oficial Parada dijo que en el Fondo Rotatorio no hay más contratos de Julio Gómez. Ante versiones conocidas por El Espectador en el sentido de que su nombre ha salido a relucir en el expediente del carrusel, Parada resaltó tajante: “Nunca he influido en contrato alguno. Para 2011, cuando se firmó el contrato con Julio Gómez, oficiaba como jefe de control interno de la Policía. Después me trasladaron como comandante de la regional 7 que cubre los departamentos de Vichada, Guainía, Guaviare, Meta y Casanare. Amo a mi hermano Orlando, confío en su inocencia, pero siempre hemos tenido caminos distintos”.
Y añadió: “Ahora lo estamos acompañando, esperando que todo se aclare. Tiene nuestro apoyo incondicional. En este momento no ha sido condenado, aunque se hable de él en todas partes. Él es el menor de la casa. Somos cinco hermanos. Él y yo nos llevamos cuatro años. Orlando nos ha dicho que no va a aceptar los cargos de la Fiscalía. Me preocupa sí la salud de nuestra madre, que tiene 83 años. Por mi parte estoy tranquilo, porque en 31 años en la Policía he escalado sin necesidad de apoyarme políticamente en nadie. Estoy donde estoy por mi transparencia y esfuerzo. Estoy presto a que las autoridades revisen toda mi vida”.
De todas maneras, no hay duda de que el proceso en contra de su hermano sí puede enredarle la carrera al conocido oficial. Es que las evidencias y los testimonios que involucran a Orlando Parada no son de poca monta. El propio exconcejal Hipólito Moreno —quien ya reconoció su mano larga en el cartel y pidió perdón— ya ha aportado información que lo salpica en relación con tres contratos revelados por El Espectador hace dos semanas para el mantenimiento de la malla vial de Bogotá. Hipólito y otros dos testigos señalaron que por estos tres contratos, cuyo valor era de $115 mil millones, se repartió una comisión del 10%.
Según se dijo, los concejales Orlando Parada, Hipólito Moreno y Andrés Camacho Casado —a quien la Fiscalía también le imputará cargos— fueron los beneficiarios de estas ‘mordidas’. Contratos que terminaron por salpicar al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien según se desprende de las declaraciones conocidas por este diario, habría sido quien entregó la comisión. La firma ICM Ingenieros, en la que Cruz ha trabajado durante 18 años, con excepción de sus lapsos como funcionario, se ganó uno de los tres contratos cuestionados, adjudicados todos en el año 2009.
Mientras la Fiscalía continúa sus pesquisas, alista nuevas evidencias, se preparan nuevos ventiladores y los exsocios del carrusel parecen jugar al ‘sálvese quien pueda’, el general Parada vive su propio viacrucis por cuenta del escándalo que tiene a su hermano a las puertas de la cárcel. ¿Podrá probar su inocencia?
@nenarrazola
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