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31 Oct 2021 - 2:00 a. m.

El caso de la extranjera protegida por la Corte Constitucional

Una joven madre y sus dos pequeñas hijas llegaron a Colombia atraídas por un presunto puesto de trabajo. Ellas habían caído en una red de trata de personas, con fines de explotación sexual. Su tragedia apenas empezaba: amenazadas y fugadas, quedaron sin techo ni comida en una ciudad desconocida. La Corte Constitucional acaba de reconocer sus derechos y ordena su protección después del acompañamiento legal de Women’s Link Worldwide. Entrevista con la abogada senior de esta organización, Ana Margarita González.
Ana Margarita González - Abogada
Ana Margarita González - Abogada
Mauricio Alvarado
La abogada Ana Margarita González denuncia: “Yolanda y sus hijas se devolvieron a su país pero allá las amenazaron. De regreso a Colombia, las amenazas continuaron y ellas siguen enfrentando graves riesgos”.
La abogada Ana Margarita González denuncia: “Yolanda y sus hijas se devolvieron a su país pero allá las amenazaron. De regreso a Colombia, las amenazas continuaron y ellas siguen enfrentando graves riesgos”.
Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

¿Quién es “Yolanda” (nombre ficticio para protegerla), con quién llegó a Colombia, cuándo y cuáles eran sus razones para querer traspasar la frontera hacia un futuro desconocido, pero, ante todo, inseguro?

Yolanda es una mujer joven, de origen venezolano, que llegó a Colombia en febrero de 2019. Viajó junto con sus hijas pequeñas y su compañero. Fueron traídos por una mujer que le ofreció un trabajo en Colombia como vendedora. Ella les pagó el viaje. Yolanda cruzó la frontera en busca de mejores oportunidades, pues no tenía cómo sostener a su familia en su país.

¿Cómo pasó la frontera: legal o ilegalmente, y en dónde iba a hospedarse sin dinero ni nadie que los acogiera?

Ella y las menores pasaron la frontera de manera legal; su compañero tomó un paso irregular. La misma mujer que le hizo la supuesta oferta de trabajo le prometió que iba a darles alojamiento.

¿Qué les sucedió a Yolanda y a su familia cuando llegaron al lugar en donde irían a vivir y cómo terminaron en la calle sin dinero, techo ni comida, días después?

Al llegar al lugar en donde iban a vivir, le dijeron a Yolanda que no sería vendedora sino que ella y una de sus hijas tenían que trabajar en prostitución. Yolanda se negó enérgicamente, pero como no contaba con los medios para irse a otro sitio y se encontraba en una ciudad totalmente desconocida, permaneció allí unos días mientras decidía cómo resolver su situación. Durante ese tiempo, ella y la menor fueron víctimas de abusos sexuales del propietario de la casa, un colombiano que hacía parte de una red de trata de personas, la misma en la que estaba forzando a participar a Yolanda y a su hija. En cuanto se presentaron los abusos, ella logró huir con las menores y así fue como terminó en una plaza pública sin tener a dónde ir, dónde dormir ni qué comer. Y, lo peor, sin a quién acudir porque no conocía a nadie en la ciudad.

¿Qué hizo entonces?

Estuvo en el espacio público hasta cuando su compañero, que se encontraba en otro sitio, logró sacar sus pocas pertenencias de esa casa. Un buen señor que pasaba por la plaza les preguntó por su situación y contactó a Yolanda con su esposa, que trabaja en una organización cívica. Así la Defensoría del Pueblo conoció el caso, entidad por medio de la cual Women’s Link también se enteró de su historia, en junio de 2019.

¿Qué papel jugó la mujer que trajo con engaños a la víctima en la trampa que le pusieron a Yolanda y sus pequeñas? ¿También estaba siendo engañada o era parte de la red?

Yolanda no lo sabía y confió en ella porque la conocía de tiempo atrás. Es común que muchas víctimas de esas redes caigan en ellas mediante promesas falsas de conocidos, amigos, vecinos o familiares. Parece que buscan contar con la confianza de las víctimas para que no sospechen del engaño en que van a caer.

¿Es cierto que, en vista de que antes de encontrar quién la apoyara y debido a su extrema condición de pobreza, Yolanda tuvo que volver a territorio de su país, que allá fue amenazada por personas de la red delictiva y que, cuando le tocó regresar a la misma ciudad colombiana de la que había partido, volvió a recibir amenazas?

Así es. Ante la falta de protección de las autoridades en Colombia, Yolanda y su familia se devolvieron a su país. Tanto ella como sus familiares y la persona que les dio hospedaje allá, pues no pudieron llegar a su vivienda por miedo, fueron amenazados. De regreso a Colombia, las amenazas continuaron y Yolanda y sus hijas siguen enfrentando graves riesgos.

¿Quiénes las amenazan? ¿Los mismos que intentaron reclutarla a ella y a una de sus hijas?

Es muy probable. Se ha podido detectar que quienes consiguen y engañan a las víctimas en otros países suelen estar conectados con los que actúan en Colombia.

¿Qué ha sucedido con las personas que se podrían identificar de esa red? ¿Están siendo investigadas?

No. La Fiscalía no ha iniciado ninguna investigación por trata de personas, pese a conocer los hechos.

¿Por qué Yolanda no recibió ninguna atención de la Fiscalía cuando denunció lo que le estaba sucediendo cuando ya estaba recibiendo apoyo de algunas organizaciones?

Cuando interpuso la denuncia penal por lo que le había sucedido, la Fiscalía abrió investigación por el delito de inducción a la prostitución, aunque de los hechos se puede inferir que era el de trata de personas con fines de explotación sexual. A pesar de que la categorización de Yolanda como víctima de este delito no debería depender de la Fiscalía ni de la existencia de una investigación penal, la falla de esa entidad produjo consecuencias negativas para ella: se le impidió recibir la asistencia a la que, por la ley, tenía derecho desde el primer momento. El desconocimiento y la falta de formación de los funcionarios de la Fiscalía en cuanto a este gravísimo ilícito produce como resultado que las víctimas, con mucha frecuencia, no reciban la protección urgente que necesitan.

¿De cuáles autoridades depende hoy la identificación de una red criminal como la de trata de personas?

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Cualquier autoridad que tenga conocimiento de un caso como este puede hacerlo: Policía, Migración, autoridades de salud, etc. Pero desde el punto de vista de la tipificación del delito y de su investigación, la responsabilidad es, obviamente, de la Fiscalía. Lo que sucedió con Yolanda que terminó afectándola fue que esa entidad no calificó el delito adecuado y, a pesar de que no debería suceder, esto terminó anulando el apoyo que Yolanda debería haber recibido, hace dos años, como víctima que era y es.

¿Cuál es el tratamiento que el Estado debe brindar a las víctimas de trata de personas?

Ellas tienen derecho a un programa de asistencia con medidas de protección que incluyen, además de seguridad, alojamiento, alimentación, acceso a servicios de salud física y psicológica, y a asesoría legal. Y hacia adelante, capacitación para conseguir empleo y para que adquieran estabilidad. En otras palabras, para que recuperen su proyecto de vida.

¿Cómo se caracteriza el delito de trata de personas que se cometió o intentó cometer contra la joven madre y sus niñas?

La trata de personas, que no solo es un delito sino que conlleva una grave vulneración de derechos humanos, se caracteriza porque se ejecuta mediante engaños, amenazas o coacción a una persona (la víctima) que es trasladada de un lugar a otro para explotarla, con diferentes fines, en el sitio al que llega. Eso fue lo que le ocurrió a Yolanda; en su caso, con fines de explotación sexual. Pero en Colombia, si una víctima de trata de personas no es identificada como tal por las autoridades y por este motivo no se le brinda la asistencia que el Estado está obligado a ofrecerle, queda a merced de la red criminal: sin vivienda, acceso a servicios de salud, empleo ni apoyo, pues ha sido extraída de su contexto vivencial, como sucedió específicamente en este caso.

¿Cuáles otras entidades oficiales locales y nacionales les negaron atención y seguridad a Yolanda y su familia?

Principalmente, el Comité de Lucha contra la Trata de Personas de la Alcaldía de la ciudad a la que llegó Yolanda y en la que iban a convertirla en víctima, porque no actuó de manera diligente y dejó el caso en manos de la Fiscalía. Cuando esta tipificó el delito como inducción a la prostitución, el Comité negó la activación del programa de asistencia adecuado. Por su parte, el Comité Departamental de Lucha contra la Trata tampoco dio respuesta, pese a que le fue remitido el caso a través del Centro Operativo Antitrata del Ministerio del Interior.

¿Acudieron, en ese momento, a una autoridad del orden nacional por ayuda? ¿Cuál fue la respuesta?

La Defensoría del Pueblo envió la comunicación que le refiero, al Ministerio del Interior. Y lo que hicieron los funcionarios del centro operativo que tiene esa dependencia del Gobierno Nacional fue reenviarles el caso a los comités local y departamental.

¿Cuándo intervino Women’s Link Worldwide para apoyarla?

Debido a que nadie le brindó asistencia, junto con unos colegas de la Defensoría del Pueblo elaboramos una acción de tutela que Yolanda presentó a su nombre. En esa primera instancia hubo un fallo negativo para ella. Impugnamos esa decisión ante el Tribunal Superior. Women’s Link empezó a representarla, formalmente, en octubre de ese mismo año (2019) cuando el Tribunal, pese a que revocó el fallo del juzgado, no ordenó la protección de ella ni de su familia. Decidimos solicitar la revisión del sentido de esas dos decisiones por parte de la Corte Constitucional, que concluyó con una sentencia totalmente favorable a Yolanda: ordena protegerla a ella y a su familia y respetarles sus derechos.

¿Cuánto tiempo transcurrió hasta el momento en que, ya con el apoyo legal de Women’s Link, ella interpuso la tutela y cuáles derechos alegó que se le estaban violando?

Desde cuando Yolanda llegó a Colombia hasta cuando presentó la primera tutela transcurrieron cuatro meses en los que unas organizaciones de tipo social la apoyaron, parcialmente. Tanto en la tutela como en los recursos legales posteriores, incluida la revisión de esa acción, afirmamos que se le estaban vulnerando sus derechos al acceso a la justicia, la integridad personal y la protección, debido a la actuación de la Fiscalía; y a la dignidad humana, al mínimo vital y la salud, por la negativa del Comité Municipal de Lucha contra la Trata a brindarle las medidas a las que podía acceder como víctima de ese delito.

¿En sus respuestas a la Corte Constitucional, esas entidades reconocieron sus omisiones y discriminación ante una migrante y su familia desvalidas o se atrincheraron en su negativa y las revictimizaron?

Ninguna de las entidades públicas que supo del caso de Yolanda ha reconocido sus omisiones. De hecho, continúan incumpliendo las medidas de protección provisional que ordenó la Corte Constitucional para ella, en agosto de 2020, antes de emitir su reciente fallo definitivo. Las autoridades encargadas de velar por los derechos de las víctimas de trata de personas fallan, porque no saben cómo identificarlas y, en consecuencia, no les brindan la protección que necesitan. En el caso que nos ocupa, el Comité Municipal se escudó en que la Fiscalía había tipificado el delito como de inducción a la prostitución; el Comité Departamental dijo que no era competente y el Ministerio del Interior, que está a cargo de la coordinación de la política antitrata de personas en Colombia, solicitó ser desvinculado del proceso judicial.

¿También faltaron a sus deberes el juzgado de tutela y el tribunal de segunda instancia por no fallar en justicia?

Aunque el fallo del juzgado fue desfavorable y el del tribunal amparó los derechos de Yolanda, ambos condicionaron su protección efectiva a las actuaciones derivadas de la investigación penal, lo que es contrario a precedentes constitucionales que señalan que en la atención a víctimas de trata debe prevalecer un enfoque de derechos humanos sobre el penal. La reciente decisión de la Corte Constitucional es una oportunidad para que el poder Judicial y, en general, todas las autoridades logren tener una mejor comprensión de este delito, que implica una vulneración grave de derechos, motivo por el cual sus víctimas deben contar con atención inmediata.

¿Qué conceptuó la Corte Constitucional sobre Yolanda, sus derechos y los de sus niñas?

La decisión de la Corte protege no solo a Yolanda y a su familia, sino que también ordena medidas para mejorar el sistema de atención para todas las víctimas de trata de personas en Colombia, particularmente, cuando son mujeres adultas y niñas migrantes. Por ejemplo, ordenó que sean protegidas desde el momento en que las autoridades conozcan su situación, con independencia de si existe una investigación penal o de que los traficantes hayan sido denunciados. También ordenó al Ministerio del Interior la creación de protocolos de identificación de las víctimas y capacitaciones a funcionarios de diferentes entidades públicas para que haya coordinación real entre quienes atienden estas situaciones. Cuando una víctima de trata se queda sin identificar su situación de vulnerabilidad se agrava, como se evidencia con lo que le pasó a Yolanda. Por eso, el fallo de la Corte Constitucional es tan importante: establece medidas estructurales para mejorar la protección de todas las personas que caen en esas redes. Por su parte, las autoridades están obligadas a prestarles asistencia, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos y las propias leyes nacionales.

En concreto, ¿cuáles de los derechos de Yolanda fueron amparados, finalmente, por la Corte y a cuáles entidades del orden nacional y local les ordenó protegerla?

Amparó sus derechos a la integridad personal, la seguridad, al mínimo vital, la salud y la dignidad humana; e hizo énfasis en que la identificación de las víctimas de este delito debe tener enfoque de derechos humanos y, además, ordenó a Migración Colombia mantener vigentes los documentos provisionales que tienen Yolanda y sus familiares mientras se resuelve su solicitud de asilo.

¿Cuáles fueron las razones para que la Corte hubiera considerado la situación de Yolanda como de relevancia constitucional, siendo ella extranjera y teniendo una situación migratoria aún indefinida?

En un contexto de migración masiva como el que existe en la región, muchas mujeres y niñas salen a diferentes países y se exponen a ser captadas por redes de trata. La Corte entendió la situación de vulnerabilidad que, en este contexto, enfrentan las migrantes expuestas a múltiples violencias de género y por eso tomó esta decisión, que es un precedente no solo para el país sino también para otros Estados. Esta es la primera sentencia en el subcontinente que ordena la protección de una mujer migrante, víctima de trata de personas.

“Sin importar nacionalidad o estatus migratorio, las personas tienen derechos”

La xenofobia es un fenómeno presente en Colombia ¿Esta sentencia (que protege a una migrante de Venezuela) contradice el sentimiento de odio que se dice que los nacionales les tienen a los extranjeros o es, más bien, una lección que se les da a los xenófobos y a las propias entidades estatales?

Es un mensaje para la sociedad y para las autoridades en el sentido de que, independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio, las personas tienen derechos y deben respetarse.

¿Por qué este fallo de la Corte Constitucional es trascendental para los migrantes, en particular para las mujeres y niñas víctimas?

Porque va a contribuir a mejorar el sistema de identificación, asistencia y protección a víctimas del delito de trata de personas, sean estas extranjeras o nacionales. Los problemas a los que se enfrentó Yolanda para acceder a su protección no son aislados sino que los están enfrentando muchas más mujeres en Colombia y en la región latinoamericana. Es necesario que todos estos países aborden la lucha contra la trata de manera estructural e integral. Las autoridades administrativas y judiciales del continente cuentan, a partir de ahora, con un importante referente jurídico.

“La trata de mujeres y niñas migrantes es un problema grave y extendido”

La trata de personas, ¿es un delito muy extendido, común e impune en las fronteras por donde migran cientos de mujeres, niñas y niños? ¿En esas zonas proliferan las bandas dedicadas a la explotación sexual de los menores y las mujeres y nadie las detiene?

Por nuestra experiencia, de años, trabajando el tema, y de acuerdo con las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo e informes de organizaciones sociales, sabemos que la trata de mujeres y niñas, en el contexto de migración masiva que existe hoy, es un problema grave y extendido. Hay subregistro de este fenómeno debido a la mala calidad de las cifras oficiales. Lo cierto es que las migrantes venezolanas se encuentran en grave riesgo de ser víctimas de trata de personas.

¿Ustedes tienen cifras, estadísticas o algún tipo de indicativo que pueda dar la dimensión del fenómeno?

No existen cifras confiables. Con este fenómeno sucede que el Estado no hace la debida identificación de los casos y las víctimas no denuncian por diferentes razones, entre otras, porque no se autoidentifican como tales o por temor. Existe el sistema de alertas de la Defensoría y algunas investigaciones de organismos sociales que describen lo que sucede pero no conocemos la realidad en toda su dimensión.

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